Las irresponsabilidades se pagan

La sentencia del juicio sobre el accidente de la riera de Merlès ejemplifica que las irresponsabilidades se pagan. Pero no debemos olvidar que quienes más pagaron, ahora hace casi tres años, fueron los niños que perdieron la vida y sus familias, a quienes toda la sociedad debe apoyar.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC) y la Fundació Catalana de l'Esplai ya expresamos en aquel momento la inconveniencia de realizar actividades que supongan riesgo con chicos y chicas de esta edad, y hacíamos entonces un llamamiento a los educadores y a las familias a no ceder frente a una presión ambiental creciente en busca de "emociones fuertes" con actividades que comportan riesgos absolutamente innecesarios.

Las colonias y las actividades fuera de horario lectivo tienen un gran valor educativo, estimulan la autonomía de los chicos y chicas, su sociabilidad y el descubrimiento del entorno, a través de la convivencia en grupo y el desarrollo de actividades cerca de la naturaleza. Alcanzar estos objetivos no tiene nada que ver con promover actividades de riesgo.

Las irresponsabilidades de unos pocos también tienen otros costes que acabamos pagando todos. Lesionan la imagen social y la confianza de las familias en las colonias, las actividades complementarias, extraescolares y de ocio, que centenares de entidades no lucrativas y miles de maestros y educadores de nuestro país desarrollan de forma responsable.

Hace ahora un año, la FAPAC y la Fundació Catalana de l'Esplai presentamos un informe al presidente del Parlament y a las diferentes fuerzas políticas, elaborado por la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Elisenda Malaret, en el que se ponía de manifiesto la necesidad de una ley que diese garantía a la sociedad de la seguridad de los menores y la calidad de las actividades educativas más allá del horario lectivo.

Esta propuesta partía de la consideración de que la regulación existente se encontraba dispersa, era contradictoria y se había desarrollado a partir de la lógica de diversos departamentos del Gobierno y sus respectivas competencias. Se trataba de establecer una ley hecha desde la perspectiva del menor, con independencia de quién organizase las actividades, de carácter global, que pudiese orientar la especificidad de las diversas actividades que se desarrollan más allá del horario lectivo

Una ley para fomentar las actividades educativas en el ocio y garantizar la equidad, es decir, el acceso del conjunto de la población sin discriminación por razones económicas o de cualquier otro tipo; reconocedora también de los es

fuerzos y del saber hacer de la comunidad educativa y de los movimientos de ocio que de forma responsable promueven y desarrollan estas actividades en nuestro país. En unos momentos en que las actividades de ocio tienen una creciente

importancia en la sociedad, tanto por su aportación educativa como por la función social de conciliación de la vida laboral y familiar, el nuevo Parlament y el nuevo Gobierno tienen la responsabilidad de impulsar este marco regulador con el fin de aportar confianza a la sociedad y de legislar para garantizar los derechos de los menores y sus familias.

Y debe ser un marco regulador de garantía de derechos que al mismo tiempo reconozca y fomente las actividades que miles de monitores, voluntarios y remunerados, maestros y padres llevan a cabo en centros recreativos, agrupaciones escultistas, escuelas y asociaciones de padres trabajando con rigor y profesionalidad al servicio del desarrollo de niños y jóvenes de nuestro país.

En definitiva, se trata de poner las condiciones con el fin de evitar que la irresponsabilidad de unos pocos la acaben pagando los niños, sus familias y el resto de la comunidad educativa.

Josep Gassó Espina es presidente de la Fundació Catalana de l'Esplai.