El fiscal del Tribunal de Cuentas investigará las irregularidades de la Zona Franca de Cádiz

El fiscal para el Tribunal de Cuentas inició ayer el trámite de oficio para la apertura de una "investigación preliminar" para depurar posibles responsabilidades por supuestos delitos contables en la gestión de la Zona Franca de Cádiz entre 1997 y 2000. La solicitud de investigación está dirigida contra el Consorcio Zona Franca de Cádiz, presidido por la alcaldesa de Cádiz y vicepresidenta del PP andaluz, Teófila Martínez. La fiscalía actúa después de que una auditoria del propio Tribunal de Cuentas detectase irregularidades contables en la gestión del ex delegado especial de Estado, Manuel Rodríguez de Castro.

Según el informe del Tribunal de cuentas, Rodríguez de Castro empleó su cargo para realizar gastos personales sin justificar por valor de 600.000 euros de fondos públicos. El ex delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, hombre de confianza de Teófila Martínez, gastó, según el citado informe de auditoría, fondos del Estado en comidas, viajes, alquiler de vehículos de lujo y servicios que no fueron justificados ni devueltos a las arcas del organismo, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.

La denuncia del caso provocó una durísima reacción del Partido Popular que acusó a los medios informativos y políticos que destaparon el caso en 2001 de mantener una campaña de "persecución" contra Teófila Martínez y de actuar como "ratas de cloaca". Sin embargo, el PP no quiso ayer valorar la apertura de la investigación del fiscal. El coordinador provincial Jorge Ramos se limitó a asegurar que desconocía el asunto porque se encontraba "fuera del país".

La investigación se produce después de que el PSOE pidiera públicamente la intervención de la fiscalía para depurar posibles responsabilidades penales por el "escandaloso despilfarro a manos llenas" demostrado "por los gestores del PP", según señaló el diputado por Cádiz Rafael Román.

En un comunicado de prensa, el PSOE atribuyó ayer la "máxima responsabilidad política" por el caso a Teófila Martínez. El parlamentario socialista José Luis Blanco recordó que "fue ella la que eligió para el cargo a Rodríguez de Castro, que venía ejerciendo hasta ese momento como su asesor personal".

Blanco acusó además a la dirigente del PP de "retrasar" la tramitación del informe del Tribunal de Cuentas en el Congreso, ya que el documento fue entregado en diciembre de 2003, pero "el PP paralizó su tramitación parlamentaria para que no se divulgara hasta después de las elecciones de marzo de 2004."

El parlamentario del PSOE aseguró además que "todo parece indicar que, hasta que no se ha sustituido al Fiscal General del Estado, no se ha intervenido con la diligencia que era necesaria".

Otras denuncias

Por ultimo, Blanco pidió la ampliación de la investigación sobre la gestión de Zona Franca para analizar también la gestión de sus actuales responsables. El parlamentario recordó que "se han conocido otras denuncias en las que se imputan graves delitos que afectan a la Zona Franca y a algunas empresas participadas" durante el mandato del sucesor de Rodríguez de Castro, el delegado del Estado, Miguel Osuna, que ayer fue cesado en el cargo por el Consejo de Ministro, como resultado del cambio de Gobierno. Osuna eludió pronunciarse sobre la apertura de la investigación anunciada por la fiscalía.

Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida y parlamentario andaluz por Cádiz Ignacio García aseguró ayer que la actuación demuestra "la gravedad de los hechos detectados en Zona Franca". El representante de IU manifestó que la investigación judicial debe ser "lo más amplia posible en el espacio, por las operaciones extrañas de carácter inmobiliario emprendidas por la Zona Franca, y en el tiempo, ya que con posterioridad a Rodríguez de Castro se han tapado muchos asuntos". García concluyó que el nexo de unión entre Castro y Osuna "ha sido Teófila Martínez".

Por su parte, el secretario provincial del Partido Andalucista, Alfonso Andrade, se felicitó ayer por la apertura de la investigación del fiscal ante las "evidencias que se conocen" y pidió, al igual que el PSOE, que el Tribunal de Cuentas analice también la gestión de la última etapa del recinto franco y sus "empresas satélites", en referencia a la firma de manufactura de alimentación Quality Food, participada mayoritariamente por el Consorcio, donde "se han contratado a militantes del PP", según dijo. Andrade abogó por una reestructuración de los órganos de control interno que permitan el acceso de otras instituciones públicas a la información de la gestión del recinto fiscal.