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El TSJA cifra en un 60% el aumento de las causas judiciales por violencia doméstica en 2003

Las denuncias presentadas ascendieron a 7.121, de las que 797 fueron retiradas

Las denuncias judiciales presentadas en Andalucía por violencia doméstica ascendieron el año pasado a 7.121, lo que supone un incremento del 60% respecto a 2002, según reveló ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo. En la presentación de la memoria del alto tribunal andaluz, Méndez de Lugo aseguró que estos datos son "escalofriantes" y que hay que combatir el problema desde distintos frentes, no sólo desde el penal. De las 7.121 denuncias presentadas, las víctimas retiraron 797, el 11%. El TSJA destaca que la demora en la celebración de los juicios hace que muchas víctimas se retracten por la "presión psicológica" del agresor y del entorno social o familiar.

La memoria del TSJA hace un balance anual del funcionamiento de la justicia en Andalucía en el que, además de datos estadísticos, se apuntan los fenómenos más relevantes a los que se enfrentan los jueces en su tarea diaria. La violencia doméstica acapara un capítulo de la memoria y en él se da una señal de alarma ante este problema, con autocrítica incluida. "La contundencia en la respuesta judicial frente a este fenómeno y el compromiso de jueces y tribunales para atajar de inmediato estas gravísimas conductas no han sido suficientes", reza la memoria del TSJA, que añade que se trata de "un fenómeno de hondas raíces que requiere del esfuerzo unánime de toda la sociedad".

Méndez de Lugo demandó una acción conjunta de los poderes públicos para hacer frente a este problema, ya que para erradicar la violencia doméstica no basta "con soluciones en el ámbito represivo y de protección penal" y que es preciso hacer hincapié también en ámbitos de actuación "tan relevantes como el social, el educativo y el laboral".

La memoria del TSJA señala que la violencia doméstica afecta a toda la sociedad, "con independencia del nivel cultural, social o económico", aunque añade que es "constatable que existe mayor riesgo de violencia allí donde existe una marcada desigualdad social y dependencia económica de la mujer". "Afecta a todos los miembros de la familia (también a los hombres, menores, ascendientes) aunque, sin duda, su principal víctima es la mujer (esposa, pareja o hija", añade la memoria.

Méndez de Lugo recordó que el año pasado murieron en España 103 personas por violencia doméstica, 81 de ellas mujeres. En Andalucía fallecieron un total de 18 personas por violencia doméstica. El TSJA apunta como un elemento "preocupante" el hecho de que "los patrones de educación y socialización tienden a reproducir en los más jóvenes, con asombrosa persistencia, los esquemas de dominación de la mujer por el hombre".

Desde el punto de vista penal, la memoria del TSJA subraya que la lucha contra la violencia doméstica es mucho más eficaz cuando el caso se juzga como un delito y no como una falta. "La dificultad de los juicios de faltas para resolver los problemas de la violencia doméstica se deben a que, dada la tardanza en la celebración del juicio, es muy frecuente la retractación de la denuncia formulada", afirma la memoria.

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Por este motivo, el TSJA defiende la necesidad de dar una respuesta judicial inmediata a estos casos. "El enjuiciamiento rápido de este tipo de delitos acabará con las numerosas retractaciones, pues la inmediatez de la respuesta judicial resulta imprescindible para provocar en los agresores la reflexión, el temor y, finalmente, el abandono de las conductas violentas", asegura la memoria del alto tribunal. Además, el TSJA subraya que es necesaria una mayor coordinación de las partes implicadas para que se cumplan correctamente las órdenes judiciales de protección a las víctimas, una medida que entró en vigor en agosto del año pasado. Desde esta fecha hasta el 31 de diciembre, se pidieron 1.208 órdenes de protección y se concedieron 990 (82%).

La memoria del TSJA también pone de manifiesto que Andalucía fue la comunidad en la que más juicios rápidos, que empezaron a funcionar en abril de 2003, se celebraron el año pasado: 24.302. El TSJA valora el funcionamiento de los juicios rápidos, aunque hace algunas advertencias. En este sentido, señala que la comisión mixta de seguimiento de los juicios rápidos ha alertado acerca de de la necesidad de facilitar a abogados y procuradores en el menor tiempo posible el atestado policial y demás medios de prueba para garantizar la plenitud del derecho a la defensa; ha sugerido la revisión la organización y coordinación del turno de oficio de los abogados y la mejora de sus retribuciones y ha constatado el "peligro" de que un importante volumen de los recursos humanos y materiales de los juzgados se destinen al funcionamiento de estos juicios, lo que puede propiciar que se "descuiden" otros asuntos, especialmente en los juzgados mixtos (de instrucción y primera instancia).

La memoria también constata que por primera vez desde 2000, los asuntos incoados por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA en materia de extranjería han disminuido (un 21%). La memoria apunta como hipótesis que hay un desplazamiento de los extranjeros en "situación irregular" a otras provincias.

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