Carta abierta al fiscal general

Excmo. Señor:

Con gran preocupación tengo conocimiento de dos cuestiones que han venido reflejadas en medios de comunicación y a las que a continuación hago referencia desde la legitimidad que me otorga el hecho de ser el Fiscal de Sala más antiguo, así como mis 38 años de servicios en el Ministerio Fiscal.

El primero es el relativo a una serie de nombramientos pendientes de libre discrecionalidad y que en todo caso deben ser propuestos por el Fiscal General del Estado una vez oído el Consejo Fiscal.

No parece que en las circunstancias actuales, con un Gobierno en funciones y un Consejo Fiscal también en funciones, puesto que su mandato ha expirado el pasado mes de enero, sin que hasta el presente se hayan convocado elecciones en la forma que recoge el Estatuto Orgánico recientemente reformado, tales nombramientos deban llevarse a cabo, no solamente porque no encontraría ello base en el artículo 21 de la Ley de Gobierno de 1997 sino porque, además, celebrándose el Consejo Fiscal el próximo día 30 de los corrientes y constituyéndose nuevas Cortes Generales el 1 y 2 de abril, resultaría llamativo completamente que fueran nombrados por un Gobierno cuya desaparición se anuncia para el comienzo de la segunda quincena de ese mes. No dejaría de ser algo fantasmal.

Precisamente he de recordar cómo amparándose en el artículo 21 anteriormente citado, tras perder el Gobierno socialista las elecciones en el año 1996, el entonces Ministro de Justicia en funciones no llevó al Consejo de Ministros el nombramiento de D. José María Mena Álvarez como Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Tal precedente no puede ni debe ser ignorado. En definitiva, la convocatoria de celebración del Consejo debe cancelarse.

La segunda cuestión hace referencia al expediente disciplinario abierto contra la persona de D. Mariano Fernández Bermejo. No hay que ser gran técnico en Derecho Administrativo para saber que ese expediente está condenado a un total y absoluto fracaso, pues la argumentación utilizada no deja de ser un tanto sorprendente. Creo que debe V. E. anticiparse a lo que sin duda será la primera medida que adopte el Fiscal General que le sustituya y demostrar así V. E. su grandeza a la hora de despedirse del Ministerio Fiscal.

He de significarle que la versión que más corre dentro del Ministerio Público es que tal expediente no obedece sino al hecho de haber interpuesto el Sr. Fernández Bermejo una demanda ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. No puedo creer, sin embargo, que ello responda a la realidad conociendo bien a V. E., pero con independencia de que cada cual puede sacar las conclusiones que considere oportunas, por la argumentación anteriormente expuesta, creo que lo más adecuado en este caso, es dejar sin efecto ese expediente cuyo porvenir repito, esta condenado al fracaso.

Juan José Martínez Zato. Fiscal de Sala en la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado.