De la Torre comienza hoy a expulsar a la oposición de las empresas municipales
IU denuncia que pretende ocultar el uso del 35% del presupuesto
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, comienza hoy su anunciado plan para expulsar a la oposición de las empresas municipales. El pleno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar hoy con la mayoría absoluta del PP la expulsión de los tres consejeros de la oposición de la empresa municipal de aparcamientos. De la Torre se escuda en la ley de grandes ciudades, que no menciona el tema. La oposición denuncia que se trata de ocultar la gestión del 35% del presupuesto del Ayuntamiento.
De la Torre aseguró la semana pasada que la ley de modernización del gobierno local, conocida como ley de grandes ciudades pretende equiparar la gestión de los ayuntamientos con la de las comunidades autónomas. Según la interpretación de De la Torre, esto supone que si en las empresas públicas autonómicas no hay representación de los grupos de la oposición, tampoco debe haberla en las empresas municipales.
La ley, aprobada en diciembre de 2003, da más competencias al alcalde y a su equipo de Gobierno y pretende que el pleno sea un órgano de control más que de ejecución, de forma similar a las funciones que tienen el Gobierno y el Congreso. Sin embargo, no hay en el texto una afirmación como la que hace De la Torre.
La ley afirma que "las entidades públicas empresariales tendrán un consejo de administración cuya composición se determinará en los estatutos". No determina cuál debe ser la la composición del consejo de administración.
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Rodríguez, afirma que la interpretación es "un invento del alcalde". "No hay nada en la ley de la que se pueda desprender que hay que expulsar ala oposición de las empresas públicas", añadió. En el mismo sentido se manifestó el grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga.
De la Torre comienza hoy la expulsión por la empresa mixta de aparcamientos, Smassa. El alcalde se escuda en un conflicto ocurrido en el último consejo de administración de Smassa, al que no asistieron los dos consejeros socialistas, ni el único de IU, que delegó su voto en aquellos.
En aquel consejo, la parte privada de la sociedad, con el 49% de las acciones, consiguió ante la falta de los consejeros de la oposición sacar adelante una propuesta para que el aparcamiento público que se construye en la barriada de El Palo sea vendido a residentes y no disponga de plazas de rotación. De la Torre criticó duramente a los consejeros socialistas por haber dejado en minoría al consistorio.
Rodríguez respondió ayer de la misma manera: "El alcalde tiene un problema con la parte privada de la empresa y lo resuelve expulsando a la oposición cuando lo que tiene que hacer es recuperar el capital privado de Smassa". IU denuncia que la falta de los consejeros a un consejo de administración no es motivo para expulsar a la oposición de las empresas públicas. Los consejeros socialistas alegaron que se les impidió la entrada a la reunión.
El Ayuntamiento de Málaga participa en una decena de empresas, entre las que figuran la Empresa Municipal de Aguas, la Empresa municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, la Empresa Municipal de Limpiezas del Parque del Oeste y la Empresa Malagueña de Transportes, entre otras. Según IU, estas sociedades gestionan 230 millones de euros al año, lo que supone un 35% del presupuesto municipal.
La portavoz socialista en el ayuntamiento y presidenta provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, sostiene que el PP pretende sacarlos "de las empresas para así poder hacer las cosas a su antojo, sin transparencia y sin control político". Rodríguez afirma que la actitud de De la Torre supone "un atentado contra la democracia". Y añade: "El alcalde no quiere testigos de cómo hace las cosas ni de sus problemas en las empresas municipales con los socios privados que él ha elegido".
El portavoz de IU destacó que los grandes proyectos del Ayuntamiento de Málaga, como el Palacio de Ferias o la remodelación del estadio de La Rosaleda, han estado gestionados por alguna de estas empresas, "que no están bajo control del pleno". "Es una vuelta de tuerca inexplicable", concluyó.
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