Un litigante de la montaña de Tor recurrirá la sentencia que divide la finca en 13 partes

El litigio por la montaña de Tor (Pallars Sobirà) seguirá coleando algunos años más si Jordi Riba, uno de los 13 vecinos que se disputan la propiedad del monte desde hace 23 años, no cambia de opinión y recurre la última sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida que los declaró a todos copropietarios a partes iguales. Riba, alias El Palanca, no acepta la división de la montaña en 13 partes al considerar que él es el único propietario legítimo. Riba dispone de 10 días para recurrir ante el Tribunal Supremo. Este vecino de Tor, que según los médicos presenta personalidad paranoica y padece de manía persecutoria, calificó ayer la sentencia de injusta y dijo que es partidario de recurrirla en contra del criterio de su abogado, Joan Betriu, de cuyos servicios quiere prescindir.

El letrado cree que su cliente cometería un grave error si presenta recurso. "Le he aconsejado que lea detenidamente la sentencia porque es muy beneficiosa para él, ya que por primera vez la justicia le reconoce el derecho de propiedad sobre una treceava parte de la montaña", señala Betriu.

El jueves, la Audiencia de Lleida otorgó la propiedad de las 2.600 hectáreas de la montaña a los 13 litigantes, herederos de las familias de Tor que en 1896 crearon una sociedad de condueños para explotar sus pastos y madera. El tribunal, en un claro intento por cerrar las heridas de un conflicto histórico teñido de sangre (ha habido tres asesinatos y numerosos enfrentamientos), considera que las 13 familias son copropietarias de la montaña, incluido Riba, a quien los tribunales habían negado cualquier derecho de propiedad sobre la misma. La sentencia recoge la mayoría de las tesis defendidas por Betriu en la apelación contra una resolución de 1995 que otorgó la titularidad de la montaña a Josep Montané, el principal rival de El Palanca, asesinado seis meses después. El juez consideró que Montané era el único vecino de Tor que cumplía los requisitos establecidos en los estatutos de la sociedad: ser cabeza de familia, residir en el pueblo y tener casa abierta de forma permanente.