Guipúzcoa insta a Fomento a retirar la ampliación de su aeropuerto

Las Juntas Generales de Guipúzcoa acordaron ayer instar a la nueva titular del Ministerio de Fomento, Magdalena Álvarez, a que retire el Plan Director del aeropuerto de Hondarribia, que prevé ampliar en 200 metros la longitud de la pista de vuelos. El acuerdo prosperó con los votos favorables del PNV, EA e IU y la abstención socialista. El PP votó en contra.

Con la llegada de los socialistas al Gobierno central, la polémica ampliación del aeropuerto impulsada por el anterior Ejecutivo popular podría quedarse sin efecto. Agrandar la pista conllevaría el derribo de 223 viviendas, donde viven unas mil personas, y de 19 industrias y 22 comercios. La juntera del PSE Rafaela Romero insistió ayer, durante el debate de la proposición no de norma presentada por IU, que solicitará a Fomento que se suprima del plan el proyecto de alargar la pista, aunque no descartó que el aeródromo se someta a algunas mejoras en materia de seguridad.

Romero añadió que su partido cumplirá su promesa electoral y se opondrá a la ampliación de la pista. Al mismo tiempo, quiso tranquilizar a los vecinos afectados porque las expropiaciones que se van a ejecutar serán las mínimas y sólo se efectuarán para mejorar la terminal y el aparcamiento del aeródromo.

Juan Carlos Cano, del PP, defendió los planes de ampliación para cumplir la normativa internacional sobre aviación civil y criticó el "oportunismo político" de los socialistas. A su juicio, Guipúzcoa debe ser "autosuficiente" y no obligar a los viajeros a realizar "desplazamientos añadidos y obligados".

El representante del PNV Aitor Kerejeta no concretó la postura de su partido sobre la ampliación y abogó por que los responsables de Fomento se reúnan con las instituciones vascas para resolver esta cuestión. Josean Rekondo, de EA, propuso analizar si las necesidades de los viajeros de Guipúzcoa pueden ser cubiertas por el aeropuerto de Biarritz.

El juntero de IU Elías Maestro pidió la retirada del Plan Director porque su ejecución genera "graves afecciones sociales y medioambientales".