La lucha por el control accionarial retrasa el reinicio de las obras del hospital oncológico

Las obras del hospital oncológico de Villaviciosa de Odón están paralizadas desde hace más de dos años por la lucha que se ha desatado por el control de la empresa promotora del proyecto, Centro de Investigación y Tratamiento Oncológico, SA (CITO). Su presidente, Javier Santos, se niega a ceder su puesto al constructor Enrique Ventero, máximo accionista al adquirir las acciones de Santos como pago por un préstamo que, según Ventero, éste le hizo antes de acometer las obras, en junio de 2000. "Quiero terminar las obras, pero cuando me siente en la presidencia de CITO", dijo.

La paralización de las obras del hospital oncológico - el que iba a ser el más importante de Europa y que tenía que estar acabado en 2001- es resultado de la lucha por el poder accionarial en CITO y la falta de recursos de la empresa promotora. Los terrenos sobre los que se iba a levantar este centro sanitario y un hotel anexo -12 hectáreas- fueron vendidos por el Ayuntamiento de Villaviciosa, gobernado por el PP, a CITO por la simbólica cifra de 86 millones de pesetas.

Hace tres años, el Banco Popular Hipotecario retiró el crédito de 27 millones de euros que le había concedido a la empresa para que comenzase las obras en junio de 2000. CITO, en consecuencia, hipotecó el terreno sobre el que se iba a construir el hospital. Pero como el capital social de CITO no era suficiente para garantizar la cantidad pedida al banco, buscó una avalista: el constructor Enrique Ventero. Éste tiene intereses inmobiliarios en Madrid, Marbella y es accionista del Atlético de Madrid.

Ventero asegura que, además, prestó 3,6 millones de euros a CITO para que pudiese comenzar de inmediato las obras. La empresa, con este dinero, amplió capital para su proyecto, en el que participaron multinacionales como Siemens y Dresdner Bank, además de varios médicos oncólogos a título individual.

El coste total del centro, sumando el pretendido hospital y el hotel de 250 habitaciones que se añadió al proyecto un año después, alcanzó los 48 millones de euros. Pero el Banco Popular Hipotecario retiró la línea de crédito porque comenzaron las desavenencias con los promotores. Al acabarse la financiación, las obras se pararon en seco, según Ventero, así como varias fuentes relacionadas con el proyecto.

En ese momento, a principios de 2002, algunos socios y acreedores de CITO comenzaron a temer por sus inversiones y solicitaron como garantía varias anotaciones preventivas de embargo de los terrenos, propiedad de CITO, y sobre los que se estaba construyendo el centro sanitario, según consta en un certificado del Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón de 20 de marzo de 2003.

Las deudas, como consta en el Registro de la Propiedad, alcanzaban, por ejemplo, 117.197,36 euros reclamados por la empresa Sotohenar, SL (antiguo accionista de CITO) y 79.471,48 euros reclamados por Deutsche Bank, además de varias reclamaciones de inversores a título personal.

Ventero, por su parte, recuerda que reclamó el préstamo de 3,6 millones de euros efectuado a CITO. Santos le ofreció como garantía el 100% de las acciones de la empresa Correspondencia y Clasificación, SL, empresa propietaria del 70% de las acciones de CITO. Sin embargo, Ventero asegura que no consiguió el control de CITO porque Santos nunca le entregó las acciones prometidas y, por tanto, la presidencia de la empresa. "Santos se negó, a principios de 2003, a convocar la junta de accionistas de CITO para traspasarme los poderes y entregarme las acciones", recuerda.

Cláusula de reversión

Pero Santos no sólo estaba en conversaciones con Ventero. Según la citada certificación del Registro de la Propiedad, la empresa de Santos vendió el 18 de febrero de 2003 uno de los terrenos sobre el que se iba a levantar el hotel anexo al hospital (73.885 metros cuadrados) a la empresa Wani Convits, radicada en Barcelona. Sin embargo, esta venta era muy arriesgada, porque cuando el Ayuntamiento cedió a CITO los terrenos incluyó una cláusula que permitía al Consistorio recuperar los terrenos si no se construía el hospital.

El objeto social de Wani Convits es la restauración, y sus accionistas son Enrique Enrech Artal -socio de Santos en Correspondencia y Clasificación- y Vanessa Enrech Intente.

Según la escritura de la compraventa, la operación se realizó por 5,1 millones de euros, a pesar de que el Ayuntamiento villaodocense se lo vendió a CITO por 310.840 euros. Según la escritura de venta, el pago a CITO por parte de Wani Convits incluía la cesión de un pagaré de 377.465 euros, una deuda que Javier Santos debió contraer en algún momento con la empresa de su socio y que pretendía pagar con la operación.

Sin embargo, Enrique Ventero descubrió la compraventa y la denunció en los tribunales, lo que provocó la anulación voluntaria de la operación por parte de Santos y Enrech Artal. Santos, por su parte, rechazó ayer ofrecer su versión sobre estos hechos.

El conflicto por el control de la empresa llegó así a los tribunales, que embargaron en marzo del año pasado las acciones de Santos y salieron a subasta notarial a finales de abril de 2003, como consta en el Boletín Oficial del Estado del 22 de marzo de 2003. Por su parte, Ventero afirmó ayer que su objetivo es terminar la construcción del hospital, pero añade que, para poder hacerlo, primero tendría que controlar CITO. "Algo que, de momento, está en manos de los jueces", concluyó.