Los cuarteles de Sant Andreu

Con el respeto y la consideración que me merece el regidor Jordi Hereu, quiero puntualizar algunos aspectos que plantea en su artículo publicado en EL PAÍS el 5 de marzo pasado, con el título Sant Andreu se merece un crecimiento integrador.

Estamos en una ciudad donde el precio de la vivienda es de los más caros de España, tanto en el caso de la de nueva construcción como de segunda mano. También la oferta de pisos de alquiler es muy reducida y además queda fuera del alcance de las economías juveniles o de familias necesitadas. Ante esta situación, todos los partidos políticos, en sus diferentes campañas -elecciones municipales, autonómicas o estatales-, han hecho promesas para solucionar este grave problema. No nos sorprende que el mercado tenga un comportamiento claramente especulativo, pero las administraciones públicas tienen la obligación de corregirlo. A pesar de ello, muchas veces sus actuaciones ponen en entredicho su credibilidad. Si de verdad es prioritaria la cuestión de la vivienda, no entendemos que una institución pública como el Ministerio de Defensa venda sus propiedades por 83 millones de euros. A partir de ahí, todo lo que se quiera argumentar está condicionado por este lastre económico. El Ayuntamiento no lo puede comprar para no endeudarse más, y la solución pasa por que lo compre el Consorcio de la Zona Franca, que aunque el presidente sea el alcalde Joan Clos, dos de sus socios (la Cámara de Comercio y Fomento del Trabajo) tienen un claro componente economicista y de negocio. Entiendo que esto es una actuación claramente especulativa por parte del Ministerio de Defensa, aunque el ministro Trillo diga que el dinero "servirá para elevar la calidad de vida de la tropa".

La compra del solar ocupado por los cuarteles de Sant Andreu ha sido de naturaleza especulativa

Las entidades cívicas de Sant Andreu han planteado al distrito unas propuestas que recogen necesidades de equipamientos y sobre todo de vivienda asequible de alquiler. La preocupación se pone de manifiesto cuando se dice que las previsiones, en cuanto a pisos asequibles, se reducen a la mitad. La otra mitad, unos 500, serán a precio de mercado y previsiblemente la plusvalía generada servirá para costear el resto de la operación. Esto no responde a las necesidades del barrio ni de la ciudad.

Cuando se habla de que hay que responder a un modelo de ciudad complejo y de que el conjunto tiene que ser equilibrado, entiendo que se tiene que discutir y trabajar con todos los agentes implicados. Y es aquí donde las entidades vecinales tienen un papel importante. La memoria participativa de las nuevas normas reguladoras de participación tiene que facilitar este debate. En cualquier caso, no es incompatible un modelo equilibrado y que a la vez responda a las necesidades de los ciudadanos más necesitados.

Los planteamientos que hacemos las entidades vecinales, calificando la actuación de especulativa, vienen cargados de razón. No así los partidos de la oposición, CiU y el PP; en este punto, coincido con Jordi Hereu cuando afirma: "Esconden el fracaso de las políticas conservadoras que han aplicado en los últimos años en materia de vivienda los gobiernos del Estado y la Generalitat".

Las entidades vecinales, y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona en primer término, queremos abrir un diálogo franco con el Ayuntamiento para debatir estas cuestiones, sabiendo de antemano que no es fácil establecer criterios que contemplen con equidad y justicia la gran demanda de vivienda que hay en la ciudad de Barcelona. Pero, en cualquier caso, volviendo al tema que nos ocupa, en Sant Andreu es necesario que la totalidad del espacio dejado por los antiguos cuarteles se destine a equipamientos, zonas verdes y vivienda asequible.

Manel Andreu es presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.