Los abogados, ante las nuevas preocupaciones sociales

Hace dos siglos de la muerte de Kant, pero la vigencia del mundo que él iluminó enseñándonos a filosofar todavía da luz al campo del pensamiento, y desde luego, al campo del derecho. En su Metafísica del derecho nos dio Kant la más moderna versión de lo jurídico: la búsqueda de la libertad como arbitrio entre la libertad de uno y la libertad de todos.

En un mundo en el que felizmente impera la aspiración de vivir diariamente las libertades de nuestra avanzada civilización, tiene que acoplar de manera cotidiana el progreso científico y técnico a las pautas globales del Estado de derecho: democracia como sistema de selección de los titulares del poder, respeto a los derechos fundamentales como blindaje intocable de la dignidad de la persona e imperio de la ley para todos.

Hemos dedicado preferente atención a una red de atención a los ciudadanos

Madrid mismo es una ciudad construida sobre la emigración intranacional

Una profesión como la de abogado, tan cercana a las cosas que van mal a las gentes, a las cosas que preocupan a los ciudadanos, nos permite ver los perfiles y ribetes novedosos que a veces arrojan las tensiones y los conflictos de la ciudadanía. Ese análisis, expresado después del 11-M, ha de estar marcado, como todos lo estamos, por la pesadumbre, por la tragedia y por la indignada emoción de quienes estando tan cerca de la muerte estamos vivos para contarlo y para intentar enfrentarnos a tanta maldad como el terrorismo comporta. Hasta vencer.

No es pequeño el esfuerzo que los abogados hemos de hacer en esta materia. Por un lado, imponer el clima de serenidad que el debido proceso requiere. Por otra parte, conseguir que la defensa con todas las garantías permita también llamar justicia a la que se imparte a los terroristas, y además, hacer esto compatible con la expresión más rotunda de indignación y condena.

En la gran metrópolis, una sociedad poliédrica y variopinta acumula toda clase de tensiones y problemas. Algunas son nuevas y otras son simplemente presentaciones renovadas de los problemas de siempre.

Hace más de diez años, cuando todavía el fenómeno migratorio no había tomado ni la dimensión ni el porte problemático que hoy presenta, desde el Colegio de Abogados de Madrid dimos la voz de alarma sobre algo que ya se veía que podía llegar a suceder. Hoy nos encontramos ante una estadística que revela que el 6,7% de nuestra población es ya emigrante, alcanzando a igualar las cuotas de Francia y cerca ya de la de Alemania. Y la proyección a 20 años previene que se alcance hasta el 25%. Ninguna sociedad se puede permitir el lujo de que sea un problema convivir con el 25% de sus convecinos. La historia muestra que si la integración no se hace gradual y efectiva el final es racismo, xenofobia y conflicto. La diáspora, el holocausto, las deportaciones y las expulsiones nacieron de los fundamentalismos segregadores. Y, por cierto, nada solucionaron. La tragedia del volver a empezar en esta materia puede y debe ser evitada.

El Colegio de Abogados de Madrid tomó en su día conciencia de estas experiencias propias y de otros. Madrid mismo es una ciudad construida sobre la emigración intranacional. Desde hace mucho tiempo, a través de servicios de orientación jurídica y de facilitación de defensa de oficio, cuando aún los poderes públicos no habían reconocido esta necesidad, hemos venido facilitando la protección jurídica básica a estos colectivos, que todavía no se llamaban colectivos de exclusión, pero que eran objeto de profundas y nefastas marginaciones. Una vez que la persona inmigrante ha ingresado en el espacio nacional, las medidas que puedan tomarse frente a su posible situación de ilegalidad han de respetar en todo caso los factores emblemáticos de su dignidad: o sea, sus derechos fundamentales. El hecho de la extranjería nos presenta así la necesidad de que los abogados contribuyamos a depurar el marco jurídico que discipline y organice este problema, que es, otra vez hay que decirlo, una suma ingente de problemas personales marcados por la tragedia. En ese marco teórico, el tratamiento debe afrontar tanto el puro derecho de extranjería como el derecho de asilo y el derecho a la integración.

El Colegio de Abogados de Madrid ha asumido desde hace tiempo que los inmigrantes forman parte del bloque de los ciudadanos que han de beneficiarse de nuestro programa básico de "justicia para todos". Casi 350 abogados prestan 20.000 servicios de asistencia de alta especialización -incluso divididas las áreas de asilo y extranjería-, que se prosigue hasta la vía contenciosa. Y desde nuestros servicios de asistencia, que datan de antes de 1995, mediante convenios con las administraciones, se atiende y orienta a miles de inmigrantes en cuatro sedes diferentes, incluso en la puerta de entrada del país, como es el aeropuerto de Barajas.

Este fenómeno de la masificación de nuestra justicia es por sí mismo muy positivo y coincide además con la proclamación de la Constitución y el vuelco que todo nuestro ordenamiento jurídico sufre como consecuencia de la aplicación de la Carta Magna. Es, como se ve, ensanchamiento de la demanda de justicia porque se hace común y se extiende a todos la percepción de las libertades y la exigencia de los derechos.

