El Gobierno pretende retirar 80 de los 300 recursos contra leyes autonómicas

El Ministerio de Administraciones Públicas presentó en el Consejo de Ministros del pasado viernes un informe en el que recomienda a todos los departamentos la retirada de unos 80 de los 298 litigios que mantienen vivos el Gobierno central y las comunidades autónomas en el Tribunal Constitucional. Las comunidades más afectadas por los litigios son Cataluña, Andalucía y Aragón.

El proceso de retirada de los 80 recursos, pendiente ahora de los ministerios y las comunidades autónomas, se producirá en tres fases: por desestimiento, al considerar que no hay motivo para mantenerlo, y que culminará para el verano; por la vía de la negociación entre el ministerio y la comunidad afectada, que terminará a finales de año, y por modificaciones normativas o interpretaciones de la norma.

Se propone desistir del recurso contra el complemento a las pensiones de Cataluña y Baleares

El Ejecutivo mantiene el litigio contra la subida de sueldos por encima del límite estatal fijado

La Administración central acepta que los parques nacionales sean de gestión exclusiva autonómica

El Gobierno socialista pretende con esta medida un doble objetivo: un gesto de normalización hacia las autonomías y desatascar el Tribunal Constitucional. Los litigios más importantes que el Gobierno pretende resolver son los que siguen:

- Complemento de pensiones. El informe recomienda que el Estado desista de los conflictos interpuestos contra las normas de Cataluña y Baleares, que reconocen ayudas complementarias a las pensiones no contributivas, así como del interpuesto contra la ley de Navarra que complementaba las pensiones de viudedad. Alega que el Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia del 2002, referente a Andalucía, la legitimidad de dichos complementos.

- Sueldo de los funcionarios. En este caso, el informe cree fundada la posición del Estado, contraria a las normas autonómicas que promueven aumentos retributivos por encima del fijado en las leyes de presupuestos generales del Estado. El informe alega que el Tribunal Constitucional ha señalado que el Estado puede fijar límites, por razones de política económica, al aumento de la masa salarial de los empleados públicos y, con base en esa competencia, recurre las leyes autonómicas cuyas previsiones retributivas sobrepasen el límite fijado por la ley estatal.

- Potestad tributaria. El informe recomienda al Ministerio de Economía el eventual desestimiento de nueves recursos sobre los límites de la potestad tributaria que afectan a impuestos sobre actividades que inciden en el medio ambiente; en grandes establecimientos comerciales; en suelo sin edificar; en depósitos de entidades de crédito y establecimiento de deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta.

- Paridad en las listas electorales. El informe del Ministerio de Administraciones Públicas propone que, antes de retirar el recurso interpuesto contra las leyes de Castilla-La Mancha y Baleares que defendían la paridad hombre-mujer en las listas electorales, se modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

- Normas financieras andaluzas. El informe recomienda al Estado desistir de los recursos contra las normas andaluzas ya que estima que su posición no es muy sólida. Añade que habría que reconocer la competencia de la Junta de Andalucía sobre Cajasur siendo necesario, para ello, derogar la LORCA sobre las cajas fundadas por la Iglesia católica.

- Horarios comerciales. El informe propone que la solución a la docena de recursos planteados en materia de horarios comerciales contra leyes de las comunidades de Navarra, Baleares y Extremadura dependerá fundamentalmente de la nueva ordenación que se establezca y que debería ser consensuada entre el Estado y las comunidades autónomas.

- Parques nacionales. El informe propone al Estado que dé la razón en 16 conflictos interpuestos por las comunidades autónomas para cederles en exclusiva la gestión de los parques naturales.