Abusos Urbanísticos No rechaza el proyecto para construir dos millones de metros en Sant Joan d'Alacant

La Asociación Abusos Urbanísticos No ha expresado su rechazado a la operación urbanística que prevé urbanizar dos millones de metros cuadrados en la partida de Fabraquer, en el término municipal de Sant Joan d'Alacant (L'Alacantí). El proyecto, al que ya optan 9 promotores, se desarrollaría al amparo de la vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que concede amplías prerrogativas al urbanizador en detrimento de los propietarios del suelo. La operación también cuenta con la oposición de los colectivos ecologistas, mientras el Ayuntamiento, por boca del edil de Urbanismo, Manuel Giménez, del PSPV, asegura "que el Ayuntamiento decidirá en función del interés general".

Enrique Climent, vicepresidente de la Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Medioambientales y contra los Abusos Urbanísticos, cuestiona, en primer término la justificación para construir una segunda ciudad en esta localidad y, precisamente, en el último reducto natural que queda en el término.

El portavoz de asociación llama la atención a los propietarios de los terrenos para que no se dejen "engañar" por las "maravillas" que incluyen los promotores en el proyecto -léase zonas lúdicas, zonas verdes o incluso palacio de congresos-. "Cuidado que hay gato encerrado, y como establece la LRAU, quien pecha con el costo de todas las maravillas propuestas son los propietarios de los terrenos que se hallan en la zona afectada", alerta Climent en un escrito.

Climent denuncia la "indefensión" de los propietarios del suelo a la hora de hacer valer sus derechos: primero por la falta de información y, segundo, por la complejidad técnica de las propuestas, que en la mayoría de los casos requiere de expertos en las materia para descifrarlas.

El portavoz de la asociación insta al Ayuntamiento a que desarrolle la iniciativa de manera "racional y que defienda el interés general". También recuerda al equipo de gobierno municipal la necesidad de dar publicada al proyecto en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya que de lo contrario se vulnerarían las directivas europeas sobre contratos públicos que superen los cinco millones de euros.