Cardenal sin púrpura
Si había un alto cargo institucional radicalmente incompatible con el talante y las opciones programáticas del nuevo Gobierno socialista era el hasta ahora fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. De ahí que una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno haya sido su destitución fulminante. Cardenal ha sido un fiscal del Estado que sintonizaba ideológicamente con los rasgos más autoritarios y regresivos del Gobierno del PP y que ha hecho gala de una actuación rayana en el servilismo, absolutamente impropia de la autonomía funcional legalmente exigible a su cargo.
El elegido por el Gobierno de Zapatero para su sustitución ha sido Cándido Conde-Pumpido, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. A su reconocido prestigio como jurista une un talante de independencia contrastada. Para demostrarlo, es suficiente recordar que fue uno de los magistrados que en 1998 condenaron a prisión a la antigua cúpula del Ministerio del Interior socialista, encabezada por José Barrionuevo y Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey. Que otro Gobierno socialista, seis años después, le encomiende la Fiscalía General del Estado es una magnífica señal, tanto para el nombrado como para los responsables de su nombramiento.
Cardenal no ha sido, sin duda, el primer fiscal del Estado que se ha mostrado obsequioso con el Gobierno que lo nombra. Pero es difícil encontrar un comportamiento que haya interferido de forma tan burda en el funcionamiento interno del ministerio público para satisfacer los intereses del Gobierno. Su actuación en los casos Ercros y Formentera, que implicaban a ministros del Gobierno del PP, están inscritos en los anales como un ejemplo de maniobrerismo y autoritarismo.
Ningún fiscal general del Estado de la etapa democrática accedió a ese cargo tras mantener opiniones dudosamente constitucionales como las expuestas por Cardenal durante su mandato como fiscal jefe del País Vasco -1989-1997- en relación con el divorcio, las parejas de hecho o el uso de anticonceptivos, como en su día hizo constar el Consejo del Poder Judicial.
Ya en el ejercicio del cargo, no se reprimió a la hora de mostrarse comprensivo con las dictaduras militares de Chile y Argentina. Cardenal se va sin haber logrado borrar la impresión de que la cúpula del ministerio fiscal ha estado durante siete años en manos de un jurista de convicciones dudosamente compatibles con la defensa de la Constitución. Su marcha, tanto como la llegada de Conde-Pumpido, son todo un alivio.
