Los delitos bajan en Andalucía por primera vez desde 2000

La tendencia se rompió el año pasado. Tras cinco años de ascenso casi continuo de la delincuencia en Andalucía, 2003 registró un descenso en el número de delitos y faltas, según el Observatorio de la Delincuencia en Andalucía presentado ayer en Málaga por el Instituto de Criminología de Andalucía.

Los autores del estudio, realizado con datos oficiales, advierten que han bajado los robos en casas y coches aunque siguen aumentando los delitos contra las personas. Pese al descenso, la opinión pública percibe que la criminalidad ha aumentado. Siempre hay un retraso en la percepción popular sobre la variación de la tendencia y critican la dificultad para conseguir estadísticas del Ministerio del Interior.

"En 2000 subió de forma espectacular el número de delitos de los que la policía tuvo noticia", explica Elisa García, directora del estudio. Ese año, el número de delitos y faltas cometidos aumentó en 25.110. García matiza que en ese aumento hubo dos factores. Por un lado, un aumento cierto de la criminalidad y por otro el programa Policía 2000, con el que el Ministerio del Interior comenzó a prestar más atención a los pequeños delitos, que son los que tienen más repercusión en la opinión pública.Los delitos continuaron subiendo hasta 2003. "En los datos de 2003 se observa que baja por primera vez el número de delitos en Andalucía y en España, aunque es algo que se intuía por los datos de 2002, en los que el aumento era menor, especialmente en Andalucía", señala García.

La responsable del estudio afirma que de los datos no se puede extraer que exista un mejor trabajo policial: "En la delincuencia hay muchos factores, desde la política social y la económica hasta la sensibilidad social. No sólo depende de la eficacia policial". García asegura que es imposible predecir si el descenso continuará en 2004.

García explica que el descenso no es homogéneo según el tipo de delito. "Han bajado los robos contra el patrimonio, que son los robos con intimidación, las estafas o la sustracción de vehículos". La tasa de delitos contra el patrimonio bajó en 2003 de 2,2 por cada 1.000 habitantes a 1,95.

La tasa de delitos contra las personas (homicidio, asesinato, violación...) aumentó de 0,04 casos por cada 1.000 habitantes al año hasta 0,06. En número, esto supone un ascenso de unos 1.000 casos al año, según el estudio.

Las provincias en las que se cometen más delitos son, por este orden, Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada. Al relacionar el número de delitos con la población, surge la sorpresa de que Huelva ha sido la provincia con más delitos por cada 1.000 habitantes en 2002 y 2003. Después de Huelva, aparecen Sevilla, Málaga y Almería. La provincia de Almería es, además, la que más asesinatos registra por cada 1.000 habitantes y la tasa es superior a la media española.

García niega que la delincuencia en Huelva y Almería pueda ser atribuida directamente a la inmigración. "Sería una respuesta muy fácil. No digo que no sea posible, pero hay que mirar otras cosas. Málaga y Cádiz tienen muchos inmigrantes y la delincuencia está en la media". Almería es la provincia con más delitos contra la libertad sexual por cada 1.000 habitantes. Las provincias con menos delitos son Córdoba y Jaén.

Desfase con la ciudadanía

El estudio compara la evolución de la delincuencia con la percepción ciudadana sobre ésta. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, la sensación de "inseguridad ciudadana" crece de forma constante entre la población desde 2000 y siguió creciendo en 2003.

García afirma que siempre existe un desfase entre lo que ocurre en realidad y la percepción ciudadana del fenómeno de la delincuencia. Por eso, añadió, "a la hora de hacer política sobre la delincuencia no es bueno fijarse en la opinión pública". Y añade: "Un Gobierno puede tener la tentación de rebajar la lucha contra la inseguridad porque no exista una percepción de riesgo entre la gente. Pero eso no significa que esté bajando la delincuencia. La opinión pública no es un buen barómetro para hacer política policial".