Consenso antiterrorista

Zapatero será consecuente con su compromiso de mantener el Pacto Antiterrorista hasta la desaparición de ETA. Para hacer visible ese compromiso, convocará al otro firmante, el PP, a fin de reafirmar su vigencia. Hace un mes, el PP cuestionó la continuidad del pacto mientras los socialistas no rompieran su acuerdo de gobierno en Cataluña con Esquerra Republicana. Simultáneamente, Zapatero tratará de encontrar alguna fórmula que permita asociar al conjunto de fuerzas democráticas en un compromiso expreso de combatir al terrorismo.

Desde su firma, a fines de 2000, diversas voces han pedido la ampliación del pacto a otras fuerzas. El objetivo esencial del acuerdo era hacer ver a ETA que ningún cambio de mayoría modificaría la negativa compartida a negociar con ETA, es decir, a pagar un precio político por el fin de la violencia. De ahí que los firmantes fueran los dos partidos con posibilidades realistas de gobernar. Y es ahora mismo, con el cambio de mayoría, cuando ese contenido tiene que reafirmarse con claridad. En la práctica, el acuerdo sirvió también para poner en marcha las reformas legales que condujeron a la ilegalización y disolución del brazo político y otros instrumentos del complejo coactivo organizado en torno a ETA. Casi nadie cuestiona hoy la legitimidad y la eficacia de esa iniciativa.

Rebajar o modificar su contenido para sumar a otros firmantes habría impedido seguramente alcanzar ese objetivo. Tampoco parece buena idea hacerlo hoy, si ello pone en riesgo su continuidad. Sin embargo, es cierto que hoy existen condiciones que no había hace cuatro años para intentar, en paralelo, un acuerdo más amplio, que cumpla un papel similar al del Pacto de Madrid. El principal interés de tal iniciativa sería asociar al nacionalismo vasco democrático a un compromiso de principios en materia antiterrorista.

El PNV, que preside Imaz, ha rechazado la idea de pagar un precio político a ETA, con o sin tregua. Hay condiciones, por tanto, para un entendimiento: para que las divergencias sobre otras cuestiones, como las relacionadas con el plan Ibarretxe, no impidan un acuerdo contra el terrorismo de ETA de todos los partidos democráticos. Se trataría de un pacto paralelo al actual, sin que fuera aceptable la condición de que el PSOE y el PP anularan el que firmaron en 2000.