Un secretario municipal de Huelva critica la minuta pagada al letrado de un concejal

El secretario de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Huelva ha realizado un informe en el que califica de "excesivamente alta" la minuta pagada al abogado madrileño José Lozano Miralles por el concejal de Urbanismo, Francisco Moro (PP). Ese letrado se hizo cargo de la defensa de Francisco Moro ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el denominado caso Isla Chica, que finalmente archivó el juez. El abogado pasó una factura de 69.717 euros que Francisco Moro pagó con fondos municipales.

Alejandro Márquez, concejal del PSOE, criticó ayer que el caso Isla Chica, surgido por la reordenación de los terrenos del antiguo estadio Colombino, haya costado finalmente al Ayuntamiento de Huelva unos 204.343 euros. El alcalde, Pedro Rodríguez, firmó el pasado 22 de diciembre un decreto para que se abonara al abogado Francisco Baena Bocanegra, que se ocupó de su defensa en ese caso, una minuta de 132.650,64 euros.

"El incremento de las partidas que el Ayuntamiento viene consignando en concepto de abogados es una consecuencia de la acción de gobierno del PP, que oscila siempre al borde de la legalidad. El equipo de gobierno no sólo se ha enfrentado al caso Isla Chica, sino que tiene pendientes las causas del Patronato de Desarrollo Local, de la Casa, afirmó Márquez.

Dos organismos municipales, la Gerencia de Urbanismo y el Patronato de Desarrollo Local (PDL), han incluido partidas en los presupuestos destinadas a letrados, lo que nunca había ocurrido antes en la Corporación de Huelva. La GMU consignó en los presupuestos de 2003 una partida de 96.300 euros para abogados y ha vuelto a incluir esa misma cantidad en las cuentas de 2004. Además, en los presupuestos de este año aparece una partida de 36.000 euros para asistencia letrada en el PDL.

Francisco Moro lamentó ayer que el PSOE esté judicializando la vida política en Huelva. "En su día, los socialistas me pusieron una querella en el ejercicio de mi cargo de concejal de Urbanismo. Yo me busqué un abogado. El compromiso era, y eso se tramitó así por el Consejo de Gobierno de la GMU, que si no había ningún tipo de delito, la minuta la pagaría el Ayuntamiento. El juez archivó el caso. Por culpa del PSOE, pues, se ocasionan estos gastos a los ciudadanos", afirmó Moro.