El Supremo admite un recurso municipal contra el fallo que anuló 28 nuevos barrios

Hace 13 meses, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia que paralizaba el desarrollo de 28 nuevos barrios, con 180.000 casas, proyectados en las afueras de la ciudad. El Ayuntamiento recurrió en casación aquel fallo judicial, y ayer anunció que el Tribunal Supremo ha admitido el recurso. "Por tanto, los ámbitos afectados por la sentencia proseguirán el desarrollo previsto", afirmó el gobierno municipal en un comunicado. Ese desarrollo nunca ha sido paralizado, porque Urbanismo siempre ha mantenido que, mientras la sentencia del TSJM no sea firme, el Plan General de Ordenación Urbana que convirtió en urbanizables esos terrenos sigue vigente.

Los terrenos a los que se refiere la sentencia suman 7.000 hectáreas, y estaban calificados como "protegidos" por su valor ecológico, agrícola o forestal antes de que el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 los convirtiera en "urbanizables" y proyectara levantar en ellos 160.000 casas (finalmente serán 180.000). El PSOE recurrió varios puntos del plan general, y el 27 de febrero de 2003 el Tribunal Superior le dio la razón en uno de ellos: declaró que la conversión en urbanizables de esas 7.000 hectáreas no había sido suficientemente "motivada" por el Ayuntamiento.

El problema es que, para entonces, varios de esos 28 nuevos barrios estaban ya en una fase avanzada -fundamentalmente los del norte: Sanchinarro, Las Tablas y Monte Carmelo-, y el PSOE admitía que paralizar la construcción de las viviendas traería serios perjuicios para los compradores, los vendedores y la Administración (que tendría que afrontar indemnizaciones millonarias). Por eso, los socialistas pidieron la ejecución provisional de la sentencia, pero sólo en aquellos barrios que no hubiesen iniciado la fase de ejecución.

El TSJM aún no se ha pronunciado sobre esa petición, y por tanto los nuevos barrios nunca han estado paralizados. A su vez, el gobierno municipal presentó un recurso de casación contra la sentencia por considerar que la desprotección de los terrenos sí estuvo "motivada", y ese recurso es el que el Supremo ha admitido ahora a trámite. La sentencia definitiva podría tardar años.

"Lo que sí habría supuesto un cambio radical para el urbanismo madrileño es que el Supremo no hubiese admitido nuestro recurso, y que la sentencia del Tribunal Superior se hubiese hecho firme. Entonces, todo habría quedado paralizado", explicó ayer el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Zozaya. Es decir que, con la admisión del recurso, lo único que sucede es que todo sigue igual: en este último año el Ayuntamiento ha ido aprobando planes parciales y concediendo licencias de construcción, "y seguirá haciéndolo", dice Zozaya.

El gerente de Urbanismo afirma que, si el Ayuntamiento decidiera denegar cualquier licencia a la espera de la sentencia definitiva, estaría cometiendo prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), porque "la única legislación vigente en este momento es el Plan General de 1997, y es la que hay que aplicar".

El concejal socialista Félix Arias reconoce que mientras la sentencia no sea firme no hay nada que hacer, y que paralizar ahora la construcción de las viviendas sería contraproducente. Pero critica que el gobierno municipal "ignore la sentencia" de 2003 en lugar de crear un grupo de trabajo que busque "soluciones para cada barrio afectado". "¿Qué pasará si dentro de cuatro años el Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior y las casas ya están en pie? El PP no quiere pararse a pensar en eso", dice Arias.