"Pediremos a Fomento que Cercanías funcione con el metro"

Jaime Ignacio González González, madrileño, de 43 años, casado y padre de tres hijas, es la mano derecha de la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre. Hizo carrera política en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerció de escudero de Aguirre cuando el PP ganó por primera vez el poder municipal. Ahora llega a la Vicepresidencia Primera tras pasar por la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Inmigración. En la última batalla de su jefa contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por el control de Metro, González se convirtió en el ariete de la Comunidad contra el Consistorio, junto al consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados.

Pregunta. ¿Le parece presentable que en tan sólo seis meses de cohabitación con el alcalde hayan ustedes hecho públicas hasta cinco batallas que les han puesto al borde del precipicio en asuntos tan sustanciales como la distribución del agua o el servicio de transporte colectivo?

"La Comunidad velará porque en las obras de la M-30 se cumplan los requisitos ambientales"

"No hay ninguna lucha interna por el poder en el PP, ni siquiera en el partido en Madrid"

"El Gobierno socialista es quien está echando un pulso al suspender la Ley de Calidad"

Respuesta. La percepción de que pueda haber discrepancias políticas en el seno de un partido no son buenas. Pero no es nuestro caso. El proyecto del transporte público del PP en Madrid es compartido entre el Ayuntamiento y la Comunidad, y en ningún momento se han cuestionado ni el modelo ni los objetivos. Sólo se ha discutido sobre la presencia institucional de cada una de las partes. Pero ya hemos licitado todas las nuevas obras del metro. Empezamos comprometiendo 72 nuevos kilómetros de metro y ya hemos comprometido y licitado 90 kilómetros. Tenemos el compromiso de remodelar estaciones, ampliar el metro en la ciudad de Madrid, de renovar trenes y vagones... Queremos que la infraestructura de transporte en la región se enriquezca aún más y queremos que en eso participe la Administración estatal, a la que pediremos que mejore el servicio de cercanías. Queremos que Cercanías empiece a funcionar como el metro. Vamos a pedirle al Ministerio de Fomento que cercanías sea un servicio que funcione con el metro, con la misma frecuencia, que aumente el número de pasajeros, que haga más estaciones...

P. La lucha por el control de Metro, ¿cuánto tiene de demostración de fuerza dentro del PP después de haber perdido las elecciones generales?

R. No se trata de una lucha por ver si manda más en el partido Gallardón o Aguirre. Lo único que hemos querido era mantener la situación que siempre ha existido de participación de las dos instituciones dentro de Metro en razón de lo que cada una de ellas ha representado históricamente, representa y va a representar en el futuro. No hay ninguna otra razón que la defensa de los intereses institucionales de los dos organismos. No hay ninguna lucha interna por el poder en el partido, ni siquiera en el partido en Madrid.

P. ¿No es mala tanto para el Ayuntamiento como para la Comunidad esa sensación de desunión?

R. Nosotros no tenemos batallas por cuestiones políticas. Tenemos discrepancias por cuestiones institucionales, como siempre han existido entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Son dos grandes instituciones en una comunidad uniprovincial. Todas las discusiones que se producen lo son en la defensa de los intereses institucionales y con el objetivo común de satisfacer los servicios que demandan los ciudadanos.

P. Pero ha habido otras batallas por cuestiones personales...

R. Pues es curioso..., porque la relación personal de la presidenta y el alcalde yo la calificaría de entrañable. Pero estamos hablando de dos personalidades de una gran relevancia política, tanto por sí mismos como dentro del PP; y que además coinciden en dos instituciones muy importantes. Y lógicamente en una situación en las que, además, son referentes del PP, es verdad que se les observa con mucha más atención que antes.

P. Puesto que pedirán a Zapatero ayuda para relanzar cercanías, ¿se supone que aceptará usted pagar el 30% de la futura estación que se construirá en la plaza de Alonso Martínez?

R. Está pendiente una negociación con Fomento. Estamos abiertos a un acuerdo para llevar adelante entre todos este proyecto.

P. ¿Qué parte de culpa le corresponde a usted en el fiasco de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam) que prometieron poner en marcha antes de cumplirse los 100 primeros días de Gobierno?

R. No creo que pueda hablarse de fiasco de las Bescam. El problema estuvo en cómo se interpretó el proyecto. Reconozco que no hemos sabido explicarlo bien. Siempre se ha tratado de mejorar las dotaciones de seguridad de las administraciones competentes para paliar un problema que preocupa mucho a los ciudadanos. Pero la Comunidad no tiene competencias en seguridad. Se trataba entonces de dotar de medios al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a las policías locales para contribuir a esa lucha contra la inseguridad ciudadana. El proyecto está en vigor y es nuestro compromiso. Además, es un compromiso que tenemos una magnífica posibilidad de cumplir ahora. Es un compromiso que tenía ya el PP. El nuevo Gobierno de la nación ha prometido aumentar las dotaciones policiales a escala nacional exactamente igual que nuestra oferta de Bescam. Se ha comprometido a que anualmente van a incorporarse 6.000 policías y 3.000 guardias civiles, que es lo que nosotros pedíamos: que en Madrid hubiera 5.500 policías más entre policía local y nacional. La baza de nuestro proyecto sigue ahí y dependerá de que el Gobierno central sea capaz de cumplir ese objetivo.

P. Ya se pueden entrever un par de batallas más entre Comunidad y Ayuntamiento a costa de la M-30 y el Canal de Isabel II...

