Pendientes de Zapatero

Las turbulentas relaciones entre el Gobierno y la Junta desde 1996 han engordado la lista de reclamaciones autonómicas sin respuesta. Esa nutrida relación de agravios es la que ahora heredará el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas andaluces confían en que su líder estatal alivie el lastre de asuntos pendientes, en el que la deuda de la financiación autonómica (por su impacto económico) tiene prioridad. Pero también hay otras reivindicaciones que han tenido un marcado peso en las relaciones entre ambas administraciones.

- Vuelta atrás en Cajasur. El conflicto entre la Junta y Cajasur, la caja presidida por el cura Miguel Castillejo, se situó en el epicentro de la confrontación. La Ley andaluza de Cajas de 1999 equiparó a Cajasur con cualquier otra caja andaluza, lo que significaba que la Iglesia perdía el control de la entidad cordobesa. El Gobierno salió en defensa de la Iglesia y recurrió en 2000 la norma andaluza ante el Constitucional, que la suspendió. El segundo asalto comenzó en 2002, cuando el Gobierno incluyó en la nueva Ley Financiera un artículo específico para dar la supervisión de Cajasur al Ministerio de Economía. La Junta recurrió la Ley Financiera y modificó su norma para evitar la fuga de Cajasur, pero una nueva impugnación del Gobierno permitió a Castillejo blindar el control de la Iglesia.

Ahora, con el triunfo de Rodríguez Zapatero, la situación política ha cambiado. "No es

razonable mantener recursos entre dos gobiernos con el mismo signo político", indicó ayer el secretario del PSOE cordobés, José Antonio Ruiz Almenara. Una fuente de la Consejería de Economía indicó que la retirada de los recursos y un acuerdo en el Congreso para derogar el artículo de la Ley Financiera dejaría la situación en el punto de partida. Pero hay cautela. "Cajasur no es un elemento trascendente de la agenda, pero sí hay que abordarlo", dice Ruiz Almenara, quien cree neceSario el "diálogo con todo el mundo". En parecidos términos se expresó Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía y ahora diputada en el Congreso por Málaga. "Si se producen cambios legislativos nos adaptaremos a ellos", dijo el responsable de los servicios jurídicos de Cajasur, Diego Jordano, quien también apostó por el diálogo.

- Células socialistas. La victoria electoral de Zapatero se interpreta en el PSOE como el fin de la polémica sobre la investigación con embriones. El que ha sido portavoz socialista en la comisión de Ciencia del Congreso, Jaime Lissavetzky, afirmó que "no es el momento de detallar si se van a retirar los recursos de inconstitucionalidad, pero evidentemente la victoria electoral desbloquea la investigación y el PSOE reconocerá el papel que ha tenido Andalucía en esta investigación". "Se acabaron las trabas para comenzar la investigación", corroboró un portavoz de la Consejería de Salud.

El conflicto surgió en octubre de 2002, cuando la Junta anunció su intención de permitir el uso de embriones sobrantes de los tratamientos de reproducción asistida para utilizar células madre embrionarias en investigaciones sobre nuevos tratamientos para enfermedades como la diabetes o el Parkinson. En 2001, el director del Instituto de Bioingeniería de Elche, Bernat Soria, tuvo que abandonar su investigación en España debido a las presiones del Ministerio de Sanidad. En noviembre de 2003, el Congreso aprobó la reforma de la ley de reproducción asistida, que permitía la investigación debido a la presión de diabéticos y científicos y a la iniciativa de la Junta. Tras la aprobación resurgió el conflicto porque el Gobierno llevó la ley andaluza al Constitucional. La Junta y el Parlamento andaluz hicieron lo mismo. Pero hubo más: la Junta instaló un banco de células madre en Granada y el ministerio anunció su intención de instalar otro en otra parte de España. Ahora, Salud cree que el Centro Nacional de Medicina Regenerativa, que coordinará la investigación con embriones, puede ubicarse en Andalucía. Las mismas fuentes señalan que la noche electoral, Bernat Soria llamó exultante al consejero de Salud, Francisco Vallejo, para agradecerle el apoyo y felicitarse de la victoria del PSOE.

- Autonomía en pensiones. La decisión andaluza de complementar las pensiones más bajas ha motivado en estos años una batería de respuestas del Gobierno central. El respaldo del Constitucional en 2002 a las iniciativas autonómicas llevó al Ejecutivo del PP a aprobar una ley el año pasado en la que impedía que las comunidades mejoren por su cuenta las pensiones. Antes, la Junta aprobó destinar 42 millones a complementar pensiones asistenciales, no contributivas y de viudedad. El nuevo Gobierno tendrá que dar respuesta al deseo de varias comunidades socialistas de aumentar las pensiones más baja si no lo hace la Administración central.

