'Apagón' sobre la marcha de las investigaciones

¿En qué punto, aproximadamente, se encuentra la investigación sobre la masacre del 11-M a casi 48 horas de los hechos? Los abogados expertos en derecho penal que suelen frecuentar los juzgados de la Audiencia Nacional han detectado que los jueces no están jugando ningún papel en la investigación. Fuentes jurídicas han sabido que tras el levantamiento de cuerpos de las víctimas, el pasado jueves 11 de marzo, el papel de los jueces en la investigación de la masacre de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia, se ha visto reducido, en las últimas horas, a la espera de los resultados que pueda arrojar el seguimiento de pistas por parte de la policía científica. Esas fuentes añaden que muchas de las noticias relacionadas con el atentado terrorista han llegado a los juzgados a través de las ruedas de prensa del ministro del Interior, Ángel Acebes, retransmitidas por televisión.

Los abogados consultados señalan, asimismo, que la relación entre el Ministerio del Interior y los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional ha ido extinguiéndose en las últimas horas.

El ministro Acebes explicó ayer que la principal línea de investigación sigue siendo la que él mismo identificó, desde la mañana del jueves pasado, con ETA como organización terrorista responsable del atentado. Pero todas las presuntas pistas y cabos que el ministro ofreció sobre ETA se refieren al pasado, a los intentos fallidos de atentados en 2002 y 2003.

El antecedente más reciente mencionado por el ministro como fundamento de la presunción de que ETA es la autora de la masacre del 11-M ha sido la operación frustrada por la Guardia Civil hace 10 días en la provincia de Cuenca, cuando dos presuntos etarras fueron detenidos con 500 kilogramos de cloratita. En todo momento, se había informado que el objetivo era un atentado en un polígono industrial dentro de la Comunidad de Madrid. Ayer, Acebes, al justificar sus presunciones sobre ETA, señaló: "Nadie tiene ninguna duda de que lo que buscaba era una masacre, con gran cantidad de muertos y heridos".

Fuentes jurídicas y policiales consultadas se sorprendieron ayer al oír al ministro. "Hasta ayer sabíamos que ETA tenía interés en una explosión en un polígono industrial, lo que no es lo mismo que preparar una masacre, como dijo el ministro", señaló una fuente consultada.

Otro de los elementos que ha generado dudas ha sido la inexistencia de datos derivados del teléfono móvil encontrado en una bolsa y las tarjetas correspondientes. Normalmente la policía acude a un juez y solicita autorización para averiguar todos los datos sobre teléfonos que pueden ayudar en la investigación. No hay noticia alguna sobre los indicios que pudiera aportar el teléfono hallado.

El ministro Acebes ha dicho varias veces estos días que, como en otras ocasiones, se ha producido una gran colaboración ciudadana, pero no hay ninguna pista sobre la identidad de los miembros de ETA, la banda terrorista a la que el ministro sigue adjudicando el rango de "línea principal de investigación".

Mientras tiene lugar este apagón en las investigaciones, la televisión pública insiste una y otra vez en la autoría de ETA y trata como meras "dudas" la posibilidad de que una organización como Al Qaeda pueda haber sido la responsable de los atentados.

En Washington, empero, los especialistas en contraterrorismo, citados ayer por los periódicos The New York Times y The Washington Post, ponen el acento en la posibilidad de que los autores hayan sido grupos relacionados con el terrorismo islámico. Los agentes advierten que los "ataques tienen la marca de Osama Bin Laden o de sus aliados, incluyendo el carácter sincronizado de las explosiones y el interés claro de atacar objetivos civiles".

Fuentes jurídicas señalan que la transparencia en la investigación policial es crucial no sólo por la importancia del atentado terrorista sino por el hecho de que se ha producido a cuatro días de las elecciones de mañana, domingo, 14 de marzo. "Solo los jueces pueden garantizar la transparencia y la independencia de las investigaciones", dijo la fuente jurídica consultada. "La investigación debe ser independiente y transparente, pero no solo por su contenido, sino que el público y todos los partidos políticos deben verlo así", añadió la fuente.