A vueltas con el progresismo

Los diputados de CiU no quieren que les llamen conservadores. Ayer, el único conato de bronca que se vivió en la reunión de la Comisión de Política Territorial celebrada en el Parlament se produjo cuando Roberto Labandera (PSC) llamó conservadora a la federación nacionalista. Josep Rull (CiU) le dijo de todo. Y en el fragor del debate, no se limitó a defender el progresismo de CiU frente al supuesto de los socialistas, a los que acusó hasta de ser los responsables de que las viudas cobren poco. Lo más chocante es que la proposición, presentada por CiU, fue aprobada por unanimidad, incluida una enmienda de los partidos que apoyan al Gobierno (PSC, ICV y ERC).

Lo que se debatía era la creación de una tarjeta que permitiera a los jubilados viajar en transporte público dependiente del Gobierno catalán con una tarjeta de precio único: 2,5 euros. Las fuerzas gubernamentales aceptaron el envite, pero pidieron tiempo (nueve meses) para evaluar el coste de la medida y si debería ser, como proponía CiU, universal o con alguna restricción.

Rull no dejó pasar la ocasión: "Nosotros proponemos la cifra de 2,5 euros para 10 viajes porque tenemos hecho el estudio de lo que costaría. ¿Cómo no lo tiene el Gobierno?". El coste de la medida sería de 18 millones de euros al año, aseguró más tarde Rull, citando un estudio de la Autoridad del Transporte Metropolitano.

La comisión aprobó montones de propuestas de CiU, en su mayoría con enmiendas de los partidos del Gobierno. A Rull se le escapó la sinceridad en un momento de los debates: "Aceptamos porque conocemos la aritmética parlamentaria". En esta ocasión se votaba una propuesta para evitar la especulación en la compraventa de pisos en el barrio de La Mina, en Sant Adrià. CiU quería que el Gobierno catalán se quedara con los que salieran a la venta para destinarlos a alquiler. Los socialistas y sus socios adujeron que hay un consorcio que es el que debe decidir. Propusieron evitar movimientos especulativos o, como dijo Carles Puigdomènech, apenas nada.

También se aprobó instar a las administraciones a celebrar los 75 años de la línea férrea Barcelona-Puigcerdà, con la idea evidente de impedir que paren las obras de mejora en esta vía.