Nuestra democracia incompleta

Una vez más el debate mediático español se está centrando en "temas de Estado". Un análisis de las páginas de opinión de la prensa escrita, de las tertulias y los debates radiofónicos y televisivos, muestra que los temas de mayor visibilidad mediática son los referidos a la unidad de España, la configuración del Estado, el terrorismo, la entrevista Carod-ETA y otros de parecido contenido. Muy en segundo plano quedan las discusiones y los debates sobre los enormes problemas de la vida cotidiana de las clases populares, que representan la mayoría de la población, así como el análisis de las propuestas políticas para resolverlos. Entre estos últimos temas, uno que debería ser objeto de especial atención es el estado de los servicios públicos -escuelas públicas, sanidad y ayuda a la familia, incluida la atención domiciliaria a los ancianos- que tienen una gran importancia para configurar la calidad de vida de tales clases populares. Un ejemplo de la falta de visibilidad mediática de los temas de la cotidianidad es lo que está ocurriendo estos días: un informe de un grupo de investigadores del Centro Nacional de Epidemiología y del Centro Nacional de Estadística del Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad (F. Martínez Navarro, F. Simón Soria y González López Abeuto, Valoración del impacto de la ola de calor del verano del 2003 sobre la mortalidad) ha documentado que durante el verano pasado, como resultado de la ola de calor, hubo más de 6.000 muertos, un número que proporcionalmente es mayor que el de fallecidos en Francia durante el mismo periodo. Cuando un informe parecido se presentó en Francia, tuvo lugar un debate nacional que forzó la dimisión de varios dirigentes del Gobierno francés. Fue, sin lugar a dudas, la noticia del año en aquel país. En España, sin embargo, tal informe no ha tenido apenas visibilidad mediática.

Otro ejemplo de la limitada sensibilidad social de los foros mediáticos es la muy escasa repercusión de las Jornadas sobre el Estado de Bienestar en España, que tuvieron lugar en el Centro Ernest Lluch de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, en las que 22 expertos de toda España analizaron durante dos días las enormes insuficiencias del Estado de bienestar español documentando que España está a la cola de la UE, con el agravante de que, en lugar de converger, estamos cada año divergiendo más y más de la Europa Social. El gasto público social de España, además de ser el más bajo de la UE (después de Irlanda), es el que está creciendo más lentamente, con lo que el déficit que España tiene de tal gasto respecto al promedio de la UE está creciendo muy rápidamente. El gasto público en pensiones, sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas ancianas y con discapacidades, residencias de ancianos, vivienda social, ayudas a las familias, prevención de la exclusión social y otros es más y más deficitario con relación al promedio de la UE. En estas jornadas se documentó, por ejemplo, que los médicos de atención primaria ven el 40% más de pacientes que el promedio de la UE, siendo, por lo tanto, España uno de los países con un porcentaje mayor de usuarios que se quejan de falta de tiempo en su visita médica; que los conocimientos en matemáticas, idiomas y ciencias de los estudiantes de secundaria en España están muy por debajo de la media europea (aunque en religión, con la nueva ley educativa, estarán muy por encima, puesto que no hay ningún otro país en la UE que tenga tal materia obligatoria); que España tiene el porcentaje de ancianos atendidos por servicios domiciliarios (2%) más bajo de la UE (18%), una de las causas de la elevada mortalidad que ocurrió el último verano, y muchos otros datos que muestran el déficit social de España con la UE. En realidad, tal déficit de gasto público social con el promedio de la UE fue en el año 2000 casi idéntico al existente en el año 1975, cuando el dictador murió. Y aunque este déficit fue reduciéndose en los años de gobierno del PSOE, tal déficit revirtió a partir de 1993 y aumentó incluso más durante los años de gobierno del PP. Parecería lógico que, en un periodo en que se elegirá el Gobierno de España responsable del nivel de gasto público social que las comunidades autónomas gestionan, ese déficit de gasto público social fuera central en los debates mediáticos del país. Pero no lo es.

Una causa, entre otras, de esta escasa visibilidad mediática es que la gran mayoría de los creadores de opinión en los medios de información pertenecen a clases medias de renta alta que o bien no son conscientes del deterioro relativo de los servicios públicos o creen, erróneamente, que tal deterioro no les afecta, pues ellos mismos, producto de las escuelas privadas en su gran mayoría, envían, por ejemplo, a sus hijos a las escuelas privadas y son atendidos por la medicina privada o reciben trato preferencial si van a la pública. De ahí que tales personas -salvo contadas excepciones- tienen una experiencia muy poco representativa de la vida cotidiana de las clases populares, que representan el 65% de la población española. Y los temas que les absorben y debaten no son los que importan más a las clases populares. Esta situación contribuye a que la población española (que en el barómetro europeo de opinión pública se sitúa en el centro izquierda e izquierda) sea una de las de la UE que lee menos prensa y se abstenga más en las elecciones.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.