El sexo por montera

Erradicar la prostitución es ilegítimo e inútil. El alquiler del cuerpo propio es un derecho personal como lo ha de ser el aborto, el suicidio o la eutanasia. Su propósito de erradicación es coercitivo y condenado al fracaso, ya que siempre habrá oferta y demanda. Sin embargo la semana pasada el Ayuntamiento puso en marcha una operación bautizada por Ana Botella como "plan contra la esclavitud sexual". Este dispositivo, que pretende acabar con la prostitución en la calle Montera, consiste, por un lado, en expulsar de España a los proxenetas extranjeros que no tengan papeles y, por otro, en ofrecer a las más de setenta prostitutas de Montera programas personalizados de reinserción laboral y apoyo psicológico. Las que tengan papeles recibirán además una renta mínima de inserción de 300 euros mensuales, mientras que las indocumentadas tendrán la oportunidad de volver gratis a su país. Si deciden quedarse no se les aplicará la Ley de Extranjería.

Los vecinos de la calle Montera llevan años protestando contra la prostitución callejera. Argumentan que algunas chicas hostigan a los viandantes, ensucian las aceras, tapan los escapares y, sobre todo, atraen a proxenetas camorristas y demás hampa. El Ayuntamiento debe escuchar las demandas de los vecinos pero también las de las prostitutas, que no protestan por su profesión, sino contra las condiciones en que la practican. De momento, ninguna profesional del sexo quiso denunciar a los proxenetas para entrar en el programa de testigos protegidos ofertado por el Ayuntamiento y sólo cuatro han aceptado volver gratis a su país.

La lucha contra el abuso y la explotación del proxeneta es una labor obligatoria. La ley no prohíbe la prostitución, pero condena al chulo. Aunque esta medida debería, en cualquier caso, ser un esfuerzo más del Ayuntamiento para ayudar a la meretriz, para proteger su opción de cobrar sin intermediarios si así lo decide y, sobre todo, para amparar su integridad física y psicológica. Esto sería lo adecuado, y no un plan de erradicación de la prostitución ni de acoso al cliente, que es fichado por la policía junto con la prostituta y el proxeneta. El fin no debería ser acabar con esta profesión, sino liberarla de sus extorsionadores y sus desatenciones médicas y legislativas. En esta línea quiere progresar la Generalitat, que la semana pasada se comprometió a legalizar la prostitución y dar a las meretrices cobertura social, es decir, un amparo "jurídico y profesional" que las pertreche de defensas legales y las blinde de vejaciones. Incluso el Tribunal de Justicia de Catalunya ha reconocido, por primera vez, los derechos laborales de una chica de alterne que ya ha sido dada de alta en la Seguridad Social. La prostitución ha de ser entendida como una profesión, eso dignifica a la mujer, y no insistir en que su lícito oficio sexual es un oprobio intolerable.

Más allá de la crítica política que el PSOE e Izquierda Unida han hecho a la estrategia antiprostitución del PP acusándola de demagógica, propagandística y política-espectáculo, merece la pena escuchar a Hetaira, una asociación formada por mujeres prostitutas y no prostitutas que defiende su ejercicio como una opción voluntaria y legítima de las mujeres. Según su portavoz, este plan "va en contra de los derechos de las trabajadoras del sexo, porque no se puede hablar de esclavitud cuando una no se siente esclava". La semana pasada, Hetaira dio voz en una conferencia de prensa a quince meretrices de Montera que aseguraron que "el alcalde ha prevaricado porque ha tomado una medida a sabiendas de que es injusta: la prostitución no es ilegal y, por tanto, no puede ser reprimida".

Considerar la prostitución como un medio de subsistencia inaceptable y esclavo y tomar represalias contra los hombres que la demandan, como quieren hacer el PP y la Organización de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, no parece la mejor idea. Las iniciativas gubernamentales para ayudar a las meretrices son acertadas, pero siempre escuchando primero su voluntad. Es indudable que prostituirse no es grato, pero en muchos casos es una elección consciente que ha de ser respetada. La lucha debe ser por la defensa de esas garantías de independencia y voluntariedad, por la libertad, no por la censura, por que las mujeres tengan opción y autonomía para elegir una nueva profesión o seguir practicando la más vieja.