Las televisiones privadas acusan a las públicas de competencia desleal
En cinco años se otorgaron en la UE 82.200 millones en ayudas de Estado
![Gabriela Cañas](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fe2ef923b-1fb5-40d3-a83a-f8e22e6aaa96.png?auth=e38266807565ed5e93a4dcac350ef8ca70270dc6216112a4322580e55d781a8a&width=100&height=100&smart=true)
La competencia desleal en la industria audiovisual es moneda corriente en Europa, según los operadores privados. Con una media de 14.000 millones de euros anuales (82.200 en seis años) sólo en ayudas de Estado y una escasa e inapropiada regulación, los medios públicos, según los privados, abusan de su posición dominante apoyados en su doble vía de financiación (la publicidad y las arcas estatales) y en la inacción de la CE.
La industria audiovisual pública europea es la tercera más subsidiada de Europa (tras el transporte y la industria manufacturera). Los gobiernos centrales o autonómicos de los quince países de la UE cubren con las arcas estatales un mínimo del 70% del total de los ingresos de los operadores. Otros, como en el caso español, lo ponen en forma de garantía ilimitada: lo cual permite a RTVE mantener una deuda que para una empresa privada supondría la quiebra.
El sistema de doble financiación distorsiona enormemente el mercado publicitario; además, la contraprogramación en busca de la máxima audiencia presenta contenidos que les alejan de su vocación de servicio público; por otra parte, los televisiones públicas entran, también con ventaja, en nuevos negocios, como Internet.
Todos estos datos y argumentos se contienen en el estudio Protegiendo el futuro del mercado audioviosual, que se publica hoy y que constituye una dura denuncia de una situación que, dicen, contraviene el espíritu del Tratado de la UE y debe ser reformada.
El estudio lo firman 20 miembros de la Asociación de Televisión Comercial Europea (entre ellos Antena 3, Telecinco y Sogecable), 13 socios de la Asociación Europea de Radios (entre ellos la Asociación Española de Radiodifusión Comercial) y 29 miembros del Consejo Europeo de Editores (entre ellos el grupo PRISA, editor de EL PAÍS).
Los operadores privados afirman en su informe apoyar la existencia de medios audiovisuales que cubren un servicio público. "La conclusión lógica de nuestro estudio", afirma el presidente del Consejo Europeo de Editores, Francisco Pinto Balsamâo, "es que los operadores privados deberían renunciar en el futuro a los ingresos comerciales cuando al mismo tiempo reciban ayudas de Estado".
Liberalización
Lejos de ello, la liberalización del mercado audiovisual europea, iniciada en la década de los ochenta, se ha hecho manteniendo un sistema mixto de financiación que permite a los antiguos monopolios públicos disfrutar de una enorme ventaja, creando "un nivel sin precedentes de distorsión del mercado", dice el estudio.
La Comisión Europea sale mal parada y el ejemplo español ilustra bien esa "inacción" de que se le acusa. En 1992 se presentó ante Bruselas la primera denuncia contra una cadena pública. Se trataba de la queja formal de Telecinco contra RTVE por las ayudas de Estado que ésta última recibía y por la garantía ilimitada de la que disfrutaba.
Seis años más tarde, en 1998, el Tribunal de Primera Instancia de la UE llamó la atención a Bruselas por hacer caso omiso de la denuncia. Cinco años después, en octubre pasado, Bruselas exigió al Gobierno español que reformara dicha garantía ilimitada, ya que está otorgando con este sistema ayudas públicas que exceden el coste neto del servicio público prestado.
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron en noviembre pasado que el Estado se haría cargo de la deuda acumulada por RTVE (6.200 millones de euros). Según los datos del estudio, que pide mayor transparencia en las cuentas de los entes públicos, el 91% de los ingresos de RTVE provienen de la publicidad, al no contemplar la deuda acumulada. Según el estudio de los operadores privados, RTVE sólo ha cubierto entre 1995 y 2001 el 35% de sus gastos con sus ingresos propios, pues "registra una media de margen operativo de -65%".
A la denuncia de Telecinco se han ido sumando durante estos años otras 10 quejas de operadores privados, que la Comisión Europea empezó a resolver a finales del año pasado. Así, Bruselas ha dictaminado que, en los casos de las cadenas francesas France 2 y France 3, la italiana RAI y la portuguesa RTP, se percibieron ayudas proporcionales al coste de servicio público que prestan, si bien exigió a los gobiernos de Italia, Portugal y España mayor transparencia y salvaguardias para evitar el exceso de subvenciones públicas.
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