"Justicia es acreedora de la deuda histórica"

La consejera reclama 88 nuevos juzgados para Andalucía y promete un plan de actuación para dotarlos de la tecnología más avanzada. El dinero, según María José López, saldrá de la deuda histórica, de la que un buen porcentaje corresponde a la administración de Justicia.

Pregunta. ¿Se considera parte de la cuota femenina o granadina del Gobierno de Chaves?

Respuesta. No soy parte ni de una ni de otra. Hace mucho tiempo que el partido socialista se olvidó de las cuotas y ahora estamos en un discurso mucho más cierto que es el de la igualdad y el de la paridad. El PSOE tomó la decisión de que ninguno de los dos géneros tuviera menos del 40% y más del 60%. El 40% ha tocado a los chicos, pero que no se preocupen, que les vamos a respetar. Tampoco me siento parte de la cuota de Granada. No creo que el presidente haga su equipo teniendo en cuenta las diferentes provincias. Estoy convencida de que elige responsables que sepan hacer su trabajo.

"Las necesidades son las mismas, sea quien sea el presidente del Gobierno"

"El 40% ha tocado a los chicos, pero que no se preocupen, que les vamos a respetar"

P. Sin embargo, elegir a una granadina como responsable de la consejería de Justicia, siendo Granada la sede del TSJA, parece que tiene algún significado.

R. De alguna manera el presidente ha querido tener un gesto con la ciudad y la provincia por ser la sede del Tribunal y la Fiscalía, o al menos así lo entiendo yo.

P.¿Qué cree que valoró Chaves a la hora de llamarla a su equipo?

R. Eso habría que preguntárselo al presidente, pero creo que el perfil. Una persona con formación jurídica, que lleva 22 años ejerciendo la abogacía, que tiene desde hace mucho tiempo responsabilidades políticas, que ha estado en el Congreso trabajando precisamente en temas de Justicia y Administraciones Públicas... Creo que mi perfil le venía bien.

P.Durante los últimos años ha trabajado codo con codo con el nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. ¿En qué modo su buena relación con él podría beneficiar a la Justicia andaluza?

R. Ayer hablé con Juan Fernando. Lo primero que me dijo fue: "María José, que sepas que estoy aquí para lo que tú quieras, para lo que necesites. Quiero que resolvamos todos los temas pendientes con Andalucía lo antes posible".

P.La legislatura se plantea decisiva por muchos temas. La reforma del proceso penal, la ley integral para la violencia sexista y el reglamento de la Ley del Menor son cuestiones que Zapatero tendrá que abordar próximamente. ¿Cuál será su prioridad?

R. Todas las reformas procesales nos van a afectar y el reglamento de menores de manera más inmediata. El Gobierno del PP no se atrevió a aprobarlo porque después de todas las reformas que tuvieron que hacer, se dio cuenta de que la Ley del Menor no respondía a las necesidades de la sociedad. Siempre he reclamado un buen reglamento que tendremos que aplicar porque toca nuestras competencias.

P.¿En qué aspectos las toca?

R. Sobre todo, en el régimen penitenciario. Tenemos un déficit importante porque con las competencias no se trasfirieron recursos y nos ha costado mucho poder equilibrar esas necesidades.

P.En su trabajo en la Comisión de Justicia del Congreso reclamó con insistencia 88 órganos judiciales para Andalucía. ¿Seguirá exigiéndolos con Zapatero en La Moncloa?

R. Las necesidades son las mismas sea quien sea el presidente del Gobierno. Esta situación se produce por la desidia y la falta de planificación en la gestión de la Justicia que ha llevado a cabo el PP. No se puede modernizar la justicia o tratar de acercarla al ciudadano creando 30 plazas de jueces cada año para toda España. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le pidió esas plazas que son necesarias en todas las provincias. En Granada se han aprobado ahora cuatro, pero en 2006 tendrán que ampliarse. El resto de las provincias tienen el mismo problema. Cádiz y Málaga necesitan jueces. La carencia no es específica de ninguna zona porque durante los últimos años, mis antecesores en el cargo han sabido resolver los problemas que se presentaban y ahora estamos recogiendo los frutos.

