Egibar, Larreina y Morcillo declararán el 19 como imputados en el 'caso Atutxa'
La magistrada instructora del caso Atutxa ha citado para el 19 de mayo como imputados a los parlamentarios y miembros de la Junta de Portavoces Joseba Egibar (PNV), Rafael Larreina (EA) y Antton Morcillo (Sozialista Abertzaleak). Se trata de la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el presidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atutxa (PNV), y otros dos miembros de la Mesa de la Cámara, imputados por negarse a disolver el grupo parlamentario heredero de Batasuna (SA) .
La instructora del caso, Nekane Bolado, quiere investigar si "existe alguna relevancia penal entendida como presunta desobediencia a la autoridad judicial" por la actuación de estos parlamentarios en la negativa del Parlamento a disolver SA.
La fiscalía había solicitado en un escrito fechado el 7 de abril y remitido a la instructora, que pertenece a la Sala Civil y Penal del alto tribunal vasco, que ampliara la querella inicial contra Atutxa, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB-IU) a los ahora imputados. Tras estudiar las declaraciones en calidad de testigos de los otros dos miembros de la Mesa del Parlamento -Manuel Huertas (PSE) y Carmelo Barrio (PP)-, la fiscal jefe, María Angeles Montes, cree que hay indicios racionales de que los tres nuevos imputados han cometido un delito de desobediencia a la autoridad judicial "en concepto de colaboradores necesarios", al votar en contra de la resolución de la presidencia de la Cámara que abría una vía para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.
La fiscalía siempre ha mantenido que la resolución general de presidencia aprobada en la Mesa del Parlamento el 5 de junio de 2003, con los votos de PNV, EA, IU y PSE para dar cumplimiento a la disolución de SA fue un mero "artificio" para dar la sensación de que se pretendía cumplir la sentencia del Supremo por la que se acordaba la disolución del grupo heredero de HB. Tanto Barrio como Huertas declararon que "los querellados nunca tuvieron la menor intención de cumplir el mandato judicial".
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