R. El proyecto de la M-30 de Gallardón es un proyecto del PP y, por lo tanto, es un proyecto que compartimos. Lo que ocurre es que, para llevarlo adelante, cada una de las administraciones tiene que ejercer sus competencias. Es un problema, igual que otros, de carácter institucional. Nosotros vamos a hacer, dentro del respeto a la legalidad y al cumplimiento de los requerimientos medioambientales, todo lo posible por facilitar que esa obra vaya adelante. Si al final es procedente dar la exención de la declaración de impacto ambiental, nosotros la daremos garantizando que se cumplan todos los requisitos medioambientales. Si existe la más mínima posibilidad de otorgar la exención, nosotros la daríamos.

P. Pero hay una serie de requerimientos mínimos que ustedes harían cumplir al alcalde Gallardón para que la obra sea hecha medioambientalmente bien...

R. Haya exención o no, la Comunidad velará por que se cumplan los requisitos medioambientales.

P. ¿En los términos que ya había dicho la presidenta?

R. Exactamente.

P. Pero eso se interpretó como una declaración de impacto encubierta...

R. No es una declaración de impacto medioambiental encubierta. En cuanto tengamos el informe del Consejo de Estado que hemos solicitado, tomaremos una determinación sabiendo que ese informe no es vinculante. Sobre lo que se va a pronunciar el Consejo de Estado es sobre un asunto que provocó el Ayuntamiento, que es el cambio de la naturaleza jurídica de la vía [la M-30 habría dejado ya de ser una carretera para ser una simple calle, según Gallar-dón], lo que tiene su implicación a la hora de aplicar la normativa medioambiental.

P. ¿Y con el Canal de Isabel II?

R. El Ayuntamiento denunció a fines del año pasado el convenio que tenía en vigor con el Canal de Isabel II. Desde ese mismo momento, nos hemos dirigido al Ayuntamiento para ofrecernos a negociar las nuevas condiciones del convenio. Es más, hemos hecho algún intento de aproximación, pero desde el Ayuntamiento no hemos tenido contestación. Seguirá en vigor hasta el 31 de diciembre, y nuestro deseo es suscribir un nuevo convenio con el Ayuntamiento. Creo que el servicio que presta el Canal es excelente, lo ha sido siempre, en los últimos ocho años, ahora y antes de estos últimos ocho años. Y no hay razones para que esto no siga siendo así. Pero han pasado cuatro meses y aún no conozco cuál es la propuesta del Ayuntamiento.

P. Desde la Comunidad de Madrid, ¿cómo le gustaría que fuera ese convenio?

R. El convenio que ha habido hasta ahora ha venido funcionando históricamente y ha permitido que se preste un magnífico servicio a los madrileños. ¿Por qué si ese servicio ha sido bueno durante estos ocho años, alguien entiende que ahora necesita ser reforzado con unas nuevas condiciones de acuerdo? Me parece bien, pero quiero conocer las pretensiones que tiene el Ayuntamiento para poder negociar un acuerdo que sea mejor para las dos partes.

P. Comente el resultado de las pasadas elecciones generales.

R. Es un resultado absolutamente legítimo y democrático. A mí no me ha gustado, y creo que se abre una situación que me preocupa. No porque haya ganado el PSOE, que me merece todos los respetos y es un gran partido como lo es el PP. Me preocupa por las condiciones en las que llega Zapatero al Gobierno. En unas condiciones en las que el PSOE no tiene mayoría, tiene unos pactos con algunos partidos nacionalistas que imponen como condición para pactar la exclusión del PP, no sólo en sus ámbitos territoriales, sino a nivel nacional. Me preocupa que los pactos se hagan desde la exclusión y no desde la suma.

P. ¿Puede poner un ejemplo?

R. Es muy sorprendente lo que acabamos de vivir en el asunto de Irak. No porque se retiren las tropas, que es un compromiso del señor Zapatero, sino porque lo que nos dice es que si el 30 de junio no se produce una resolución de la ONU, retiraría las tropas. Eso lo dice un sábado. Y el domingo, sin consultar al Parlamento ni a nadie, el presidente del Gobierno ordena retirar las tropas. Uno puede pensar que no nos ha dicho la verdad, o no ha cumplido su palabra el día anterior, o tiene unos pactos que le llevan a tomar esa decisión.

P. ¿Por qué la Comunidad ha decidido desafiar a Zapatero desarrollando la Ley de Calidad de la Enseñanza que él ha anunciado que dejará en suspenso?

R. El tema de la Ley de Calidad es uno de las más graves de los que ha presentado el PSOE. Una vez más, no nos van a explicar cuáles son los condicionantes que les llevan a tomar una decisión poco responsable, que lo único que genera es inseguridad jurídica. Creo que se está ocultando la realidad de sus pretensiones, que no son otras que porque no les gusta la LOCE y porque vuelva a estar en vigor su LOGSE, que ha sido un fracaso. Sin decirlo, utilizando cualquier vía torticera como la suspensión de las leyes en vigor, sin dar una alternativa que clarifique qué va a pasar con los profesores, los alumnos, la enseñanza y los contenidos en los próximos años. Quien está echando un pulso es el Gobierno socialista. Aun suponiendo que se pueda suspender el calendario de aplicación, ¿qué va a pasar el próximo curso escolar? Los responsables del PSOE, unos muy acreditados como el señor Pérez-Rubalcaba, saben que los cursos se planifican en abril y mayo. Que nos explique Zapatero qué va a pasar el próximo curso.