100 euros para todas las madres

Sé que aún no han pasado cien días desde que el nuevo Gobierno tomó posesión, y es precisamente por eso, porque aún es pronto, y, por tanto, posible cambiar la dirección de determinadas políticas que comienzan a perfilarse, que me animo a escribir esta carta.

El anuncio de extender la ayuda de 100 euros a cada madre con hijos menores de tres años a las mujeres que no tienen una ocupación remunerada en el mercado de trabajo es una mejora con respecto a la situación anterior, pero no un cambio sustancial y necesario de la política social y laboral de este país.

Una verdadera política progresista sería sustituir la ayuda directa a las madres por una inversión en guarderías y asistencia a personas mayores y dependientes.

Destacaré ciertas razones que apoyan la preferencia por la inversión en servicios sociales: primero, se dejaría de identificar la conciliación familiar y laboral con un problema exclusivamente femenino. La medida actual refuerza la división tradicional entre mujeres y hombres en los mercados y la familia, y se aleja de uno de los ejes principales de la política del nuevo Gobierno, que es la lucha contra la discriminación por género.

Segundo, se crearía más empleo, y lo que es más importante, más empleo de calidad. No sólo aumentaría la tasa de actividad entre las madres -e idealmente, habría que decir, también los padres-, sino que se crearían puestos de trabajo en guarderías, centros asistenciales, comedores etc., mientras que si la ayuda se da en dinero directamente a las madres, éstas pueden no permanecer activas en el mercado de trabajo, dedicarse al cuidado de los hijos y desviar esa renta para otros gastos.

Al mismo tiempo, nos arriesgamos a fomentar el trabajo informal doméstico, que a su vez recaería en otras mujeres que no acabarían de formalizar su situación laboral, con las repercusiones negativas que esto tendría a lo largo de la vida laboral, y sobre todo, en la vejez, gracias al sistema de pensiones que tenemos de tipo contributivo.

Y tercero y último, se fomentaría la igualdad al tiempo que la natalidad.

La labor asistencial de las mujeres en las familias no se concentra exclusivamente en los hijos, sino en todas las personas dependientes que necesitan una atención especializada.

De esta manera, se incrementarían las tasas de actividad y de fecundidad -y por tanto, junto con la entrada de población inmigrante, se garantizaría la viabilidad de actual sistema de pensiones- y al mismo tiempo se avanzaría en la igualdad.

Esto permitiría a las mujeres que tienen un capital humano adquirido realizar una carrera laboral y mantenerse activas en el mercado de trabajo, con las consecuencias positivas que ello tendría para ellas, sus familias y para la economía en general.