El Gobierno consolida su máxima comisión asesora y descarta crear otra independiente

El Gobierno aprobó ayer un proyecto de ley que regulará la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, lo que supone consolidarla como el órgano consultivo superior de la comunidad autónoma y descartar la creación de otro órgano independiente y externo al Ejecutivo, al modo del Consejo de Estado, como reclamaba la oposición. El Gabinete estima que la comision cumple el requisito de autonomía funcional, pese a que estará integrada en los Servicios Jurídicos de la Administración y la presidirá el secretario general de Régimen Jurídico, dependiente de Vicepresidencia.

La Comisión Jurídica Asesora, creada por decreto en abril de 1999, con la misión de velar por que la actuación de la Administración vasca se ajuste a la ley y al derecho, quedará consolidada como máximo órgano consultivo colegiado de la comunidad autónoma si el Parlamento aprueba el proyecto de ley que en breve le remitirá el Gobierno, después de ser ayer aprobado en Consejo.

Esta elevación de su rango deposita en ella "de manera definitiva", según el propio Ejecutivo

la función jurídica consultiva. El Gabinete ha juzgado satisfactoria la labor desarrollada por la comisión en sus cinco años de existencia y considera también que cumple las características de autonomía, objetividad, imparcialidad y calidad técnica exigibles a este tipo de órganos, pese a que está presidida, con voto de calidad, por un alto cargo del propio Gobierno como es el secretario general de Régimen Jurídico, dependiente de la Vicepresidencia, y de que quedará "definitiva y formalmente" enclavada en los Servicios Jurídicos del Gobierno.

También es miembro nato de ella otro alto cargo, el director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo y al resto de sus ocho componentes los nombra directamente la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, de entre los letrados adscritos a Régimen Jurídico. La ley regulará su retribución.

Reticencias socialistas

En una primera apreciación, a falta de conocer al completo el proyecto, el diputado socialista Víctor García se mostró sorprendido por la aprobación del proyecto de ley en estas fechas preelectorales y sin consultar a la oposición. "La vicelehendakari nos había prometido diálogo previo en este asunto", señaló. García elogió la altura técnica de los informes realizados por la comisión desde su creación, pero mantuvo cierta reserva hacia la extracción -el propio Gobierno- de sus componentes. "Casa mal con la independencia que se predica", apuntó el representante del PSE.

El Gobierno considera, sin embargo, que el estatuto personal de los miembros de la comisión da cobertura a su autonomía de actuación, ya que les proporciona "inamovilidad, estabilidad y continuidad en el ejercicio de su función. "Aún estando integrada en los Servicios Jurídicos de la Administración, no entronca en la línea jerárquica ni está sometida a ningún tipo de dirección o dependencia en el desempeño de su labor", aseguraron fuentes de Vicepresidencia.

La comisión tiene por ámbito de actuación la Administración general autonómica, los ayuntamientos, la Universidad del País Vasco y las entidades públicas con personalidad jurídica propia que estén vinculadas con ellos. Bajo su competencia recae informar los anteproyectos de ley y los decretos legislativos y apreciar el acomodo o no al ordenamiento jurídico de las normas y actos que se sometan a su dicamen.

El Gobierno acordó también en su reunión de ayer negarse a la pretension de la Diputación alavesa de que revoque la orden de ayudas del plan Izartu, para zonas urbanas desfavorecidas. Álava quiere que los fondos que el Gobierno entrega directamente a los ayuntamientos dentro de este programa pasen por las diputaciones forales, y se apoya en el argumento de que son éstas las competentes en financiación municipal. Tras este rechazo del Ejecutivo, es de prever que el asunto derive a la Comisión Arbitral, donde ambas instituciones mantienen otro contencioso por las Ayudas de Emergencia Social.

Precisamente ayer el Consejo aprobó también la orden que regula este año esas ayudas, a las que destina 24 millones de euros, y estableció sus cuantías máximas: 270 euros al mes por alquiler e igual cantidad por amortización de créditos para compra de vivienda, además de otras ayudas anuales.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, no quiso "dejarse arrastrar" a una polémica "absurda", y a su juicio de tinte electoral, en referencia a la abierta por el delegado del Gobierno central, Carlos Urquijo, al emplazar a retirar antes del día 30 libros de texto con el término Euskal Herria y mapas que incluyan Navarra y el País vasco francés. "Tendríamos que prohibir también la Enciclopedia Británica", dijo esgrimiendo el tomo correspondiente, "y el libro El País Vasco de Pío Baroja", del que también mostró un ejemplar y desplegó el "magnífico" mapa que incluye.