Asuntos encallados

La victoria del PSOE el pasado día 14 y la posibilidad de que José Luis Rodríguez Zapatero forme gobierno han allanado el camino para que se desencalle una larga lista de asuntos planteados desde Cataluña que topaban con la oposición frontal del PP, al margen de dos grandes asignaturas pendientes: la reforma del Estatut y la revisión del modelo de financiación autonómica.

Éstos son los principales:

- Peajes. El Gobierno catalán confía en que el nuevo Parlamento acepte la creación de un fondo dotado con los impuestos que generan las empresas de autopistas. Este dinero debería servir para llevar a cabo una política reequilibradora de los peajes. La propuesta consiste en que no se aplique una reducción general, sino que la rebaja sea mayor o menor en función del volumen de tráfico y de si los tramos son urbanos o de conexión en largo recorrido. El Parlament aprobó la petición de este fondo en la pasada legislatura, pero la media fue rechazada en el Congreso por el PP, pese a que sus diputados habían votado a favor en la Cámara catalana.

Hay un frente abierto en becas, acreditación del profesorado y leyes educativas

El Gobierno catalán reclama la gestión de puertos, aeropuertos y trenes de cercanías

El PSOE promete convertir los tribunales superiores en la última instancia judicial

- Trenes de Cercanías.

Los partidos que integran el Gobierno catalán reclaman la gestión de los trenes de Cercanías y de los servicios regionales de Renfe. Esto será más fácil cuando entre en vigor la ley ferroviaria que establece que habrá una empresa que gestionará las infraestructuras (vías, túneles y señales) y otras empresas que serán operadoras. Esta ley fue en parte rechazada por la izquierda durante su tramitación parlamentaria, pero el fondo (la separación de funciones y la liberalización de los operadores) recoge parte de las directrices comunitarias. Cercanías ya funciona en cada población donde existe como unidad de negocio dentro de Renfe, lo que permite sin graves inconvenientes traspasar la gestión al Gobierno catalán.

- Transporte público. Está pendiente de firma el contrato programa, que financia el déficit en el funcionamiento del transporte público. Lleva año y medio de retraso y la Autoridad del Transporte Metropolitano está funcionando con cantidades adelantadas porque no ha habido manera de llegar a un acuerdo sobre las cifras. Hubo acuerdo en el convenio de infraestructuras, que sirve para financiar obras que realizar en el transporte público metropolitano, pero fue un acuerdo a la baja, de modo que la cantidad pactada para la primera fase apenas cubre un tercio de las inversiones previstas.

- Gestión de los aeropuertos. Los aeropuertos españoles funcionan ahora como una red, gestionados por la empresa pública AENA, dependiente del Ministerio de Fomento. Los socialistas (y también Iniciativa y Esquerra) reclaman la descentralización de AENA de modo que se transfiera la gestión de los aeropuertos a consorcios formados por las autoridades autonómicas y locales, en los que también participarían entidades empresariales y sindicales. Este asunto es de especial importancia en el caso del aeropuerto de El Prat. La izquierda catalana y los empresarios coinciden en que hasta ahora ha tenido un papel subsidiario del de Barajas y consideran que sólo la participación en su gestión podrá garantizar que se convierta en un aeropuerto transoceánico.

- Servicio meteorológico. El Departamento de Medio Ambiente confía en lograr la unificación en Cataluña de los servicios meteorológicos. Hoy se hallan divididos en dos, uno del Gobierno central y otro autonómico.

- Cuencas hidrográficas.

La Generalitat confía en recibir las competencias sobre las cuencas hidrográficas intercomunitarias, que incluirían la capacidad para conceder a terceros los recursos hidráulicos, autorizar vertidos y el uso de dominio público hidráulico, y ejercer la policía de aguas (incluidas las facultades de inspección, vigilancia, control y sanción), además de capacidad para resolver recursos administrativos que se interpongan en relación con estos asuntos. También confía en hacerse cargo de la ejecución y explotación de las obras hidráulicas de interés general del Estado que se realicen en Cataluña.

