El Supremo confirma la condena de 4 años a un ex consejero de Zaplana

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a cuatro años de cárcel por malversación y falsificación a Luis Fernando Cartagena, ex alcalde de Orihuela y ex consejero valenciano de Obras Públicas bajo la presidencia de Eduardo Zaplana. Cartagena se apropió de una donación de 49.000 euros de una congregación religiosa al Ayuntamiento de Orihuela, luego contó con la complicidad del empresario Ángel Fenoll, condenado a un año de cárcel.

Luis Fernando Cartagena accedió a la alcaldía de Orihuela (Alicante) en 1986 mediante una moción de censura. Desde ese cargo se convirtió en uno de los hombres fuertes del PP de la Comunidad Valenciana. En 1995, Cartagena fue nombrado consejero de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, pero vio truncada su carrera política por otra cuestión judicial: en marzo de 1998 presentó la dimisión tras ser imputado en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, investigación judicial no concluida seis años después -el procedimiento abierto está pendiente de remitir a los juzgados de Orihuela desde la Audiencia Nacional-. Según el fiscal, Cartagena suscribió fondos de espaldas al fisco por más dos millones de euros.

La decisión del Tribunal Supremo cierra por el momento el episodio judicial abierto contra el ex alcalde oriolano por el caso de las monjas. La Audiencia de Alicante, con sede en Elche, condenó en marzo de 2002 al ex alcalde de Orihuela por la utilización ilícita de 49.081 euros procedentes de la liquidación del Hospital Municipal San Juan de Dios, que gestionaba una congregación religiosa. El tribunal consideró probado que Cartagena, "en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, recibió del concejal de Servicios Sociales la cantidad de 6.166.426 pesetas, con fecha de abril de 1993, más otros dos millones de pesetas del 11 de mayo de ese mismo año".

Este dinero fue entregado por la hermana Bernardina, de la Comunidad de Hermanas de la Beatísima Virgen del Monte Carmelo de Orihuela, y acabó en manos de Cartagena que, "en vez de proveer el trámite reglamentario para su ingreso en las arcas municipales, lo hizo suyo con intención de propio beneficio". La sentencia consideró probado que posteriormente, en 1998, para lograr una coartada encargó a su amigo, el empresario Ángel Fenoll, que emitiera tres facturas por unas supuestas obras de rehabilitación de viviendas, cuyo montante coincidió con la cantidad entregada por las monjas al Ayuntamiento.

A pesar de los 17 motivos de casación presentados por la defensa, el Supremo considera que el proceso judicial garantizó los derechos de los acusados, puesto que "tuvieron en todo momento conocimiento de los hechos que les fueron atribuidos, así como los delitos que se les imputaron con base a aquéllo, pudiendo ejercer su derecho de defensa". La Sala de lo Penal señala la serie de indicios que permitieron concluir que Cartagena "tenía el dominio funcional y ostentaba la capacidad o poder de disposición sobre los fondos públicos, caudales que han desaparecido y de cuyo destino no se ha dado explicación suficiente", y concluye que se apropió con ánimo de lucro de los caudales públicos.

Luis Fernando Cartagena anunció ayer su intención de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, presentará la petición de indulto al Consejo de Ministros para evitar su inmediato ingreso en prisión. El empresario Ángel Fenoll, amigo personal de Cartagena y afín al Partido Popular -Fenoll acumula una condena por comprar votos por correo para el PP- expresó su confianza en la justicia. Su letrado también anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.