P.En caso de que finalmente se creen esas plazas, a su consejería le va a tocar dotarlas y financiarlas, pero el ministro de Economía, Pedro Solbes, ya ha dicho que la reforma de la financiación autonómica no es prioritaria para el ministerio. ¿De dónde va usted a sacar dinero?

R. Dentro del global de la deuda histórica con Andalucía hay una parte muy importante que pertenece a la administración de Justicia. El Gobierno central no cumplió su promesa de dotar suficientemente a nuestra comunidad cuando se le trasfirieron las competencias. Tenemos un déficit que ahora nos servirá para aumentar el presupuesto de la consejería.

P.En su etapa como diputada también reclamó la gestión de los depósitos consignados en los juzgados y tribunales. ¿Qué incremento podría suponer para su presupuesto?

R. Son muchos millones. Es algo que nos permitiría reducir el gasto en la dotación de cada órgano judicial. Yo insistí muchísimo en la Comisión de Justicia para que se nos trasfiriera.

La nueva consejera de Justicia y Administraciones Públicas, María José López (Granada, 1960), sabe que se enfrenta a una legislatura decisiva en la que su departamento tendrá que garantizar el funcionamiento de normas estatales como la futura ley integral para la violencia sexista, el reglamento de la Ley del Menor o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prometida por el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.

P.Más de un 30% de los juicios rápidos que se celebran en Andalucía terminan siendo procesos normales con sus retrasos. ¿Puede hacer algo su Consejería para solucionarlo?

R. Eso es competencia del órgano judicial que entiende que algunos delitos que les llegan no se pueden juzgar de ese modo. La policía es un factor decisivo para la celebración y la buena marcha de los juicios rápidos. Para nosotros es muy importante mantener una buena relación con el Ministerio del Interior para que esos juicios den buen resultado.

P.Pero es indudable que el atasco judicial existe y que, sobre todo, afecta a lo contencioso administrativo. ¿Qué puede aportar la Junta para aligerar el trabajo de los jueces?

R. El atasco se produce fundamentalmente en las resoluciones, no en el procedimiento. Por eso es el propio CGPJ el que ha tomado medidas con su plan de choque para que los jueces dicten sentencia lo más rápidamente posible.

P.Uno de sus objetivos declarados es el de acercar la justicia al ciudadano y que sea rápida y eficaz. ¿Cómo se va a hacer?

R. Acercar la justicia al ciudadano significa muchas cosas a la vez. La fundamental es que el ciudadano se sienta seguro al ir al juzgado y sepa que le va a resolver el problema. La Justicia tiene que ser lo más rápida posible y eso mejora mucho su calidad.

P.¿Una mayor especialización de jueces y fiscales ayudaría?

R. Estoy completamente de acuerdo con la especialización y me he pasado la vida reclamándola. Se necesitan jueces y fiscales especialistas en violencia de género y también para los delitos medioambientales muy relacionados con el tema urbanístico y las obras públicas. Y lo mismo con la siniestralidad laboral. En el orden civil, los jueces de familia deberían ser también especialistas.

P.La violencia contra las mujeres, que tiene una incidencia muy alta en Andalucía, va a tratar de atajarse con una nueva ley que contemple el fenómeno en todos sus aspectos. ¿Qué papel jugarán las comunidades autónomas?

R. La ley tiene que adoptar medidas muy concretas. En Andalucía es muy alto el porcentaje de mujeres que mueren víctimas de los malos tratos de sus maridos o compañeros. Una vez que se apruebe, todas las autonomías tienen que coordinarse. Una de las medidas más importantes que tiene que adoptar es, como he dicho antes, la especialización. Las mujeres tienen que poder dirigirse a un solo órgano para resolver todos los temas relacionados con su problema, que tienen un mismo origen. Un juzgado de instrucción no puede dictar una orden de alejamiento mientras otro del orden civil otorga régimen de visitas para los hijos que también sufren la violencia del entorno familiar. Las órdenes de alejamiento se cumplen con mas facilidad en las ciudades, pero en el campo faltan medios. Obligan al agresor a no acercarse a la víctima, pero ambos son braceros en el campo y están contratados en el mismo sitio ¿qué se puede hacer? Estoy de acuerdo con las órdenes de protección, pero hay algunos matices que tendrían que resolverse a la vista de las situaciones que se están produciendo.