- Residuos. Está pendiente la transferencia de la capacidad para autorizar, controlar, inspeccionar y sancionar por el traslado de residuos desde Cataluña hacia los países que no pertenezcan a la Unión Europea o a la inversa.

- Vivienda. Ahora es el Ministerio de Fomento el que aprueba el plan de la vivienda que marca las directrices generales para todas las comunidades. Éstas deben negociar juntas y con el ministerio el reparto de fondos y los criterios de ayudas. El Gobierno catalán cree que debe territorializarse el fondo y permitir a cada Administración autonómica regular los requisitos aplicables a las ayudas, así como su gestión.

- Parejas homosexuales. El nuevo Gobierno catalán se propone revisar la Ley de Uniones Estables de Pareja, aprobada por CiU en la pasada legislatura, con el fin de incluir la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar. En las pocas comunidades que han aprobado normativas autonómicas para permitir la adopción a las parejas homosexuales, están recurridas por el PP. Se espera que el Gobierno socialista retire estos recursos.

- Incremento de pensiones. El Gobierno del PP se opuso con rotundidad a que las comunidades autónomas pudieran mejorar las pensiones de sus ciudadanos y llegó a aprobar una ley que lo prohibía expresamente. El Departamento de Bienestar Social de Cataluña desafió esta política publicando en el DOG la orden para complementar las pensiones de viudedad más bajas y anunció que haría lo mismo con el resto de las pensiones, con el fin de acercarlas al salario mínimo interprofesional. Bienestar Social asegura que ésta es una competencia suya y confía en que el Gobierno del PSOE así lo reconozca.

- Horarios comerciales. El consejero de Comercio, Pere Esteve, se muestra "muy esperanzado" en que el Ejecutivo de Zapatero facilitará que la Generalitat apruebe su propia ley de horarios comerciales. Ésta pretende neutralizar la legislación estatal limitando la apertura al público a 72 horas semanales (en lugar de las 90 de ahora) y ocho festivos al año (en lugar de los 12 actuales). Faltan poco más de nueve meses para que venza la norma que el Gobierno del PP aprobó por decreto hace cuatro años. Esteve recuerda que el pacto por el que se formó el Gobierno tripartito incluye explícitamente la limitación de los horarios comerciales, por lo que no cree "que el PSOE se oponga a ello". La Generalitat ha iniciado recientemente una ronda de contactos con varias comunidades autónomas, empezando por Andalucía, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas en materia de horarios comerciales.

- Formación continua. El modelo de formación continua y el organismo que lo gestiona, el Forcem, han sido objeto de enfrentamiento entre los gobiernos catalán y central. Sobre este asunto pesan dos sentencias del Tribunal Constitucional -una de 2002 y otra del año pasado- que establecen que la gestión de estos fondos es competencia de las autonomías. El Gobierno del PP hizo oídos sordos a estas resoluciones y aprobó por decreto una reforma del sistema que, lejos de distribuir territorialmente los fondos -de los que a Cataluña le corresponderían unos 120 millones de euros-, cede a las empresas la planificación y gestión. El consejero de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé, intentó sin éxito reunirse con el ministro Eduardo Zaplana para desencallar el contencioso, que ahora espera que se resuelva "de forma positiva".

- Enseñanza. El consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI), Carles Solà, reclamó el viernes al futuro Gobierno socialista que derogue la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y que transfiera a la Generalitat las competencias sobre becas universitarias y también los recursos correspondientes a partir del próximo curso, tal y como establece una sentencia del Tribunal Constitucional que el Gobierno del PP se resistió a aplicar. Solà expresó su confianza en que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero apruebe también la moratoria sobre la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). La aplicación de la LOCE plantea problemas al Gobierno catalán en varios frentes, especialmente en el que se refiere a las lenguas vehiculares.

