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Cardenal da carpetazo al caso de la moción de censura en Marbella

El fiscal general no ve motivos para prorrogar la investigación

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, no ha permitido a la Fiscalía de Málaga que prosiga las investigaciones sobre la moción de censura que derrocó de la alcaldía de Marbella a Julián Muñoz. Cardenal argumenta que "no se advierten motivos para ordenar la prórroga de las diligencias" que había solicitado Izquierda Unida, organización que vuelve a reclamar ahora la disolución de la Corporación marbellí.

La formación de izquierdas no da sin embargo su brazo a torcer y volverá a pedir la reapertura del caso al nuevo fiscal general del Estado que releve a Cardenal, según anunció ayer el diputado autonómico por Málaga, Antonio Romero. También dijo que pedirá al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que inste al nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que inicie los trámites para la disolución del Ayuntamiento de Marbella. "La gente se alarma con un carpetazo como el que ha dado el fiscal general del Estado", dijo Romero.

El fiscal jefe de la Audiencia de Málaga, Manuel Villén, archivó el pasado 6 de febrero las diligencias informativas abiertas en agosto al expirar el plazo reglamentario para este tipo de investigaciones y al entender que "no existen o no se concretan indicios de la comisión de delitos".

IU pidió entonces al fiscal general del Estado que prorrogara seis meses más el plazo de la investigación. En el escrito denegatorio del mismo, Jesús Cardenal informa a la federación de que el archivo de las diligencias "no obsta para que, si lo desea, pueda reiterar su denuncia ante el juez de instrucción". El problema es, como reconoció ayer Romero, que no hay pruebas de que en el pacto para la moción de censura existiera compra de voluntades de los concejales que la firmaron y que sólo una investigación a fondo por parte del Ministerio Público podría haber esclarecido las condiciones en que se pactó la moción y si hubo o no compra de voluntades. La ex edil socialista y actual primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos, llegó a afirmar que Julián Muñoz le ofreció "lo que quisiera" para que no firmara la moción, pero no fue nunca citada a declarar por la Fiscalía. Ésta abrió diligencias el pasado mes de agosto, pero se limitó a tomar declaración al entonces alcalde, Julián Muñoz, y a su antecesor y fundador del GIL, Jesús Gil, que en un programa de televisión se acusaron mutuamente de corrupción. También encargó un informe a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía, que, según argumentó Villén, no constató la existencia de delito alguno.

PSOE, PP, e IU han cuestionado el cariz de la investigación realizada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de marzo de 2004