El cambio de Gobierno en Madrid abre también expectativas de financiación para diversos proyectos de infraestructura autonómicos, que resaltan por su coste económico entre otras muchas reivindicaciones.

- El tren andaluz. Desde otoño de 2003, el Ministerio de Fomento tiene encima de la mesa una propuesta del Ejecutivo andaluz para firmar un convenio que permitiría constituir en 2010 un sistema ferroviario de altas prestaciones para unir las capitales andaluzas entre sí con líneas de velocidad alta. Para ello, la Junta estaba dispuesta a poner 180 millones de euros si Fomento se comprometía a invertir otros 780 antes de 2007. Las obras incluidas garantizaban que el AVE a Granada se construirá desde el principio con doble vía y que el eje regional entre Sevilla y la capital granadina se adecuará a prestaciones de velocidad alta (250 kilómetros por hora). Ahora, el convenio, que recuerda también el compromiso del Ejecutivo de conectar por AVE todas las capitales con Madrid en 2007, espera la firma del nuevo ministro de Fomento que designe Rodríguez Zapatero.

- Dinero del Gobierno a los metros. La construcción de líneas de metro en Sevilla, Málaga y Granada, es otra de las apuestas básicas de la Junta para los próximos años. El Ejecutivo andaluz ha acometido ya los proyectos de la línea 1 de Sevilla y las líneas 1 y 2 de Málaga con un sistema de concesión administrativa que adelanta una parte del gasto público en infraestructura y el resto, junto a la subvención a la tarifa, se paga de forma anual durante 30 años. Hasta ahora, el coste corre a cargo de la Junta (75%) y los Ayuntamientos (25%). Pero el Gobierno andaluz quiere que la Administración central pague, como en otros metros, el 33% de la obra en las líneas de Málaga (unos 120 millones de euros). En Sevilla, la factura sería mayor, unos 220 millones de euros, ya que la Junta se escuda en la Ley del Metro de Sevilla de 1975.

- Aguas autonómicas. Es la principal transferencia pendiente de las 25 que la Junta aún solicita al Gobierno: el Ejecutivo andaluz quiere la titularidad de la Confederación Hidrográfica del Sur y de la empresa pública Acusur por estar la cuenca del Sur dentro de los límites de Andalucía. También exige participar en la gestión de las cuencas del Guadalquivir y Guadiana (que discurren en gran parte por territorio andaluz). Entre los proyectos destacan el pago del 40% del coste de las conducciones a la presa de Melonares (Sevilla) y un nuevo trasvase entre el Guadiana y el Guadalquivir, medidas ambas a las que el PP se comprometió en campaña.

- Al rescate del peaje de la A-4.

"El peaje de la autopista tiene los días contados", aseguró ayer un destacado dirigente del PSOE andaluz, al referirse al peaje de la autopista A-4, que une Sevilla y Cádiz, la única vía rápida de pago sin autovía alternativa en Andalucía. "No podemos fallar ahora", añadió un responsable de la Consejería de Obras Públicas. Para acabar con el peaje, la Junta se decanta por la primera oferta que planteó en 1999 sin éxito el presidente de la Junta, Manuel Chaves, al Gobierno: compensar a partes iguales a Aurea, concesionaria de la explotación hasta 2019, con un canon anual de unos 18 millones de euros. La otra opción, planteada por Chaves dos meses antes de las elecciones, es que la Junta lo rescate en solitario, siempre que el Gobierno le transfiera la titularidad para poder negociar con Aurea.

- Gestión de parques nacionales. Doñana y Sierra Nevada, los dos parques nacionales reconocidos en Andalucía han sido también motivo de conflicto e intercambio de recursos. Ahora, la Junta aspira a arbitrar algún tipo de fórmula que refuerce su participación en la gestión de los parques nacionales andaluces.

- Militares en San Fernando. La diputada del PSOE por Cádiz Mamen Sánchez anunció ayer que el nuevo Gobierno "paralizará" el expediente iniciado por el Ejecutivo del PP para el traslado de la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando a Cartagena, con la intención de "anular el cambio".

- Recursos para justicia. El Ejecutivo andaluz quiere una revisión a fondo del traspaso de las competencias de justicia, para cubrir entre otras cosas, el sobrecoste originado por nuevas normas estatales, como la Ley del Menor o la Ley Orgánica del Poder Judicial. El déficit está valorado en 70 millones de euros.

Esta información ha sido elaborada por Antonio Chaves, Alejandro Bolaños, Rafael Méndez, Reyes Rincón, Francisco J. Román, y Fernando P. Monguió