Los discapacitados tendrán un mejor acceso a la administración de la justicia
Los 3,5 millones de discapacitados españoles tendrán un mejor acceso a la protección y formación jurídica, merced al convenio firmado ayer entre el Consejo General de la Abogacía (CGAE), el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) y la Fundación ONCE.
"Los derechos existen, pero hace falta tutelarlos en la práctica", señala Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE. "Los ciegos no tienen problemas en un juicio, pero hay que resolver las dificultades de los sordos", dice Carlos Rubén Fernández, secretario general del CERMI. Mediante el convenio, se fomentará el asesoramiento legal de los discapacitados. Existirá un Observatorio de No Discriminación.
"La formación implicará a las Escuelas de Práctica Jurídica, y se creará un máster en Protección Jurídica de Personas con Discapacidad", señala Carlos Carnicer, presidente del CGAE, que cuenta con 145.000 profesionales. Además, el convenio prevé un Manual Jurídico y de Buenas Prácticas en relación con las personas con discapacidad.
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