Justicia creará 2.700 plazas en las cárceles para atajar el hacinamiento

La Generalitat anunció ayer que aumentará la capacidad de las cárceles en 2.750 plazas hasta 10.500 en el año 2010. La medida pretende acabar con el hacinamiento en las prisiones. Actualmente, hay 7.750 presos en unas cárceles masificadas. Estas son las cifras del plan de centros penitenciarios que está ultimando el Departamento de Justicia, cuyo titular, Josep Maria Vallès, avanzó ayer los rasgos básicos del proyecto.

El Consell Executiu de la Generalitat tiene preciso analizar hoy estas medidas, que se producen tras el motín de presos ocurrido el pasado viernes en el centro de Quatre Camins (La Roca del Vallès). El motín, que duró cuatro horas y en el que participaron 77 reclusos considerados los más conflictivos, se saldó con el subdirector, Manuel Tallón, herido por arma blanca, y otro funcionario, Jordi Laborda, contusionado.

Las 2.750 plazas que se crearán son netas, ya que también desaparecerán otras, al cerrar algunas prisiones obsoletas como las de Girona y Tarragona. Para cumplir con el objetivo de tener 10.500 plazas en las prisiones de Cataluña, el Departamento de Justicia propone la construcción de seis centros penitenciarios de nueva planta.

El plan de la Generalitat incluye que los presos más peligrosos dejarán las prisiones barcelonesas de la Modelo, Trinitat Vella (de jóvenes) y Wad-Ras (de mujeres). Antes del año 2010, estas prisiones habrán sido transformadas o recuperadas como centros en régimen abierto (donde los presos sólo acuden al recinto a dormir) y pueden permanecer fuera durante el día.

El Gobierno catalán prevé que los presos con mayores condenas cumplirán sus penas en los centros actuales de Can Brians (Sant Esteve Sesrovires), Quatre Camins (La Roca del Vallès) y Centre de Ponent (Lleida), y en otros cuatro de nueva construcción: el del Camp de Lledoners (Bages); otro previsto en la Cataluña central; uno nuevo en Girona, que supondrá una fusión de la prisión de Figueras y la actual de Girona, y otro en la provincia de Tarragona (la actual está en el núcleo urbano y se trasladará a otro emplazamiento).

Situación insostenible

Además de estos cuatro centros, fuera de Barcelona pero en su área metropolitana, se construirá otro de presos preventivos. Justicia anunció que habrá una prisión de mujeres en un lugar por determinar en la provincia de Barcelona.

A pesar de todo, la ampliación del número de plazas en los centros será insuficiente si se mantiene la legislación actual y no se amplía el número de presos de tercer grado o de régimen abierto. El consejero Vallès considera que la situación actual en las cárceles de Cataluña "es insostenible para la seguridad de los internos y de los funcionarios", una tesis que mantiene prácticamente desde que accedió al cargo.

Vallès es crítico con los cambios legislativos que se han introducido, con algunas leyes que han endurecido las penas, y aboga por una política penitenciaria que actúe sobre la reinserción y la rehabilitación de los presos.La primera de las nuevas instalaciones que se prevé construir es la del Bages. El consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, explicó ayer que la intención del Ejecutivo es iniciar las obras del nuevo centro al final del verano. Para entonces, se debe haber tramitado el plan especial urbanístico de la zona del Camp dels Lledoners (donde se prevé construir el centro penitenciario), tiene que estar redactado el proyecto ejecutivo y se habrá adjudicado la obra a través de concurso público.

La prisión del Bages albergará a una población reclusa de entre 500 y 750 personas, con lo que estrenará una tipología de prisión mediana. Será un modelo que se deberá seguir para la segunda prisión de la provincia de Barcelona, la de Anoia, que aún no tiene ubicación definida. Por esta parcela, la Generalitat pagará una cifra que rondará el millón de euros, un precio que considera que es inferior en un 40% al que CiU pagó por una finca contigua que compró en el pasado mes de julio con la misma finalidad.

La nueva ubicación es una continuación de la finca de Les Torres del Bages, de 42 hectáreas, sobre la cual la Generalitat suspenderá hoy todas las actuaciones. El futuro de esta finca es ser de utilidad pública y el alcalde de Sant Joan ya ha propuesto que en la masía de Les Torres se ubique un centro de interpretación de un proyecto turístico denominado el tren de la sal.

Para la nueva ubicación, el PSC cuenta con el apoyo de ICV-EUiA y de ERC, afirmó ayer Vallès. La propuesta ha generado un gran rechazo en la plataforma El Bages diu no a la presó, mientras que Ezequiel Martínez, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, que propuso la nueva ubicación, defiende que de este modo se ha salvado la finca de Les Torres. El alcalde afirma que tenía el deseo de preservar esta finca por su valor medioambiental, y que el nuevo emplazamiento ofrece mejor comunicación con la carretera, pero la plataforma critica al alcalde y sostiene que "engaña a todo el mundo".

Críticas a la Generalitat

La plataforma asegura que "es falso que la nueva finca esté fuera del área protegida" porque en el plan urbanístico tienen idéntica calificación. También acusan al Gobierno catalán de no haber sido transparente en el proceso porque "no se ha presentado el estudio de alternativas y los criterios de valoración, y no ha habido diálogo con los partidos, que se encontraron la decisión tomada".

En la Secretaría de Servicios Penitenciarios, que encabeza Albert Batlle, se han mantenido reuniones con todos los actores durante el proceso, pero en el momento de tomar la decisión se comentó con los alcaldes de Sant Joan de Vilatorrada y de Manresa y se informó a los grupos políticos.

La Generalitat tendrá a partir de ahora una normativa para que las compensaciones por la instalación de equipamientos públicos, como las cárceles, sean siempre iguales y no estén en función de una negociación entre los ayuntamientos y el Gobierno. Vallès explicó ayer que la compensación "por la cuota de solidaridad debe ser objetivable al máximo".

Las compensaciones consistirán a partir de ahora en una indemnización directa sobre la hacienda municipal porque la instalación de servicios públicos puede restar ingresos impositivos a los ayuntamientos.

Justicia también está ultimando un documento sobre las líneas estratégicas en política penitenciaria que debe tener la Generalitat. A partir del nuevo plan de equipamientos penitenciarios también se constituirá una comisión cívica para cada centro, formada por representantes deJusticia, del ayuntamiento y entidades del municipio que albergue el centro, con la finalidad de integrar más las instalaciones tanto en la economía local como en la sociedad de la población de acogida.