'Lifting' sin anestesia

Las reformas constitucionales que anunció Zapatero en el debate de investidura tendrán como base un informe previo del Consejo de Estado, del que en su día formarán parte los ex presidentes del Gobierno. Esto ya aporta una cierta garantía de sensatez, reforzada por la presencia del profesor Rubio Llorente al frente de esa institución. Este antiguo vicepresidente del Tribunal Constitucional se ha pronunciado públicamente en favor de algunas de las reformas ahora propuestas, y de otras no contempladas pero de gran actualidad, como la que impediría, sin margen para la ambigüedad, el envío de soldados a misiones bélicas sin autorización de las Cortes.

La idea de que conviene reformar las constituciones para renovar su legitimación entre las nuevas generaciones puede tener fundamento, pero llevada al extremo equivaldría a sostener que hay que ir cambiando el reglamento del fútbol a medida que lo hacen las tácticas. La Constitución define el marco y las reglas de juego democrático; es falaz el argumento de que hay que modificarla porque han aparecido situaciones nuevas, como la inmigración masiva o las derivadas de las modernas técnicas de comunicación. Para que ese argumento tuviera fuerza habría que demostrar que la Constitución impide legislar sobre tales materias. El afán por responder a todo problema difícil con la propuesta de modificar el marco constitucional suele ocultar la falta de ideas para plantear reformas en el interior de ese marco.

De las propuestas por Zapatero, no parece haber problema para la introducción de una mención expresa a la futura Constitución Europea; la del establecimiento de la igualdad entre varones y mujeres en la sucesión a la Corona seguramente tampoco encontrará gran oposición, aunque es posible que dentro de algunos lustros alguien plantee que también hay que suprimir la discriminación en favor del primogénito o primogénita, con lo que el fundamento carismático-tradicional de la institución quedaría en el aire. La mención expresa de las 17 comunidades autónomas, con su denominación oficial, parece de cajón, una vez culminado el despliegue de las previsiones constitucionales en la materia. Sin embargo, en el debate de investidura el portavoz de CiU, Duran Lleida, sugirió que se aprovechara esa reforma para especificar qué comunidades son nacionalidades y cuáles sólo regiones, y el del PNV, Erkoreka, que se utilizase la ocasión para introducir las reformas necesarias para garantizar el encaje del plan Ibarretxe.

En su anterior etapa de gobierno, los socialistas se negaron a "abrir el melón" de la reforma por temor a que los nacionalistas quisieran aprovecharla para replantear el modelo autonómico constitucional; para cuestionar, en particular, el principio de que al final del proceso todas las comunidades tuvieran básicamente las mismas competencias, excepto en lo relativo a los hechos diferenciales, y unos servicios públicos similares, pese a los diferentes niveles de renta. Tal vez sea cierto que los condicionantes de la transición impidieron plantear el proceso autonómico con dos niveles claramente diferenciados de autonomía; sin embargo, no es seguro que ello hubiera resultado más favorable para la eficacia y estabilidad del sistema, y, en todo caso, no hay duda de que hoy, tras la consolidación de las 17 comunidades, no sería posible una reforma que apareciera como discriminatoria.

Entre los problemas nuevos que no pueden resolverse sin modificar la Constitución destaca el de la participación de las autonomías en la formación de la voluntad nacional en relación a las instituciones europeas, y el de la necesidad de institucionalizar las relaciones entre los 17 gobiernos autonómicos y el central. Todo ello remite a la reforma del Senado -de su composición y funciones- a fin de realizar su vocación de Cámara de representación territorial. No parece difícil alcanzar un acuerdo sobre esta reforma con el PP, que la defendió en el pasado. No es evidente, en cambio, que las principales fuerzas nacionalistas contemplen la reforma desde la misma perspectiva de perfeccionamiento del sistema. Más que a fijar y garantizar la cohesión del modelo desarrollado en estos 20 años aspiran a eliminar los obstáculos constitucionales que impiden abrirlo a una mayor asimetría. De ahí las dificultades de Zapatero para hacer compatible su razonable objetivo de someter la Constitución a un estiramiento de piel, que mejore su aspecto y resistencia, con su actual política de alianzas.