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Quality Food pagó a militares y funcionarios de Defensa comisiones ilegales, según un informe

Los antiguos propietarios entregaron casi 800.000 euros a cambio de contratos de suministros

La empresa Quality Food, participada mayoritariamente por la Zona Franca de Cádiz, pagó comisiones ilegales a militares y funcionarios del Ministerio de Defensa por valor de casi 800.000 euros a cambio de conseguir contratos de suministros de alimentos. Este es el hecho más grave que denuncia un informe interno de la Zona Franca que acusa a los antiguos propietarios de esta sociedad, dedicada a los servicios de alimentación y catering, de la comisión de más de una veintena de irregularidades. El estudio alerta además de anomalías en los contratos con los comedores de colegios públicos dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia, y de gastos cercanos a cinco millones de euros de "dudosa" justificación.

Desde la fundación de Quality Food en 2000, el Ministerio de Defensa se convirtió en su principal cliente. De hecho, los contratos de suministro de alimentos y comidas a los cuarteles de toda España representan el 60% de los ingresos y la facturación de Quality. Estos servicios pueden rondar los 600.000 euros mensuales. El informe sobre Las presuntas irregularidades en la Corporación Alimentaria Quality, elaborado por el equipo de dirección del Grupo Zona Franca, sostiene que los hechos "más graves" detectados radican en la existencia de "una caja B de la compañía cuyos fondos eran utilizados para el pago irregular de personal funcionario y laboral del Ministerio de Defensa que prestaba servicios para la empresa". Estos pagos son considerados por Miguel Osuna, Delegado Especial de la Zona Franca, del PP, como "comisiones ilegales".

Según el informe, hay un "exceso de facturación" por importe de 789.417 correspondientes a las Regiones Militares Pirenaica, Baleares y Sur. "Se observa una diferencia entre el número de plazas a facturar según los partes de cocina y las facturas emitidas por las sociedades", afirma el estudio, que añade: "Este exceso de facturación se va compensando parcialmente con compras realizadas (...) como Compras Comerciales de Defensa y que no cuentan con albaranes de entrada de mercancía en el almacén de la sociedad".

Comunicación a Defensa

Osuna hizo ayer público este informe que "ratifica", a su juicio, una denuncia previa que él realizó hace meses. La "gravedad" de estos hechos ha llevado a la Zona Franca, explicó Osuna, a comunicar estas prácticas de militares y funcionarios del Ministerio de Defensa a "altas instancias y autoridades militares para que depuren las responsabilidades pertinentes".

Asimismo, el informe alerta de que otra de las fuentes principales de ingresos de Quality, los comedores de los colegios públicos, "tampoco están exentos de irregularidades". Según el estudio, algunos colegios, especialmente de la Sierra de Cádiz y el Campo de Gibraltar, incrementaron mensualmente en un 10% el precio del menú mediante el aumento del número real de comensales, incluyendo incluso como comensales personal de apoyo que aportaba Quality para controlar a los alumnos.

El estudio advierte de que durante la gestión de los antiguos propietarios se ejecutaron gastos muy elevados, que rondan los cinco millones de euros, de "dudosa y difícil justificación". Son dos millones como "inmovilizado inmaterial" en los ejercicios 2001 y 2002; otros 2 millones por "niveles altos de facturación" entre empresas de Quality y empresas del entorno familiar de Manuel García Gallardo; 600.000 euros facturados por la transferencia de tecnología entre Quality Food y Quality Fish para la elaboración de dietas alimenticias, así como otras cantidades más pequeñas por facturas fraccionadas de "gastos injustificados". "Además hay muchos gastos en tarjetas de crédito que no están justificados y que son muy difíciles de cuantificar", añadió Osuna.

Otras irregularidades versan sobre la existencia de pantallas fiscales que encubrían "falsas" ampliaciones de capital que no fueron ejecutadas; contratos de directivos con elevadas indemnizaciones que no están reguladas por ley, u operaciones bancarias con una entidad que despiertan "dudas razonables" y que han sido comunicadas a la dirección regional del banco con el que operaba Quality en San Fernando.

Para Osuna, estas denuncias "avalan" las cinco demandas civiles que ha interpuesto el recinto fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, contra el ex presidente de esta sociedad, Manuel García Gallardo, ex militante del PP, y contra familiares y colaboradores suyos por la desaparición de 2,7 millones de euros de la empresa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de abril de 2004