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MATANZA EN MADRID | Investigación policial

La Audiencia Nacional reactiva varias investigaciones sobre terrorismo islámico

Del Olmo envía a prisión por colaboración con banda armada a otros dos detenidos por el 11-M

La Audiencia Nacional ha reactivado con nuevas detenciones o ingresos en prisión varias investigaciones abiertas por terrorismo islámico que habían sido archivadas o tenían su tramitación pendiente de la práctica de pruebas o de comisiones rogatorias a otros países. Fuentes policiales aseguran que se están revisando las pesquisas para descartar que personas investigadas en el pasado tuvieran alguna relación con los asesinatos del 11-M. Por su parte, el juez Juan del Olmo ordenó la prisión incondicional por colaboración con banda armada de dos nuevos detenidos en relación con los atentados.

Se trata de Rafa Zuher y de Naima Oulad Akcha, que ayer declararon ante el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez.

Zuher y Naima Oulad, en su declaración, condenaron los atentados del 11-M y rechazaron tener cualquier vinculación con organizaciones terroristas islámicas. A diferencia de los otros 10 detenidos que ya declararon ante el juez, nueve de los cuales se encuentran en prisión preventiva, Zuher y Naima Oulad, no vestían el mono blanco proporcionado por la policía, sino sus propias ropas. Así, Zuher, llevaba pantalones vaqueros y una camiseta negra con motivos plateados, mientras la mujer llevaba un largo abrigo color camel y un pañuelo beige en la cabeza.

Naima es hermana de Khalid Oulad, preso en la carcel de Topas (Salamanca) y detenido por su presunta vinculación con los atentados. Khalid pasará a disposición judicial en los próximos días.

El magistrado Del Olmo, a propuesta de la fiscal Olga Sánchez, ha acordado la incomunicación de Zuher y Naima Oulad por un plazo de cinco días, prorrogables, si bien no les ha involucrado en la preparación o ejecución de los atentados.

'Comando Dixan'

Entre los sumarios que han sido reactivados destaca el 3/03 del Juzgado Central 1, el del popularmente conocido como "comando Dixan". El caso fue abierto a raíz de la Operación Lago, en la que intervinieron 150 agentes de información, de los GEO y de los Tedax, y supuso inicialmente la detención de 24 personas, aunque sólo 16 pasaron a disposición judicial por su presunta vinculación con Al Qaeda. Además, fueron incautadas diversas sustancias potencialmente peligrosas que, tras los análisis pertinentes, resultaron ser inocuas.

Precisamente la existencia de esta supuesta célula durmiente de la red terrorista de Osama Bin Laden en Cataluña sirvió al presidente José María Aznar para justificar -primero en A Coruña y luego en el Congreso- su apoyo a la política intervencionista de George W. Bush en Irak. El propio Aznar declaró poco después de las detenciones que los arrestados estaban en posesión de explosivos y que preparaban atentados en España.

El sumario había sido archivado por el juez Guillermo Ruiz Polanco, por entender que no había la más mínima prueba de la pertenencia de los detenidos a Al Qaeda.

Luego, a propuesta del fiscal Pedro Rubira, el caso fue reabierto tras conocerse un informe del FBI que señalaba que dos de las sustancias que dos de los detenidos habían tirado a la basura un mes antes de ser detenidos, en caso de ser mezcladas podían producir el llamado napalm casero.

Según explicaron los detenidos, la sustancia en cuestión era el sobrante de un producto que habían utilizado para impermeabilizar una piscina de un chalé de Girona. "Curiosos terroristas que no guardan las sustancias para hacer las bombas, sino que son detenidos un mes después de haberlas tirado a la basura", afirmaron en su día fuentes jurídicas.

Ahora el juez Baltasar Garzón, que sustituye al suspendido Ruiz Polanco, a petición del fiscal Rubira, ha encarcelado de nuevo a Djamel Boudjelthia, Mohamed Nebbar, Ali Kouka y Mohamed Tahraoui. Dice el juez en su auto que "los hechos se perfilan con nitidez para este instructor como constitutivos de un delito de integración en organización terrorista".

Su letrado, Sebastià Salellas anunció ayer que recurrirá la decisión de Garzón y que Ruiz Polanco, con los mismos informes del FBI que ahora dispone Garzón, archivó la causa.

Ninguno de los detenidos está vinculado con los atentados del 11-S, como tampoco lo están otros detenidos involucrados en el sumario 9/97 del Juzgado Central 5, sobre las actividades de varios miembros de Grupo Islámico Armado (GIA), que ya fue juzgado.

Dos argelinos y un sirio vinculados al citado grupo han sido detenidos esta semana. Al menos uno de ellos, Abdelkrim Benesmali, ya fue procesado en 1999 por delitos de terrorismo, integración en banda terrorista, falsedad, robo y tenencia ilícita de armas. Benesmali y otros cinco compañeros fueron condenados por la Audiencia Nacional en junio de 2001, a penas de entre 14 y 16 años de cárcel por haber intentado crear en España una red de infraestructura del mencionado grupo terrorista. El Supremo, en julio de 2002, rebajó la condena a nueve años y tres meses, aunque mantuvo que todos ellos eran responsables de un delito de pertenencia a banda armada, otro de falsificación de documentos oficiales con finalidad terrorista y tenencia ilícita de armas con el mismo objetivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de marzo de 2004