El PSOE acepta reformas legales para aumentar el poder autonómico

El PSOE está dispuesto a abrir un diálogo sobre la plataforma de seis puntos que el

martes anunciaron, en Madrid, para esta legislatura, los representantes de los partidos nacionalistas CiU, PNV y BNG: reforma de los estatutos; del Senado; de la Ley del Tribunal Constitucional; de la legislación básica del Estado; revisión de leyes que invaden competencias autonómicas y participación de las comunidades autónomas en Europa.

El PSOE se muestra especialmente sensible a la reclamación nacionalista de reformar la legislación básica del Estado para ofrecer un mayor margen competencial a las comunidades autónomas, según señala su representante territorial, Juan Fernando López Aguilar. A su juicio, es revisable el desarrollo de 12 de las 32 competencias exclusivas del Estado que establece el artículo 149.1 de la Constitución.

López Aguilar estima que la reforma debe afectar, entre otros, a sanidad; planificación económica; régimen económico de la Seguridad Social; régimen jurídico de las Administraciones Públicas; protección del medio ambiente; función pública; montes, y medios de comunicación.

A modo de ejemplo, el PSOE precisa que "hay una clara invasión de competencias del Estado en el ámbito de la autonomía local, de modo que está reglamentada la composición de las comisiones informativas municipales, sus convocatorias, plazos, etcétera". O en el ámbito de la función pública, donde las comunidades autónomas no tienen capacidad para establecer las condiciones de acceso de los funcionarios ni las retribuciones. O en cuestiones sociales, como el régimen de protección de las familias numerosas, que también está regulado por la legislación básica del Estado.

Reforma del Constitucional

En cuanto a la reclamación nacionalista de reformar la Ley del Tribunal Constitucional para que las comunidades autónomas participen en el nombramiento de magistrados, el PSOE apuesta por que las comunidades autónomas lo hagan a través del Senado transformado en Cámara territorial con el consenso del PP durante esta legislatura.

El Senado actualmente nombra cuatro magistrados, pero lo hace a través del acuerdo entre los dos principales partidos de la Cámara, el PP y el PSOE. La propuesta socialista consiste en que sean las comunidades, tras la transformación del Senado en Cámara territorial, las que los nombren.

En cuanto a las reformas de los estatutos, el PSOE ya ha avanzado que no pondrá trabas a las mismas siempre que se hagan en el marco de la Constitución y con un consenso amplio. El incumplimiento de ambos criterios por el plan Ibarretxe lo descalifica para los socialistas.