Qué Parlamento

En sus declaraciones del domingo pasado al diario EL PAÍS el que será investido presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a hacer una política muy centrada en el Parlamento, en constante diálogo con el resto de las fuerzas políticas y ha reiterado su voluntad de que las políticas de su Gobierno estén marcadas por la moderación y el consenso. Ha explicado también que su compromiso para conseguir los votos de la investidura será despertar la confianza en su forma de gobernar, basada en el protagonismo del Parlamento.

Para la presidencia del Congreso de los Diputados, Zapatero ha avanzado como candidato a Manuel Marín quien en un comunicado inicial ha dicho ser consciente de que la próxima legislatura será muy exigente para todos: Gobierno y partidos políticos. Enseguida ha añadido que la reforma del reglamento de la Cámara, invariable desde 1982, es una urgente necesidad para hacer del Parlamento el centro de la vida política de nuestro país. Una necesidad que ha fracasado por quinta legislatura consecutiva. El último intento se plasmó en una propuesta presentada conjuntamente por los Grupos Socialista, Vasco del PNV, Federal de Izquierda Unida y Mixto, que publicó el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 31 de mayo de 2002.

De ahí que, como señala Enrique Guerrero en su excelente estudio sobre El Parlamento español en la VII Legislatura: una deriva negativa, siga pendiente la creación de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la posibilidad de constituir Comisiones de Investigación a salvo del veto de la mayoría y el reparto de las iniciativas de control para evitar el contrasentido de que recaigan mayoritariamente en el grupo que sostiene al Gobierno y se conviertan en vergonzosos turnos de halago al Ejecutivo de los que son buen ejemplo los consumidos en esta última legislatura por algunos diputados estrella del PP tipo Rafael Hernando o Vicente Martínez Pujalte.

Nuestro autor subraya cómo a partir de la obtención de la mayoría absoluta en las elecciones de 2000 el presidente Aznar procedió a la configuración y ocupación partidaria de grandes conglomerados empresariales surgidos de las privatizaciones de las mayores empresas públicas, impulsó la generación de potentes grupos de comunicación puestos al servicio del Gobierno, se engolfó en el abuso de los medios de propiedad pública, promovió la persecución de los medios privados considerados desafectos o carentes del exigible entusiasmo, encabezó el maltrato a la oposición y apostó por el deterioro generalizado de las instituciones.

Además, en el ámbito del Parlamento se sintió con manos libres en el ejercicio de la función legislativa, maniató las posibilidades de control, eludió las comparecencias arriesgadas ante la Cámara, cercenó el debate político y optó por la opacidad informativa con apagón estadístico incluido, sin atender a las reformas prometidas en sus programas electorales.

El repaso somero a los datos de esta VII Legislatura, que acaba de concluir, suministra pruebas abrumadoras. En las seis legislaturas anteriores el porcentaje de Proyectos de Ley aprobados en relación con los remitidos fue de 69%, 89%, 86%, 80%, 86% y 89%. En ésta el Gobierno remitió 175 y se aprobaron 173, es decir el 98,8%. De los otros dos uno fue rechazado y el otro caducó al disolverse las Cámaras.

Pero interesan algunos detalles adicionales muy significativos porque de los últimos 20 Proyectos aprobados 18 fueron declarados urgentes con la consiguiente limitación para su debate y los otros dos fueron los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Acompañamiento, que tienen plazos perentorios pues a tenor de la Constitución han de publicarse antes del primero de octubre y entrar en vigor el primero de enero.

Quedan por reseñar otros escándalos adicionales como el uso de la conocida como Ley de Acompañamiento bajo cuyo indebido amparo se aprueban o derogan más normas, en la de 2003 un total de 113, que en la actividad legislativa ordinaria. O la desatención a las proposiciones de Ley o el recurso a enmiendas en el Senado de la Ley de Arbitraje para modificar nada menos que el Código Penal. Por todo ello el compromiso de rehabilitar el Parlamento debe ser una prioridad inmediata. Continuará.