Los 'sin tierra' de Argentina

Un informe demoledor de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina desencadenó esta semana la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero y la detención del matrimonio Juárez, paradigma del caudillismo que detentó el poder en aquel territorio durante más de 40 años. El documento detalla la impunidad con la que se han violado los derechos más elementales en una provincia desconocida para la mayoría de argentinos. De los numerosos agravios, el informe presta atención especial a las amenazas y confiscaciones de tierras a los campesinos que las trabajan. Uno de los autores del informe es Pablo Lanusse, ex secretario de Justicia y actual interventor provincial, designado por el Gobierno federal.

La población campesina de Santiago del Estero es la más numerosa de toda Argentina. El 45% de los santiagueños trabaja en el campo. La política industrial ha brillado por su ausencia bajo el reinado de Carlos Juárez y de Mercedes Nina Aragonés de Juárez. Un ejemplo: la empresa sueca de camiones Scania renunció a abrir una planta en Santiago del Estero y se instaló en la vecina Tucumán, ante los obstáculos y elevados impuestos que exigía el Gobierno de Juárez.

La salida a la luz de los sin tierra argentinos tiene que ver con la existencia de un movimiento campesino vigoroso. El Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) nació a finales de los años ochenta. Hoy agrupa a unas 10.000 familias de seis miembros cada una, de promedio. Está organizado en ocho centrales repartidas en gran parte del territorio provincial y articulado con organizaciones campesinas de otras provincias como Jujuy, Córdoba, Mendoza, Misiones, Rioja y Buenos Aires.

Salvando las distancias, el Mocase tiene puntos en común con los sin tierra de Brasil. Su objetivo es la propiedad de la tierra, pero no el único. "Nos interesa proteger el monte para dejarlo en condiciones para nuestros hijos", dice Belindo Ávila, en el cuartel general del movimiento en la localidad de Quimilí, al este de la provincia. El problema viene de lejos. Entre 1890 y 1940, grandes extensiones de montes vírgenes santiagueños fueron devastadas y acabaron con el inmejorable quebracho colorado, usado para las vías férreas. Cuando el bosque se agotó, las empresas que explotaban la madera se marcharon y empezaron las grandes ventas de tierras. "Casi todas las operaciones, ventas, remates y subastas públicas se hicieron en Buenos Aires. El campesino se quedaba en Santiago del Estero y no se enteraba de las operaciones de compra-venta en las que se entregaba el título de propiedad, pero no la posesión", explica Luis Horacio Santucho, abogado del Mocase. "La posesión es más importante que tener papeles o títulos de dominio. Los campesinos son habitantes ancestrales de estos lugares. Los registros de la propiedad, la dirección de catastro de la provincia, la dirección de colonización, son entes que no tienen más de 100 años".

Los nuevos propietarios van a la policía con una escritura y una orden judicial, y tratan de expulsar a los campesinos que trabajan la tierra. "Cuando no existía el Mocase, llegaban directamente las excavadoras y procedían al desalojo. Ahora, los propietarios buscan un acuerdo que consiste en la entrega de una pequeña cantidad de tierras a los campesinos", dice Santucho.

Un ciclo húmedo que empezó en la última década ha provocado un corrimiento de la frontera agrícola. Tierras que estaban poco valoradas, en la periferia de la provincia, atraen a compradores ante la alta rentabilidad de la soja, que se ha convertido en el oro verde de Santiago del Estero. El cultivo intensivo de la soja transgénica, que demanda grandes extensiones de tierra donde se utilizan agroquímicos y fertilizantes prohibidos, ha provocado una gran controversia. Algunos especialistas aseguran que la eliminación de algunas plagas no impide que aparezcan otras, y advierten que el cultivo intensivo de soja no da respiro al suelo que acaba desertificándose. Otros sostienen que los efectos medioambientales del cultivo de la soja a gran escala todavía no se conocen.

El conflicto estaba cantado. La llegada de los nuevos propietarios con escrituras compradas en la capital provincial o en Buenos Aires tropezó con la resistencia de muchos campesinos que trabajan la tierra desde hace décadas. El Mocase ha denunciado la presencia de paramilitares armados en el campo. A 40 kilómetros de Quimilí, una veintena de campesinos expulsados monta guardia a las puertas de una propiedad de más de 2.000 hectáreas que ha sido adquirida por Carlos Morell, un empresario de la vecina provincia de Córdoba.