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Cándido Conde-Pumpido será designado fiscal del Estado en sustitución de Cardenal

Votó a favor de la condena de Barrionuevo y Vera en el caso por el secuestro de Segundo Marey

Cándido Conde-Pumpido Tourón, de 54 años, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y uno de los fundadores de la asociación Jueces para la Democracia, será designado por el próximo Consejo de Ministros fiscal general del Estado en sustitución de Jesús Cardenal, informaron fuentes gubernamentales. El nuevo fiscal general del Estado accede al cargo apenas unos días después de que seis miembros del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial le negaran su voto y optaran por apoyar a Pascual Sala como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

El nombramiento fue confirmado anoche a este periódico en fuentes del Ejecutivo, que subrayaron "la veteranía, la autoridad jurídica y la trayectoria de credibilidad al servicio del interés público" de Conde-Pumpido. Las mismas fuentes insistieron en que la ejecutoria de Conde-Pumpido demuestra que no va a estar "al servicio del Gobierno ni del partido del Gobierno, lo que va a marcar la diferencia con la situación de la que salimos", en alusión a la sintonía del depuesto Jesús Cardenal con el Ejecutivo del Partido Popular.

Nacido en A Coruña en 1949, casado y con tres hijos, Conde-Pumpido ha sido uno de los referentes de la asociación progresista Jueces para la Democracia y uno de los magistrados más jóvenes al acceder al Supremo, al que llegó a propuesta del sector progresista del Consejo del Poder Judicial.

Durante su etapa en la Sala de lo Penal del Supremo, votó en contra de que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, fuese llamado a declarar como testigo en la instrucción del caso GAL. Posteriormente, en 1998, tras la vista del juicio contra la cúpula de Interior, votó a favor de la condena del ministro José Barrionuevo y del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, que fueron sentenciados a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey. Barrionuevo y Vera fueron indultados por el primer Gobierno de Aznar tras pasar tres meses en la cárcel de Guadalajara.

Conde-Pumpido, que ha pasado toda su trayectoria de magistrado en la jurisdicción penal, pertenece a una extensa familia de juristas en la que su padre, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, ejerció como teniente fiscal del Tribunal Supremo, es decir, como número 2 de la Fiscalía General del Estado, en los primeros años de la transición.

Los años duros

Ingresó en la carrera judicial en 1974 y, tras ejercer en Puebla de Sanabria (Zamora) y O Carballiño (Ourense), ascendió a magistrado en 1981 y ejerció en la Audiencia de San Sebastián.

Fue allí donde se fogueó como juez del País Vasco en los años duros del terrorismo. Allí coincidió con otros jóvenes jueces que apostaron por la permanencia en Euskadi cuando lo habitual entonces era solicitar el traslado a la primera oportunidad a demarcaciones menos convulsas. Uno de sus compañeros de entonces fue Juan Alberto Belloch, después ministro de Justicia e Interior y hoy alcalde de Zaragoza.

Eran los años del comienzo de la guerra sucia contra ETA en el sur de Francia y Conde-Pumpido fue uno de los primeros jueces que condenó a personajes relacionados con aquellas prácticas, como el comisario Manuel Ballesteros, a propósito del ametrallamiento, el 23 de noviembre de 1980, del bar Hendayais, en el sur de Francia, que produjo tres muertos y nueve heridos.. Ballesteros fue posteriormente absuelto por el Tribunal Supremo.

Con el caso Hendayais adquirió la experiencia que en 1984 le llevó a condenar por torturas a los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo. Éstos fueron luego condenados por la Audiencia Nacional, junto con el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por el secuestro y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Conde-Pumpido fue nombrado presidente de la Audiencia de Segovia en 1985, hasta que diez años después fue designado para el Tribunal Supremo. Tanto en Guipúzcoa como en Segovia, este magistrado compatibilizó su ejercicio jurisdiccional con la docencia universitaria. Muy interesado por el problema de la droga, ha participado en simposios nacionales e internacionales sobre el problema.

Conde-Pumpido será nombrado en el Consejo de Ministros del viernes, gracias a los oficios de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que solicitó al presidente del Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando, contar a la mayor brevedad con los preceptivos informes sobre nombramiento y cese del fiscal general del Estado previstos en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Hernando convocó en la noche de ayer un pleno extraordinario para la tarde del jueves, que se pronunciará sobre la idoneidad de Conde-Pumpido para desempeñar el cargo. Una vez emitido el informe, Conde-Pumpido será nombrado por el Consejo de Ministros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de abril de 2004