La Audiencia de Pamplona juzgará el 8 de junio por cohecho a Urralburu y Otano

Ocho años después de su apertura, el denominado caso Otano tiene ya fecha de juicio. La Sección Segunda de la Audiencia de Pamplona iniciará el próximo 8 de junio las sesiones del juicio oral contra los ex presidentes navarros Gabriel Urralburu y Javier Otano, ambos socialistas, sus esposas, Olivia Balda y María Teresa Arcos, respectivamente; el ex consejero de Industria Antonio Aragón y su esposa, Isabel Romeo; Jorge Esparza y el abogado madrileño Agustín Guardia Palau. Todos ellos están acusados de cohecho en diferentes grados de autoría.

La única acusación en el proceso la ejercerán 129 ciudadanos navarros. La Fiscalía no acusa al considerar que no existen pruebas suficientes de la comisión de ningún delito, mientras que la acusación particular que promovió Batasuna ha quedado finalmente excluida por la ilegalización de esta formación.

El tribunal deberá determinar el grado de responsabilidad de los ocho imputados en el presunto cobro en 1989 de una comisión de algo más de un millón de euros por la venta de la factoría Safel (antigua Super Ser) a la multinacional alemana Bosch Siemens, una operación cifrada globalmente en 30 millones de euros.

Urralburu, entonces presidente del Gobierno navarro, y su consejero de Industria, Aragón, se enfrentan a sendas peticiones de cuatro años y dos meses de cárcel como autores de un presunto delito de cohecho. Para el resto de los acusados se solicitan multas de 6.000 euros en calidad de encubridores del mismo delito.

Es más que probable que en el banquillo de los acusados sólo se sienten Urralburu y Aragón, dado que, en función de las penas solicitadas por la acción popular, el resto de los imputados no están obligados a comparecer físicamente en la vistas oral.

La investigación del caso comenzó en junio de 1996. El rotativo Diario de Navarra reveló la existencia de una cuenta bancaria en Suiza cuyo titular era el entonces presidente foral, el socialista Javier Otano, sustituto de Urralburu, quien había tenido que dimitir por su implicación en el escándalo de Luis Roldán. Por esa cuenta, abierta en el banco suizo CBI-TDB a nombre de Otano y de su esposa, había pasado parte del dinero presuntamente pagado por Bosch Siemens. El consorcio germano ingresó entre los años 1989 y 1990 un total de 1,9 millones de euros en tres cuentas bancarias.

Otano dimitió y el tripartito que presidía, formado por los socialistas, CDN y EA, saltó por los aires, abriéndose una profunda crisis política en la comunidad foral que finalizó meses después con la llegada a la presidencia del regionalista Miguel Sanz.

Los abogados defensores lucharon por impedir que se celebrase el juicio y han pedido la absolución de todos los implicados. Algunos letrados consideran que, en todo caso, el delito habría prescrito y estiman que el tribunal se enfrenta a un ejemplo de cosa juzgada, al entender que el presunto pago de esta comisión correspondió al juicio del caso Urralburu. En 2001, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Urralburu a cuatro años de prisión por un presunto delito continuado de cohecho por cobrar comisiones en la adjudicación de diversas obras públicas. Antonio Aragón fue condenado entonces a tres años y ocho meses de cárcel y sus respectivas esposas, a tres años cada una. En esa misma causa fueron condenados a tres años de cárcel Esparza y el ex director general de la Guardia Civil. Todos ellos han cumplido ya sus penas.

Los jueces entienden que estos aspectos procesales deberán ser abordados al inicio de la vista oral, que está previsto que se prolongue entre los días 8 y 11 de junio.

Los sucesivos titulares del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona han sido los encargados de investigar los hechos. La juez concluyó la instrucción en junio de 2002. La personación de la entonces Herri Batasuna en la causa se remontaba al año 1998.

Excepto el abogado Guardia Palau, los demás imputados fueron titulares de cuentas suizas por las que pasó un dinero al que se le perdió la pista entre 1994 y 1995, cuando la cuenta, ya entonces a nombre exclusivamente de la esposa de Otano, fue vaciada.

La banquera suiza Briggitte de Senarclens Aubert declaró en comisión rogatoria que el dinero viajó en varios maletines desde Suiza hasta el despacho madrileño de Guardia Palau, quien niega esa imputación.