El Gobierno propone la doble vuelta en la elección de alcaldes

La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, se comprometió ayer en la Comisión Constitucional del Congreso a reformar la Constitución en cuatro aspectos tasados, así como la Ley Orgánica del Régimen Electoral dentro de un paquete de 14 compromisos a cumplir por el Ejecutivo en esta legislatura. Tanto el PP como IU y los partidos nacionalistas mostraron su disposición a negociar las reformas.

En su primera comparecencia parlamentaria de la legislatura, la vicepresidenta primera se ajustó a los compromisos electorales del PSOE. De ellos, destacó la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, referida a tres aspectos concretos, y para la que se comprometió a sacarla con el acuerdo entre todos los partidos, pues "no se trata de abrir de arriba a abajo la ley electoral", pese a que IU reclama una revisión más a fondo.

El primer objetivo de la reforma de la Ley Electoral, señaló la vicepresidenta, es la institucionalización de los debates electorales de los candidatos en los medios de comunicación de titularidad pública, pues "permitirá a los ciudadanos tener mejor conocimiento de las propuestas electorales" y "se contribuirá, además, a la reducción de gastos electorales".

Adelantó, asimismo, la pretensión de "aplicar el principio de paridad entre hombre y mujer en la formación de las candidaturas electorales" para todos los comicios y "elegir directamente a los alcaldes mediante un sistema de doble vuelta para convertir a los municipios en administraciones de proximidad". Por este sistema de elección resulta elegido alcalde el candidato del partido que, no habiendo obtenido mayoría absoluta en primera vuelta, consigue la mayoría relativa en la segunda, en la que sólo concurren los situados en las dos primeras posiciones en primera vuelta.

Tanto el PP como IU y los partidos nacionalistas se mostraron dispuestos a negociar la reforma, si bien los populares muestran reticencias a imponer la paridad por ley mientras Gaspar Llamazares pretende que se ajuste más el reparto de escaños al porcentaje de voto para que IU no salga tan perjudicada.

La misma voluntad de negociación expresaron los portavoces de los partidos ante la propuesta de la vicepresidenta primera de reformar la Constitución sobre los cuatro puntos que el PSOE recogió en su programa electoral: supresión de la diferencia de sexo en la sucesión de la Corona; inclusión de los nombres de las comunidades autónomas en la Constitución; inclusión de una cláusula de reconocimiento de la Constitución europea y reforma del Senado como Cámara de representación territorial.

Fernández de la Vega aclaró que esta reforma está limitada a esos cuatro aspectos, que no implica, por tanto, "abrir un período constituyente" y que se hará por amplio consenso. Fue la respuesta al portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Federico Trillo, que se mostró abierto a negociar la reforma, pero con condiciones. "Estamos abiertos a sus propuestas, incluidas las reformas constitucionales, siempre que sepamos de dónde se parte, a dónde vamos y se abra un diálogo institucional y leal", señaló el portavoz del PP.

Trillo también propuso abordar, en primer lugar, la reforma constitucional y tras ella, las reformas de los estatutos de las comunidades autónomas, de manera simultánea, y, finalmente, la reforma de la financiación autonómica.

Este calendario no fue aceptado por la vicepresidenta primera que aclaró que "la iniciativa de la reforma de los estatutos de autonomía debe partir de las comunidades autónomas". No obstante, insistió a Trillo que, al ser una "reforma tasada" no afectará para nada al "núcleo duro" de la Constitución, a su título preliminar, referente a la soberanía y unidad de España.

El portavoz del PP también exigió a la vicepresidenta que la reforma "no sea asimétrica y no vulnere la igualdad de derechos de los españoles". Por su parte, los representantes de los partidos nacionalistas -Jordi Xucla, de CiU; Joan Tardá, de ERC, y Aitor Esteban, del PNV- insistieron en sus intervenciones en que la reforma constitucional debía servir para avanzar en el "carácter plurinacional y asimétrico" del Estado español.

Al portavoz del PP y a los nacionalistas, Fernández de la Vega respondió que la reforma garantizará la igualdad de derechos de todos los españoles y la combinará con el reconocimiento de los hechos diferenciales de los distintos territorios.