Un juez admite una demanda que pide demoler el hotel Atrium

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha admitido a trámite una demanda del Grupo Independiente de La Vila Joiosa que solicita la demolición del hotel Atrium Beach, levantado en la Cala de Finestrat, por vulnerar el Planeamiento Urbano. Las obras del hotel están paralizadas desde septiembre de 2003 a raíz de dos accidentes laborales que costaron la vida a tres albañiles.

El único edil del Grupo Independiente, Pedro Lloret, aseguró ayer que la demanda también solicita la incoación de un expediente sancionador contra los promotores del complejo hotelero, la mercantil Hotel Luna SA. Este grupo político considera que las obras son ilegales porque se estaban desarrollando sin licencia y, además, el hotel excede la volumetría máxima que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) establece en esa zona. De acuerdo con un informe de los técnicos del Ayuntamiento, la edificabilidad máxima en la zona donde se ubica la parcela del complejo hotelero es de 79.964 metros cuadrados. De ellos, 64.813 han sido consumidos por cuatro torres de apartamentos. Por tanto, sólo restarían 15.1451 metros cuadrados, y el hotel proyectado ocupa ya 103.727 metros cuadrados. En total, el complejo tiene 11 alturas más de las autorizadas.

Con anterioridad a esta demanda, el edil LLoret presentó otra denuncia en la que solicitaba la paralización de las obras. El titular del Juzgado de Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante falló a su favor y en enero pasado decretó la paralización. El fallo también ordenaba al Ayuntamiento el precintado de la obra y cumplimiento de la paralización de los trabajos. No obstante, la resolución judicial no hizo más que refrendar otra anterior de la Administración, en concreto de la Dirección General de Trabajo. Este organismo ordenó la paralización de las obras a mediados del pasado mes de septiembre a raíz de dos accidentes laborales, que costaron la vida a tres operarios. La decisión de Trabajo se produjo después de que la alcaldía dictase sin éxito hasta en siete ocasiones la clausura de las obras.

Las diligencias sobre ambos siniestros los instruyen sendos juzgados de La Vila. Uno de los imputados, el propietario de una subcontrata, admitió ante el juez la descoordinación de las medidas de seguridad en las obras.

Desde la paralización de las obras, el promotor, que rechaza cualquier ilegalidad en la ejecución del proyecto y responsabilidad en los dos siniestros laborales, ha mantenido diversos contactos con el Ayuntamiento para legalizar el proyecto. "Evidentemente que rechazamos la demolición, porque el proyecto es legal y, además, beneficioso para el sector turístico de la localidad", dijo ayer un portavoz de la promotora.