Inquilinos incómodos

Desde el dormitorio de Elisa Bravo, 37 años, y su marido se ve la habitación de sus tres hijos a través de una grieta de la pared. La familia, que completa la abuela, de 71 años, vive en uno de los 129 pisos de protección oficial (VPO) -el precio, fijado por la Administración, es más bajo que el del mercado- en régimen de alquiler gestionados por una empresa privada (Larcovi). La casa está en el número 14 de la avenida de María Moliner, en Leganés, cerca de donde siete extremistas islamistas implicados en la matanza del 11-M se suicidaron con dinamita.

Elisa y su esposo, trabajador autónomo, llegan muy "justitos" a fin de mes. Por eso, hace poco más de cinco años, les concedieron esta vivienda de VPO por la que pagan 397 euros al mes (incluida la comunidad). Elisa asegura que sigue cumpliendo los requisitos para acceder a esa casa, pero una sentencia de desahucio de un juzgado de Leganés obliga a su familia a dejarla en el plazo de un mes por finalización de contrato.

La empresa asegura, por su parte, que la pareja no cumple los requisitos establecidos. Ni ella, ni las otras 14 familias a las que no se le ha renovado el contrato de cinco años y sobre las que también pesa una demanda de desahucio. Estas 15 personas forman la mayor parte de la junta directiva y de los miembros más activos de una asociación de afectados que se constituyó hace dos años para tratar de solucionar problemas como la grieta en la casa de Elisa. Las grietas se encuentran en muchas casas y los espacios comunes, aseguran, están "totalmente desatendidos": muros exteriores en el ático con grave riesgo de desprendimientos, las salidas de humos del garaje cerradas porque no están bien hechas, luces de los portales que se rompen y nunca se arreglan...

Pero, lo que es más grave, los vecinos denuncian sobreprecios en la renta "sobre el módulo establecido por la Comunidad", dice María Luisa Ginés, abogada de la plataforma de afectados. "Además, en estos cinco años, nunca han desglosado, como exige la ley, los gastos de comunidad, que son casi 60 euros por arrendatario", continúa la abogada. También se quejan de que, con el cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que han de pagar los inquilinos, la empresa pidió una cantidad de dinero sin hacer constar las subvenciones del Ayuntamiento. "Cuando nos quejamos, lo arreglaron y dijeron que había sido un error", según Begoña del Pino, otra de las que ha de afrontar una demanda de desahucio.

En los juzgados de Leganés hay 800 folios de una demanda contra Larcovi que el juez admitió a trámite en marzo. A los tribunales se llegó, según los inquilinos, después de meses de infructuosas negociaciones con la empresa, que contó con la intermediación -con más pena que gloria- del Ayuntamiento leganense.

Fuentes de Larcovi insisten en que ni ha habido mala fe, ni represalias de ningún tipo. "Simplemente, estas personas ya no cumplen los requisitos exigidos", explican. Efectivamente, así consta en la sentencia que afecta a Elisa. Pero la letrada de los vecinos explica, sin embargo, que, si en el caso de Elisa se le notificó que no cumplía los requisitos y se le amplió el plazo para volverlos a presentar, lo cual justifica que no hubo represalias, en "al menos la mitad del resto no medió ninguna notificación entre la carta que en mayo pasado anunciaba el fin del contrato y en la que se solicitaba la acreditación de los requisitos para un nuevo acuerdo, y la carta recibida en enero comunicándoles que debían desalojar el piso en seis días".

Las 15 familias están seguras de cumplir aún con los requisitos y aseguran que presentaron la documentación requerida -el documento que le faltaba a Elisa es el libro de familia de su avalista-. "Pedimos algún recibo que justificase la entrega, pero se negaron a dárnoslo", asegura Sonia Pavo.

Según Larcovi, otra prueba de que no hay ánimo de revancha es que de los 58 inquilinos que pusieron la denuncia, a 30 de los 55 que terminaban su contrato el año pasado ya se les ha renovado. Otros cinco dejaron voluntariamente el piso. Cinco más cumplían los requisitos, pero no se presentaron a la firma del nuevo acuerdo, más los 15 ya aludidos que no cumplían los requisitos.

Ahora, la lectura de datos de los vecinos. De los miembros de la junta directiva, dos han abandonado el piso, otro aún tiene contrato en vigor y los demás están entre los más que posibles futuros desahuciados. El resto de los que se enfrentan al desalojo elevaron alguna queja personalmente en la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Leganés.

Sonia asegura que, en un acto de conciliación con la empresa el pasado octubre, una representante legal de Larcovi le explicó así la situación. "Me dijo: 'Si os echamos a vosotros, se acabó nuestro problema".

Aparte de la de Elisa, ya hay otras dos sentencias que desahucian a otras dos familias, y el resto están en camino. "Sin entrar en consideraciones morales", la empresa está legalmente en su derecho de no renovar el contrato alegando, únicamente, "que ha finalizado la relación contractual anterior", explica Francisco López Barquero, secretario general de la Asociación de Gestoras de Cooperativas (Agecovi). La demanda interpuesta por los inquilinos "va por otro lado", continúa, "y en su momento, si tienen razón, se le pondrán a la empresa las sanciones que correspondan".

El hecho es que estas familias están prácticamente en la calle, sin capacidad económica para acceder a otra vivienda. La desesperación les ha impulsado a comenzar hoy una huelga de hambre ante los juzgados de Leganés. Elisa, junto a Sonia y Ermitas Carrera, de momento, se apostarán ante el edificio público, con el apoyo del resto de los vecinos, para intentar evitar quedarse sin vivienda.