La Audiencia establece la propiedad de la montaña de Tor a partes iguales

El histórico litigio por la polémica montaña de Tor (Pallars Sobirà) ha tomado un nuevo giro a raíz de la sentencia hecha pública ayer por la Audiencia de Lleida en la que se reconoce el derecho de propiedad a partes iguales a todos los litigantes, herederos de los antiguos condueños de una finca comunal situada estratégicamente junto a la frontera con Andorra. La pugna por la titularidad de la montaña, de 2.600 hectáreas, se inició hace 23 años y ha provocado tres asesinatos, además de muchos odios y enfrentamientos entre las partes interesadas.

La Sección Segunda de la Audiencia de Lleida ha resuelto los recursos de apelación interpuestos por los afectados contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Tremp el 2 de febrero de 1995 que otorgó la titularidad de la montaña a Josep Montané, conocido como El Sansa, por considerar el juez que era el único vecino de Tor que cumplía los requisitos establecidos en los estatutos de la sociedad: ser cabeza de familia, residir en el pueblo y tener casa abierta de forma permanente. Pero Montané fue brutalmente asesinado seis meses después.

Este fallo, lejos de solucionar el conflicto, lo avivó ya que los demás litigantes, divididos en dos bandos irreconciliables, apelaron ante la Audiencia. Esta instancia, pese a entrar por primera vez en el fondo del asunto, tampoco encontró la fórmula mágica para darle el carpetazo y, en otra decisión controvertida, resolvió que la montaña no era de un propietario único, sino de la sociedad de condueños creada en 1896. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en diciembre de 2002 anuló, por defectos de forma, la sentencia del tribunal leridano y ordenó que se repitiera la vista de apelación.

El pasado 2 de marzo, los abogados de nueve familias que se disputan la montaña presentaron ante el tribunal de la Audiencia de Lleida un acuerdo extrajudicial que establecía la división de la montaña en 13 partes: una para cada uno de los descendientes de los originales condueños que en 1896 fundaron una sociedad peculiar para explotar los recursos naturales de la finca. Pero Jordi Riba, apodado El Palanca, eterno rival de Montané, no suscribió el pacto por considerar que él era un propietario legítimo porque en 1960 compró a su tío la parte de montaña que le correspondía, un derecho que las otras partes y la justicia nunca le han reconocido hasta la fecha.

La sentencia de ayer supone un cambio sustancial en el caso a pesar de que la Audiencia ha decidido no homologar el acuerdo por no estar firmado por El Palanca. No obstante, el tribunal otorga a éste la condición de condueño por usucapión (adquisición de una propiedad o un derecho tras haberlo ejercido en las condiciones y durante el tiempo establecido por la ley) y declara que a partir de este momento todos los litigantes son copropietarios de una treceava parte de la montaña. La sala destaca "el encomiable esfuerzo" de las partes para tratar de poner fin a "una situación litigiosa tan compleja, enconada e interminable".

En este caso, la Audiencia de Lleida considera que la propiedad de la montaña de Tor es de tipo romano y deja su futuro en manos de los herederos de las 13 familias que figuraban en los estatutos de 1896, con la recomendación de que refunden la sociedad y adapten sus estatutos a la Constitución y al Derecho Civil catalán.

El abogado Francesc Sapena, representante de la familia Montané, manifestó ayer que la sentencia es "un avance considerable respecto a la anterior, aunque no arregla los problemas de funcionamiento porque los estatutos están muy desfasados", y añadió que para evitar nuevos pleitos los textos se tendrán que actualizar, lo que depende de la conformidad de todos los copropietarios.

La estratégica situación de la montaña de Tor, en la línea fronteriza con Andorra, no sólo ha provocado innumerables enfrentamientos entre los vecinos del pueblo, sino que en las últimas décadas ha despertado el interés de contrabandistas, promotores inmobiliarios y empresarios turísticos. En 1976, los propietarios se dividieron en dos bandos, uno liderado por Montané, partidario de arrendarla para usos turísticos, y el otro por El Palanca, defensor de explotar tradicionalmente los pastos y la madera.