La huelga de los túneles de Artxanda cumple un mes sin ninguna perspectiva de solución
La empresa y los trabajadores no han vuelto a reunirse desde hace casi tres semanas
El cierre por huelga de los túneles de Artxanda, la autovía de peaje que proporciona una vía directa entre Bilbao y su aeropuerto, tiene todos los visos de proseguir a corto plazo. Al cumplirse hoy un mes del inicio del paro indefinido de los 40 trabajadores, no hay ninguna perspectiva de solución: la empresa y los sindicatos no han vuelto a reunirse tras la segunda cita celebrada desde el inicio de conflicto, hace casi tres semanas. El Gobierno vasco mantiene su postura de no decretar servicios mínimos, pese a las exigencias de la Diputación de Vizcaya, propietaria de la autovía, otorgada en régimen de concesión durante 50 años a un consorcio de empresas encabezado por Europistas y la BBK.
"No hay nada nuevo", recalcó ayer un portavoz de la concesionaria, que no ha variado su propuesta de incrementos salariales de un 12% para este año y un 9% en los dos siguientes. Los trabajadores reclaman que sus sueldos se equiparen con los de los empleados de la autopista A-8, lo que supondría duplicar sus actuales salarios.
"Si no tienen intención de negociar, pues nada, seguiremos. A ver quién se cansa antes", comentó un portavoz sindical, quien agregó que los trabajadores de los túneles "están expectantes". Ayer volvieron a concentrarse junto a la sede de la empresa, a la entrada de la autovía en el barrio bilbaíno de Deusto.
El paro ha obligado al cierre de la vía, tras descartarse la opción de un tránsito gratuito, dado que, al tratarse de túneles, es necesario disponer de un servicio de seguridad. A esta tarea se dedican 19 empleados, mientars que los 21 restantes son cobradores. Responsables del Ayuntamiento bilbaíno y la Diputación vizcaína han planteado que, al menos, haya servicios mínimos para las tareas de seguridad o en las horas punta.
La clausura de los viales -los dos túneles de pago que conectan Bilbao y el aeropuerto y el tercero, de libre acceso, que une los barrios de Ugasko y La Salve- ha tenido una gran incidencia en el tráfico desde y hacia Bilbao, especialmente en las conexiones con la Margen Derecha. Hasta el paro, de lunes a viernes transitaban por los viales de pago entre 15.000 y 17.000 vehículos diarios, a los que se unen otros 15.000 en el túnel de libre acceso.
El consistorio de Bilbao ha afirmado que el tráfico en el interior de la ciudad ha crecido de forma ostensible y ha aportado cifras de un 30% de subida en zonas como el puente de Deusto. Formaciones como el PP han asegurado que ese porcentaje se queda incluso pequeño. La llegada de las vacaciones de Semana Santa ha mitigado las retenciones, pero a partir de la próxima semana se prevén nuevos atascos. Y es que los túneles de Artxanda son una de las tres nuevas autovías construidas en el último lustro para desatascar los saturados accesos a Bilbao por la A-8.
El paro está causando cuantiosas pérdidas económicas a la concesionaria de la vía, que rondan los 18.000 euros diarios, es decir, que a fecha de hoy superan los 550.000 euros.
La Diputación, que durante las primeras semanas presionó al Gobierno vasco para que implantase servicios mínimos, se ha resignado al rechazo manifestado y mantenido por el Departamento de Empleo. "No hemos vuelto a hacer más gestiones", reconoció ayer un portavoz foral después de que la pasada semana el diputado de Urbanismo, Patxi Sierra-Sesumaga, admitiese que "no tiene sentido" proseguir con las exigencias de servicios mínimos.
Empleo mantiene inalterable su postura. "No se dan las condiciones necesarias que requiere la ley, aunque somos conscientes del perjuicio a los ciudadanos", asegura un portavoz de la consejería. El departamento reitera que los túneles no son un servicio esencial, existen otras alternativas de carreteras y, como ha insistido el consejero, Joseba Azkarraga, "es necesario respetar el derecho a la huelga de los trabajadores".
La construcción de esta autovía, de apenas tres kilómetros en sus tres túneles, requirió más de 95 millones de euros, sufragados por el consorcio de empresas de la concesionaria a cambio del cobro del peaje, una media de un euro por viaje.
Otros cuatro largos conflictos
El comienzo del año ha supuesto la proliferación de conflictos laborales con un denominador común: la búsqueda de equiparación salarial de trabajadores subcontratados con los de las empresas que los emplean.
Varios de ellos duran ya tres meses, como el de la limpieza de los edificios y dependencias públicas de Basauri, que ha obligado al cierre de polideportivos y causado problemas en los colegios. El paro, iniciado el 13 de enero, se ha mantenido ininterrumpido salvo un lapso de dos semanas, en que fue suspendida por orden judicial debido a un error en la convocatoria del paro.
El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia sufre una situación parecida. Todos sus trabajadores subcontratados -unos 280, casi tantos como la plantilla de la entidad- iniciaron un paro el 26 de enero, también en exigencia de la equiparación salarial.
Este conflicto llegó a poner en riesgo el medio ambiente, porque el inicial rechazo de los subcontratados a realizar servicios mínimos colocó a las depuradoras del Consorcio al límite de su capacidad y a punto de tener que verter lodos tóxicos a los ríos. La prolongación del paro ha llenado de nuevo las depuradoras y los sindicatos aseguran que ya se han realizado vertidos, lo que el Consorcio niega.
Hay otros conflictos menos conocidos, como el de los empleados de limpieza de la residencia San José de Erandio, en paro desde el 31 de diciembre, y que han vuelto al trabajo tras una sentencia que han recurrido. O el de los jardineros de Irún, en huelga desde hace un mes.
Dentro de este panorama, destaca como contrapunto el acuerdo alcanzado el 5 de abril en las contratas de limpieza de los edificios del Gobierno vasco en Bilbao y Sestao. Tras una subida gradual desde ahora, lograrán en 2003 una equiparación salarial con la plantilla del Ejecutivo en 2006. "Se ve que una Administración como el Gobierno acepta la equiparación", señala el dirigente de ELA Daniel Gómez.
En cambio, Ibon Areso, presidente del Consorcio de Aguas, habla de discriminación entre los subcontratados. "¿Por qué sí [a la equiparación] para los que trabajan para una Administración pública y no para los que lo hacen para una empresa privada?", se pregunta.
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