- Becas. "Si hay voluntad política, la transferencia de competencias del Gobierno hacia la Generalitat podría producirse muy rápidamente y estar lista para el año que viene", pronosticó el titular del DURSI, convencido de que el próximo Ejecutivo "romperá el comportamiento del Gobierno anterior, que no cumplía la sentencia del Tribunal Constitucional" de septiembre de 2001 sobre las competencias en becas.

- Profesorado. Además de las becas, la otra reclamación del Ejecutivo catalán es la relacionada con el proceso de acreditación del profesorado. El anterior Gobierno de CiU justificó su votó a favor de la LOU en el Congreso aduciendo que había conseguido que la ley previera la existencia de agencias de acreditación autonómicas. El Gobierno del PP, sin embargo, a la hora de aplicar la reforma otorgó a la agencia centra, la ANECA, la capacidad de actuar en todo el territorio y negó a la AQU, la agencia catalana, cualquier competencia fuera del suyo. El DURSI siempre ha creído que no tiene sentido que dos agencias hagan el mismo trabajo y que lo más lógico es que, como sucede entre las agencias europeas, cada una reconozca las acreditaciones de la otra. La AQU ya existía antes de la promulgación de la LOU y cuenta con una reconocida excelencia en el ámbito europeo.

- Guardias civiles en los Mossos.

La Generalitat ha planteado que para acelerar el despliegue de los Mossos d'Esquadra se pueda incorporar de manera directa al cuerpo un cupo del 15% de guardias civiles o policías de cada promoción que se convoque. El Gobierno del PP era muy reticente a ese planteamiento, dadas las diferencias en las condiciones laborales de estos cuerpos. Se espera que el Gobierno del PSOE sea más receptivo a esa petición y permita la incorporación a los agentes que lo deseen.

- Terrorismo y DNI. Los Mossos d'Esquadra realizan anualmente 9.500 controles antiterroristas en toda Cataluña, pero no está escrito en ningún sitio cómo se regula esa función. El Gobierno catalán espera que eso se regule y que se les atribuya también la competencia compartida de expedición del documento nacional de identidad (DNI) para ofrecer un servicio mejor y más cercano al ciudadano.

- Mando único policial. La consejera de Interior, Montserrat Tura, ha solicitado el mando único sobre todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña. El PP se negó en redondo a traspasarlo y el PSOE tampoco parece muy dispuesto a ello.

- Escuela judicial. El programa electoral del PSOE promete un total de 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales en cuatro años. Eso implicará la revitalización de la Escuela Judicial de Vallvidrera, que había quedado bajo mínimos ante los planteamientos del Gobierno del PP, que consideraba que en España no hacía falta convocar un mínimo de 150 plazas anuales de jueces como reclamaban los socialistas. Esta escuela es la única institución de ámbito estatal que se ha ubicado en Cataluña y en los últimos años se ha extendido el temor de que el PP intentara dar marcha atrás en esta importante decisión descentralizadora.

- Reelección de Guillem Vidal. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, acaba su mandato en junio y todo hacía presagiar que su reelección sería muy difícil con la victoria del PP. Su nombramiento lo decide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde seguirá habiendo una mayoría conservadora, pero con un ministro de Justicia socialista parece más fácil la reelección de Vidal, un hombre de planteamientos progresistas y autonomistas. "Guillem Vidal ha sido un magnífico presidente y haremos todo lo posible para que repita, porque diversos sectores de la sociedad catalana así lo reclaman", declaró el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas.

- El TSJC, última instancia. El programa electoral del PSOE promete convertir los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma en la última instancia judicial y reservar al Tribunal Supremo únicamente para cuestiones de unificación de doctrina. Que el Tribunal Superior sea la última instancia judicial en Cataluña es un planteamiento que defienden desde hace tiempo todos los partidos, excepto el PP. El Gobierno de José María Aznar se opuso con rotundidad a esta reforma.

Con informaciones de Francesc Arroyo, Josep Maria Martí Font, Pere Ríos, Serafí del Arco, Judith Casals, Catalina Serra y Lourdes Morgades.