Así que nuestra tarea es, como hace 400 años cuando nació el Colegio, que el abogado sea el guardián de la libertad del ciudadano y quien le defienda ante la justicia. Pero esa tarea debe partir de un punto esencial: que quienes no tengan medios para sufragar su propio abogado cuenten con uno que les defienda sin costo alguno para el justiciable. Sólo así se abre para todos por igual la puerta de la justicia. Sólo así se empieza bien el camino que nos haga a todos iguales ante la ley. Desde el momento inicial de la vigencia constitucional, el 1 de enero de 1979, los abogados madrileños, como todos los abogados españoles, nos propusimos que la asistencia letrada al detenido desde el primer momento de su detención consagrada en el artículo 17 de la Constitución Española marcara un punto de inflexión irreversible en el funcionamiento de los dispositivos policiales. Es nuestro orgullo proclamar la enorme eficacia que este principio ha tenido en la vida española.

En Madrid se practican al año casi 90.000 asistencias a detenidos en centros de detención, y ese momento crítico en el que la policía o la Guardia Civil cumple con su obligación de detener queda sujeto, por la propia presencia del abogado, a las pautas más estrictas del Estado de derecho.

El principio de "justicia para todos" requería y requiere de un turno de oficio de elevada calidad, pues sólo a través de esa calidad se equilibra el acceso a la justicia de quienes tienen medios con el de aquellos que no los tienen. Los abogados del Colegio de Madrid nos hemos propuesto hace años arrumbar los tópicos y las inercias en ocasiones despectivas sobre la calidad del turno de oficio. Por la propia condición de pobreza o indigencia del cliente hemos querido ser muy exigentes con la propia calidad de nuestro servicio: hemos implantado la capacitación previa; la especialización; la garantía de disponibilidad; la formación permanente... También en este orden de cosas, y dada la espectacular demanda de justicia de la ciudadanía en una sociedad avanzada, hemos dedicado preferente atención a los servicios de orientación jurídica especializados, creando una red de atención a los ciudadanos para que cuando se aproximan a la justicia, cualquiera que sea su problema, sean adecuadamente atendidos por abogados que les den una primaria orientación sobre el rumbo que deben tomar para resolver sus cuitas.

En el año 2003 se han atendido 115.000 consultas en los distintos servicios, lo unos de carácter general, los otros de carácter específico, como son los que se refieren a la mujer, el dedicado al mundo penitenciario, el dedicado a los menores, el dedicado a extranjeros y los de carácter municipal y de consumo.

La tensión enorme que a la sociedad de hoy le produce el problema de la violencia doméstica nos llevó a disponer ya hace mucho tiempo de equipos de letrados especializados y consultorios específicos desde los que llamábamos la atención de la sociedad y de los poderes públicos sobre la trágica situación de quienes estaban sujetas al maltrato y a la vejación en el ámbito más íntimo de su vida familiar, y además sufrían la terrible indefensión de quien ni siquiera podía proclamar su desgracia y reclamar protección.

Aún queda un tema de preocupación social especialmente sensible y respecto del cual se requiere una muy sentada reflexión. Me refiero al tema de los menores cuyas conductas fuera de la ley producen de un lado profunda conmoción social y de otro una cierta perplejidad en cuanto a cómo deba procederse para reprimirlas, prevenirlas y en su caso curarlas.

Tanto en el mundo jurídico como en el ámbito del poder político, habíamos llegado a una formulación legal que merecía general consenso y aplauso. (...) La Ley del Menor es la ley de la segunda oportunidad para los menores que hubieran fracasado en su primera salida a la vida.

Lamentablemente, una serie de casos extremadamente violentos y llamativos produjeron soluciones chocantes que ni la sociedad podía asumir ni tampoco cumplían con la eficacia reparadora y curativa que se esperaba de la ley. El texto legal está ahora muy cuestionado.

Esperamos que si ha de llegar una corrección o reforma de la Ley del Menor, sea ésta fruto de la maduración y no de la improvisación a golpe de episodios coyunturales.

(...) Los ejemplos de preocupaciones sociales a los que antes me he referido -emigración, violencia doméstica, acceso a la justicia, delincuencia juvenil ...- ponen de relieve la expresa necesidad de que los abogados seamos conscientes, todos juntos y cada uno a título individual, del papel crucial que desempeñamos a la hora de conseguir la paz social mediante el adecuado y firme ejercicio de los derechos.

Por eso, porque nuestro papel es crucial, tenemos que mantener la validez y eficacia de los principios básicos de nuestro ejercicio profesional, en tanto son elemento esencial del derecho de defensa para todos. Nos tenemos que reafirmar en que el secreto profesional es en los abogados un deber y en los ciudadanos un derecho; porque el quebrantamiento del sigilo lo que haría es dejar al justiciable inerme ante la justicia.

(...) Hay que referir siempre las patologías de las conductas individuales y las convulsiones de la convivencia -sean nuevas o viejas- a los valores más permanentes, y muy esencialmente al valor de la libertad, que es el que termina por explicar el continuado progreso de la peripecia humana.

Luis Martí Mingarro es decano del Colegio de Abogados de Madrid.