El PP exige explicaciones a Yagüe sobre el caso de los tres inspectores de urbanismo acusados de extorsión

El Partido Popular presentó ayer una moción ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Marbella, en la que exige a la alcaldesa, Marisol Yagüe, la convocatoria urgente de la comisión municipal de Urbanismo para que "dé explicaciones" sobre la actuación de los tres inspectores de este área que fueron expedientados por pedir dinero a un particular a cambio de que las inspecciones que debían de realizar de una obra no se llevasen a cabo.

Los populares quieren conocer además las actuaciones promovidas por el equipo de gobierno de Yagüe para aclarar esta supuesta trama de corrupción, que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad.

La portavoz municipal del PP, Angeles Muñoz, pidió a Yagüe que asuma sus obligaciones y depure responsabilidades. "Somos conscientes de que hay abierta una vía judicial y de que hay que dejar actuar a la Justicia, pero también somos totalmente conscientes de que hay una responsabilidad política que parece que se quiere obviar y evitar", señaló Muñoz, que solicitó también la destitución del antiguo gerente de Urbanismo y hombre fuerte de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, una persona que a su juicio ha fomentado todas estas irregularidades y que sigue vinculado aún al consistorio.

"No se puede pretender ahora que nos creamos que se van a clarificar las cosas cuando el máximo responsable de la política urbanística de los diez últimos años sigue en su puesto. Durante muchísimos años todos hemos sabido que el dicho de que con dinero en este Ayuntamiento se podía todo era una realidad", añadió la concejal popular, que recordó que Roca continúa como asesor del consistorio en materia urbanística.

En cualquier caso, no es la primera vez que Muñoz se refiere al pago de comisiones. La edil denunció anteriormente que promotores y constructores estaban "hartos de tener que pagar dinero por debajo de la mesa" para acelerar sus licencias.

"La principal interesada en llegar hasta el final soy yo", replicó ayer la alcaldesa, que insistió en que ha sido ella la que ha puesto el asunto en manos de los juzgados y recordó que ha expedientado a los inspectores.

Los hechos fueron denunciados el pasado 8 de marzo por un particular, que aseguró a la Policía Local que varios inspectores de urbanismo le habían reclamado 2.000 euros para pasar por alto irregularidades en una obra menor. A esta cantidad se sumaría un pago posterior de 12.000 euros. El denunciante acordó una cita trampa con uno de los inspectores para entregarle el dinero exigido, durante la cual fue sorprendido por los agentes. Una vez detenido, el empleado municipal inculpó a otros dos compañeros. Los tres han sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo. El juzgado investiga ahora si existen otras personas implicadas en esta trama.