Basauri añora su limpieza

El premio Bandera Verde-Ciudad Sostenible que Basauri luce desde hace un lustro en reconocimiento a su pulcritud parece desvanecerse este año. Desde que las casi 40 trabajadoras de la empresa FCC, adjudicataria de la limpieza de edificios públicos, se declararon en huelga indefinida el pasado 13 de enero, se ha echado en falta cada día un buen cepillo. Las empleadas, que demandan que sus salarios se igualen prácticamente al de los funcionarios, reiniciarán el paro el próximo martes, después de que un juez declarase el 8 de marzo ilegal su movilización, porque los sindicatos ELA, ESK y CCOO no la habían convocado con la antelación necesaria.

La normalidad que supuso el paréntesis para esta localidad de unos 45.000 habitantes apenas duró una semana. Las bolsas de basura pronto comenzaron a amontonarse en sus calles como consecuencia de una segunda huelga emprendida el 14 de marzo por los 70 operarios de Ferroser, adjudicataria del servicio de recogida y limpieza viaria, para reclamar el incremento de sus salarios tres puntos por encima del IPC. Los trabajadores recalcan que la coincidencia de ambos paros es "totalmente casual".Los responsables municipales y un portavoz del comité de esta empresa -con representantes de CGT, CCOO, USO y ELA- coinciden en que los servicios mínimos impuestos resultan insuficientes para retirar los residuos y barrer todo el pueblo. El resultado son varias toneladas de desperdicios que han empezado a acumularse en las aceras y un pueblo harto de tanta huelga. "Los vecinos han reaccionado con mucho cabreo y preocupación y sin entender nada, aunque están demostrando mucha paciencia", explica el alcalde, el peneuvista Rafael Ibargüen, quien ha solicitado al Gobierno que amplíe la limpieza obligatoria.

Estos problemas pueden pasar a segundo plano si se comparan con los que desde enero ocasionó la huelga de FCC y que probablemente se reproducirán con el reinicio del paro el próximo martes. Durante casi dos meses, tuvieron que cerrarse por la suciedad las instalaciones deportivas, con 7.000 abonados, el teatro Social Antzokia y los cuatro centros culturales municipales. En los colegios, la acumulación de polvo obligó, según las asociaciones de madres y padres, a medio millar de escolares con alergias y problemas respiratorios a faltar a clase algunos días, hasta que el aumento de los servicios mínimos garantizó mayor higiene. Unos 3.000 niños estudian en los centros públicos de Basauri.

"Los escolares no han recibido una enseñanza íntegra, porque las salas de música y gimnasios se han tenido que cerrar. Tras faltar unos días a clase, muchos pequeños regresaron pese a sufrir rinitis o algo de asma, porque no podían quedarse en casa dos meses", recuerda Erlantz Bikandi, portavoz de las seis asociaciones de madres y padres locales.

El Ayuntamiento ha prometido a estas agrupaciones que contratará a una empresa privada para que realice revisiones semanales en las aulas, con técnicas de medición más exhaustivas que las empleadas por Sanidad.

Del 13 de enero al 8 de marzo, la falta de ingresos en los polideportivos y centros culturales puede haber causado al Ayuntamiento pérdidas superiores al incremento salarial demandado por las trabajadoras: 240 euros mensuales más hasta alcanzar los 905 euros netos al mes. Jon Azpirtarte, representante de ELA, reclama que el consistorio se preocupe de garantizar un salario "digno y justo" a estas empleadas, pese a que forman parte de una subcontrata. "El Ayuntamiento tiene una responsabilidad social con las trabajadoras que prestan sus servicios en las instalaciones públicas. A fin de cuentas, es un cliente y pone las condiciones", dice.La demanda no es nueva y ha sido ya asumida por consistorios como San Sebastián y Durango. Desde hace casi tres años, los sindicatos vascos han reclamado a Eudel que inste a las instituciones locales a tomar medidas para que los empleados de subcontratas cobren los sueldos fijados en los convenios de los funcionarios. Ante "el acoso" que, según un portavoz de Eudel, sufrían algunos ayuntamientos, la asociación municipal aprobó en diciembre rechazar cualquier intervención en este sentido.

En Basauri, sólo el único edil de IU, Arturo Muñoz, defiende la necesidad de que el Ayuntamiento se implique en la resolución del conflicto y garantice a las empleadas "un sueldo mínimo para que puedan vivir con dignidad".

Los concejales de PNV, EA, PP y PSE-EE rechazan esta opción. "El Ayuntamiento es parte implicada, porque es una parte afectada. Pero no son trabajadoras del Ayuntamiento y deben negociar con su empresa", explica el alcalde.