Ondas de choque

El laudo arbitral que obliga a la cadena de radio Onda Cero a pagar una indemnización de 185 millones de euros al empresario asturiano Blas Herrero es una demostración de las dificultades que tienen algunas fórmulas empresariales aplicadas en los medios de comunicación para amoldarse a los cambios bruscos en el mercado. El origen del conflicto es el contrato que firmó el empresario con Onda Cero cuando la cadena de radio era propiedad de Telefónica, que obligaba a la emisora a pagar 18 euros por oyente de Kiss FM. Si la cantidad era manejable para el pagador con una audiencia de entre 100.000 y 200.000 oyentes, hacer frente al compromiso cuando la audiencia se ha disparado por encima de 1,3 millones equivaldría a dejar a la compañía con unos fondos propios negativos de más de 160 millones de euros; es decir, la aplicación del contrato sería tanto como imponer la disolución de Onda Cero.

Hay, por supuesto, procedimientos financieros para arbitrar una solución que evite el mal mayor que sería la liquidación de la cadena. No es necesaria mayor insistencia en las pésimas consecuencias que tiene para la información la desaparición de cualquier medio de comunicación. Pero es difícil disociar el problema de hoy de la caótica gestión de algunos medios de comunicación que cayeron en la órbita de Telefónica durante la primera legislatura del PP, bajo presión del Gobierno, y los subsiguientes problemas derivados de la obligación de deshacer una madeja empresarial enredada en el poder político. Onda Cero ha pasado por la propiedad de la ONCE, Telefónica y ahora Antena 3, es decir, el Grupo Planeta, sin que hasta el momento se haya encontrado un modelo empresarial estable.

A pesar de que Blas Herrero sea el triunfador legal del laudo arbitral, no sería un exceso que la negociación no se diera por terminada con el resultado de ese arbitraje. La importancia de Onda Cero y de sus accionistas (hoy Antena 3) o ex accionistas (Telefónica) así lo recomiendan.