Derecho a la vida y a la libertad

En lo que llevamos de año, 16 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas: una muerta por semana. De las 81 víctimas del año 2003, 65 fueron asesinadas por su pareja. Mujeres brutalmente apuñaladas, golpeadas, tiroteadas, apedreadas, quemadas, lanzadas por el balcón, atropelladas... Son los datos judiciales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, impulsado por el CGPJ con otras instituciones.

Además de violarse el derecho fundamental a la vida, otros derechos constitucionales son diariamente quebrantados: el derecho a la integridad física y a la libertad de miles de mujeres. En el año 2003 se presentaron 50.090 denuncias por actos violentos en el seno familiar, el doble de las presentadas en el 2001. Este panorama no es muy diferente al de otros países: es una lacra universal. Unicef sitúa en un 20% la población femenina que sufre algún tipo de violencia: muertes, malos tratos físicos y psíquicos, agresiones sexuales y ablaciones genitales. Ni siquiera estas desoladoras cifras expresan la magnitud del problema, al ser un tipo de violencia que no emerge en su totalidad. Los estudios realizados por el Observatorio sobre las muertes violentas en los tres últimos años revelan que en un 75% de casos la víctima no había presentado ninguna denuncia previa. Sin duda alguna, estas cifras encubren una realidad más espeluznante: es el crimen más encubierto y más numeroso en el mundo, tal y como se afirmó en la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín, celebrada en 1995 a instancias de la ONU.

La ardua tarea y la compleja solución obligan a que se trate como una cuestión de Estado

La violencia que sufren las mujeres en el ámbito familiar es violencia de género, es decir, por ser mujeres, y es fruto de las relaciones de dominio y sumisión que han ejercido secularmente los hombres sobre aquéllas. La causa fundamental que provoca esta violencia reside en los patrones culturales machistas discriminatorios hacia la mujer y en un modelo de sociedad que la sitúa en situación de inferioridad.

Desde hace años, por fortuna, ha dejado de ser una cuestión privada. En tanto que afecta a la dignidad de la mujer como persona, los poderes públicos han decidido combatir esta lacra social. Así, por el poder legislativo se aprobó por unanimidad la ley reguladora de la Orden de Protección el pasado 31 de julio, que está comportando que más de seis mil mujeres estén mejor protegidas, aunque quizá no suficientemente, como demuestran dolorosas y recientes excepciones. La reciente creación del Registro Central de Medidas va a posibilitar que jueces, fiscales y Policía Judicial sean más eficaces en la prevención y castigo de estos actos violentos. La modificación del Código Penal, que ha convertido en delito las faltas en materia de violencia doméstica, comportará mayores efectos disuasorios. El seguimiento mediante brazaletes electrónicos, a partir del 1 de octubre próximo, de los condenados por estos delitos aumentará la eficacia del control del alejamiento.

Desde el Observatorio estamos actuando en el ámbito de la Administración de justicia. El seguimiento y estudio de más de doce mil resoluciones y sentencias por un grupo de expertos posibilitará evaluar la aplicación judicial de las leyes. Además, con ello se potenciará la coordinación de los jueces, fiscales, Policía Judicial y el resto de administraciones públicas, porque es prioritario conocer dónde y cuándo se producen errores a fin de subsanarlos.

Pero todas estas medidas no han sido suficientes. Para empezar, la Orden de Protección no llevó aparejada una dotación económica que la hiciera efectiva en el terreno de las ayudas sociales y en el de la seguridad de las víctimas. La falta de efectivos policiales para garantizar el control y vigilancia de las medidas de alejamiento decretadas por los jueces es una realidad preocupante. Sin embargo, la nueva andadura política que se inicia permite abrigar nuevos y esperanzadores cambios. El primer Gobierno paritario en España patentiza que las políticas de igualdad se abren camino. El compromiso electoral del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que la primera ley que aprobará el Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento será la Ley Integral contra la Violencia de Género es un hecho de gran trascendencia política. Su objeto es intervenir de forma global e integral en el ámbito de la prevención, educación, protección y reparación de las víctimas. Se establecen para éstas nuevos recursos: preferencia en la adjudicación de la vivienda pública y en planes de empleo, asistencia jurídica gratuita y especializada, ayudas sociales, creación de centros de reinserción personal. Se proponen medidas en el ámbito educativo para intervenir desde el origen de la violencia. Y, entre otras: medidas en el ámbito de la publicidad, al considerar ilícita la que presenta el cuerpo de la mujer asociado a un producto publicitario. Además, se proyecta coordinar las actuaciones de la Administración central, autonómica y local. El anuncio de la creación de una Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género demuestra que este tema será una prioridad política.

La ardua tarea y la compleja solución que requiere esta lacra social obliga, en mi opinión, a que se trate como una cuestión de Estado, al igual que el terrorismo y la política exterior. Teniendo en cuenta el rechazo social tan activo y creciente experimentado por la sociedad española, procedería promover un gran consenso social y político para lograr un objetivo, nada utópico: la plena erradicación de la violencia doméstica para lograr el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

Montserrat Comas d'Argemir, magistrada, es vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.